Durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados realizada hoy, fue aprobado el proyecto de ley con la versión modificada por los senadores y que direcciona unos US$ 25 millones para agricultura familiar campesina como medida de ayuda urgente.

La discusión en la Cámara Baja se basó en quién debería administrar las transferencias al sector. El proyecto original y la versión de la Cámara de Diputados planteaba que se hicieran las transferencias a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mientras que la versión aprobada finalmente, contempla que se hagan a través de organizaciones campesinas.

Los legisladores reprogramaron los gastos previstos para transferencias, que ascendían a US$ 16 millones, los cuales finalmente quedaron con un fondo de US$ 1,5 millones. El principal cuestionamiento a la propuesta original es la falta de control que habría sobre el uso de los US$ 16 millones contemplados como transferencias directas a los campesinos.

El proyecto modificado por los senadores contó con 41 votos mientras que la versión planteada por la Cámara de Diputados tuvo 36, hubo además 3 ausentes.

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Pedido de suspensión

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, había convocado a la sesión extraordinaria para esta mañana a las 11:30, sin embargo casi al medio día, el presidente del Senado, Oscar Salomón, remitió los documentos de lo aprobado durante la sesión de ayer.

Ante esta situación, la diputada Kattya González reclamó que se haya hecho una nueva convocatoria sin tener los documentos y solicitó suspender la sesión, se votó y con amplia mayoría se pudo continuar.

Oradores

Varios diputados expresaron su postura con relación a la aprobación del proyecto con las modificaciones enviado por la Cámara de Senadores o ratificarse en la versión de Diputados. En ambos casos, los diputados oradores criticaron tanto al Gobierno Nacional como a los líderes campesinos y a sus organizaciones.

“La forma como viene este proyecto del Senado no garantiza brindar asistencia al sector campesino, no vengamos a mentir a la gente porque el monto está organizado para dos organizaciones”, fue parte de lo expresado por el diputado Tadeo Rojas (ANR).

El diputado del partido Patria Querida, Sebastián García, expresó que se debe fortalecer el trabajo y la asistencia que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería con los productores.

“Actualmente hay un nulo abordaje al desarrollo, al crecimiento, a la renta, porque es la renta la que va a permitir que las familias salgan adelante, entonces preferimos elegir el asistencialismo, repartirles cada año y que los mal llamados dirigentes campesinos vengan en nombre de unos productores a quienes no representan, a extorsionar y a bloquear el libre tránsito de las personas”, manifestó García.

Por su parte Raúl Latorre (ANR) dijo: “Nos vienen a decir que si no le damos los créditos seguirán violentando a todos los paraguayos que está garantizando en la Constitución Nacional, hay que enviar un mensaje claro que no vamos a ceder a extorsiones”.

También hizo uso de la palabra la diputada colorada Jazmín Narváez, quien expresó: “En distintos puntos del Paraguay se están llevando adelante obras para la reactivación económica, a cada legislador le duele la situación del campesino, pido a los colegas aprobar versión Senado”.

El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR), indicó que los indígenas del departamento que él representa, Presidente Hayes, no se encuentran representados por estos grupos de supuestos líderes campesinos.

“Estos quieren robar a nombre de los campesinos y a nombre de los pueblos indígenas”, indicó, en referencia a las agremiaciones que recibirían de manera directa los US$ 17 millones en caso de haberse aprobado la versión del Senado.

Versión del Senado

El proyecto en principio establece que US$ 57 millones sería destinado para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sin embargo, tras un acuerdo firmado entre el Ejecutivo, el Legislativo y representantes de organizaciones campesinas e indígenas, se decidió direccionar unos US$ 25 millones para el Ministerio de Agricultura, cartera que a su vez debía canalizar estos recursos a la agricultura familiar campesina como medida de ayuda urgente.

Sin embargo, cuando el texto llegó a Diputados, se limitó la emisión de bonos hasta el monto de US$ 25 millones para ser destinados exclusivamente al sector campesino, dejando de lado el saldo de US$. 32 millones para el MOPC.

Otra modificación fue la supresión de transferencia directa a los productores campesinos y la reasignación para la compra de insumos e implementos agrícolas, kit de alimentos, compra de animales, construcción de pozos artesianos, adquisición de maquinarias, compra de tierras, entre otros.

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Durante el tratamiento del proyecto remitido con modificaciones, los senadores manifestaron posturas a favor y en contra, sin embargo, un punto en común fue la necesidad de generar políticas públicas de desarrollo rural. En este sentido, el senador Sixto Pereira indicó que se debe rediscutir el modelo de gestión de Estado para la agricultura familiar campesina, de manera que cese la migración forzosa de los campesinos a la capital. “La agricultura campesina necesita arraigarse” manifestó.

Por su parte, los senadores pertenecientes a la bancada de Patria Querida concordaron en que hay décadas de abandono político a la clase campesina. “Abandono político, no de presupuesto, porque se fueron miles de millones en agricultura, pero el 90% de ese dinero no llegó a proyectos productivos”, significó el senador Stephan Rasmussen, a la par de asegurar que este proyecto no solucionará el problema de fondo.

En el mismo sentido se manifestaron sus colegas Georgia Arrúa y Fidel Zavala, quienes aseguraron que este es un modelo extorsivo hacia el Estado y lamentaron que sean generalmente los líderes campesinos de siempre quienes se benefician con el dinero aprobado y no las comunidades en sí.

El senador Víctor Ríos, a su turno, pidió “dejar de estigmatizar al pobre” y aseguró que el modelo económico es un fracaso debido a temas como la baja presión tributaria para grandes empresarios y la repartición de tierras malhabidas.

En tanto, la senadora Blanca Ovelar sostuvo que la agricultura familiar es un tema crucial en la agenda de compromiso social y habló de la Ley de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina, la cual, según indicó, contiene una política completa para el desarrollo del campo, promovida desde el Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre.

Finalmente, a instancias del senador Fidel Zavala, se realizó una votación nominal y el Pleno del Senado se ratificó en su versión, con 27 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.

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