El Ministerio Público imputó este sábado al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.

El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.

Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.

Como parte de las diligencias, los agentes fiscales incorporaron informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, declaraciones testificales y documentación financiera relacionada con los hechos investigados.

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La Fiscalía también requirió la prisión preventiva para Carvallo, quien se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel. A la vez ordenó la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.

Según la hipótesis fiscal, entre el 2023 y 2026 la entidad bancaria habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.

De acuerdo con el informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al mes de setiembre de 2026 los fondos correspondientes a organismos y entidades del Estado depositados en ueno bank habrían alcanzado aproximadamente G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495.

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“No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente”, aseguró el titular de la ANR.

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, se pronunció a favor del pedido de juicio político contra el man­datario Santiago Peña, impul­sado por diputados de la opo­sición y disidentes colorados.

A través de un comunicado emitido desde sus redes socia­les oficiales, Cartes marcó un firme respaldo a la plata de miles de ahorristas, fondos públicos y de los jubilados, manifestando que “la bandera colorada representa una his­toria de servicio al país, hon­rarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, destacó en el comu­nicado.

En el párrafo más fuerte del comunicado Cartes enfatiza sobre la tolerancia cero que debe con aquellos que apues­tan al despojo. “Como presi­dente de la Asociación Nacio­nal Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”.

Cartes acotó: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reen­cauzar la institucionalidad de la República. La bandera colo­rada representa una historia de servicio al país: honrarla tam­bién significa actuar con valen­tía cuando la patria lo exige”.

La Cámara de Diputados aprobó ayer el libelo acusa­torio contra el presidente de la República en base a cinco causales que, a criterio de los proponentes, son prueba feha­ciente de mal desempeño en sus funciones, centrado prin­cipalmente en la crisis finan­ciera de ueno bank.

Las causales contra el manda­tario son: conflictos de inte­reses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las puertas giratorias, manipula­ción regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre­paso de límites crediticios en ueno bank y encubrimiento ins­titucional del Banco Central del Paraguay, beneficio patrimo­nial indebido e indicios de enri­quecimiento ilícito, afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposi­ción a un riesgo sistemático.

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció su renuncia a la Presidencia. La decisión se produce en medio de la crisis desatada por el caso ueno bank, que sacudió el escenario político y financiero del país y en pleno tratamiento del líbelo acusatorio para su juicio político en Diputados.

El escándalo tomó fuerza luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) activará el proceso de resolución de ueno bank y la posterior actuación del Ministerio Público, que derivó en la imputación y detención de directivos de la entidad bancaria. El caso generó una fuerte repercusión pública y política, en un contexto marcado por los cuestionamientos sobre los vínculos empresariales del mandatario con el Grupo Vázquez.

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, se pronunció a favor del pedido de juicio político contra el mandatario Santiago Peña, impulsado por diputados de la oposición y disidentes colorados.

El titular de la ANR se reunió con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, dirigentes y senadores en la Junta de Gobierno del Partido Colorado.

El Banco Central del Paraguay (BCP) instó a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar el acceso a enlaces que puedan circular por mensajes de texto (SMS) o WhatsApp. Esto, ante la habilitación del portal único de consulta para verificar la entidad bancaria asignada a cada ahorrista para recibir el anticipo de los pagos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Durante la presentación del mismo, desde la banca matriz advirtieron sobre la importancia de no compartir códigos PIN, TP ni ningún otro dato personal o información adicional que pueda comprometer la seguridad de los usuarios.

Los senadores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se alinearon al requerimiento realizado por el presidente de la nucleación tradicional, Horacio Cartes, de apoyar el juicio político contra el mandatario Santiago Peña, que es impulsado por diputados de la oposición y la disidencia colorada.

Luego de la postura asumida por el máximo líder de los colorados en sostener que no permitirá el “latrocinio” de los fondos públicos, privados y de los jubilados, varios legisladores de la Cámara Alta tomaron la decisión de retirar su respaldo al jefe de Estado y requerirle su renuncia.

Entre los primeros en pronunciarse figura el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, quien sostuvo que “como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”.

Núñez agregó que “reclamamos la renuncia del presidente Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”.

Las afirmaciones de Núñez fueron respaldadas por el líder de bancada del oficialismo colorado, Natalicio Chase, quien alegó que “como senador de la Nación, tengo el deber de defender los intereses de los paraguayos y proteger la institucionalidad de nuestra República. Ante un hecho de semejante gravedad, el silencio y la indiferencia no son opciones. Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados”.

Añadió que “detrás de cada ahorro hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio que merecen ser respetados y protegidos. El Paraguay exige respuestas claras, transparencia absoluta y decisiones firmes. Las instituciones deben actuar con toda la fuerza de la ley, sin privilegios, sin excepciones y sin interferencias políticas. Por todo ello, reclamamos la renuncia del presidente de la República. De no producirse, acompañaremos el inicio del procedimiento constitucional de juicio político, con pleno respeto al debido proceso y a las atribuciones del Congreso Nacional. Hoy más que nunca, defender la República exige responsabilidad, firmeza y coraje”.

En la misma línea se pronunció Derlis Maidana quien indicó que “siguiendo nuestra línea de defensa del Estado de derecho y la institucionalidad, y estando al lado del pueblo como siempre estuvimos. Acompañamos la postura del presidente del Partido Colorado”.

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Por su parte, Óscar “Cachito” Salomón dijo que “Peña traicionó al país y al Partido Colorado por dinero. Esto es una vergüenza él y todos los culpables tienen que pagar sí o sí”. Mientras que Antonio Barrios puntualizó que “el Partido Colorado debe proteger a todos los ciudadanos paraguayos y bregar por la honestidad y transparencia y acá estamos hablando de fondos que deben ser recuperados, los fondos jubilatorios y el dinero de la pobre gente que hoy está pasando muy mal”.

Señaló que “yo ruego que Peña renuncie, hay que ir hasta el fondo y que la justicia haga su trabajo. Es imperdonable que aún sigan los miembros del Banco Central del Paraguay, los integrantes de la superintendencia que no supieron alertar en tiempo y forma todo lo que estaba ocurriendo”.

Mientras que Gustavo Leite se limitó a manifestar “apoyo las expresiones del presidente Horacio Cartes, este no es momento para tibio”. Por su parte, Luis Pettengill afirmó: “Mi postura es acompañar a todos los ahorristas, esto es algo muy grave para todo el sistema financiero. Peña tiene que rendir cuentas ante la justicia si cometió un hecho ilícito, cero impunidad”.

El libelo acusatorio contra Peña se encuentra siendo analizado este jueves en la Cámara de Diputados y consta de cinco causales que, a criterio de los proponentes, son prueba fehaciente de mal desempeño en sus funciones, centrado principalmente en la crisis financiera de ueno bank. De ser aprobado será remitido al Senado para su tratamiento.

Las causales contra el mandatario son: conflictos de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las puertas giratorias, manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), sobrepaso de límites crediticios en ueno bank y encubrimiento institucional del Banco Central del Paraguay, beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito, afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistemático.

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