El diputado Walter Harms, del Partido Colorado, cuestionó el discurso de la oposición al plantear que formaría parte de un entreguismo el no rechazar el veto total del Ejecutivo a la iniciativa que pretende la incorporación de los recursos económicos destinados a los gastos socioambientales de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá al Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN).

“También se puede llegar al extremo o al radicalismo de algunos colegas que dicen que esto es entreguismo. Mi concepto es que el dinero de las binacionales no es dinero público, y que es dinero de las entidades. El Tratado, en el Anexo A, dice en alguna parte que el costo de la energía está establecido por el costo de la producción más el costo de los gastos sociales”, mencionó el legislador.

Lea también: Buscan establecer porcentaje de alcohol en sangre para calificación de “falta gravísima”

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

“Los recursos deben ser administrados por el Consejo de Administración”

Las declaraciones de Harms surgieron ante el planteamiento de los sectores opositores en alegar que los gastos sociales no figuran en los tratados de Itaipú ni Yacyretá, por lo que no se necesita un acuerdo de la otra parte para incluirlos en el PGN.

“Tengo una postura coherente. Los royalties son pago a cada una de las partes por los derechos que correspondan. No tienen nada que ver con gastos sociales. Los gastos sociales deben ser aprobados en el presupuesto anual de las binacionales. El tratado en ninguna parte prohíbe, pero sí el tratado determina que los recursos deben ser administrados por el Consejo de Administración”, indicó.

Postura del Poder Ejecutivo

El Ejecutivo se basa en la naturaleza jurídica de las entidades binacionales, las facultades de los socios y la preeminencia de los tratados internacionales. Al respecto, el jefe del Gabinete y coordinador del equipo de revisión del Anexo C, Juan Ernesto Villamayor, fundamentó el veto del Ejecutivo, teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico paraguayo los tratados están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes de menor jerarquía como es el caso. “Nuestra estructura jurídica obliga a reconocer los componentes de los anexos A, B y C”, sostuvo.

Te puede interesar: Evalúan interpelar a la ministra de la Niñez tras no participar en la audiencia pública

Dejanos tu comentario