El legislador reclamó que “grupos radicalizados causan destrozos y perjudican a muchas familias”, por lo que sostiene que “la propiedad privada debe ser defendida”. Foto: Archivo.
Senador Zavala, en contra de obstaculizar sentencias de desalojos
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La polémica firma del acuerdo con campesinos por parte del presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, sigue siendo cuestionada por los senadores que reclaman la falta de participación en esa decisión. El senador Fidel Zavala manifestó que, desde Patria Querida, no acompañan el acuerdo, y alega que se podría instaurar como obstáculo para un desalojo.
“El punto seis del acuerdo firmado ayer por el presidente de Senado no representa la opinión ni compromiso alguno de nuestra Cámara. Nosotros no estamos de acuerdo en que el Poder Legislativo obstaculice la ejecución de una sentencia judicial de desalojo”, expresó en su red social.
Recordó que para llevarse a cabo una sentencia el propietario ya debió probar su titularidad ante el Poder Judicial. “Semanalmente se denuncian casos de atropello a inmuebles privados”, resaltó el legislador.
Además, reclamó que “grupos radicalizados causan destrozos y perjudican a muchas familias”, por lo que sostiene que “la propiedad privada debe ser defendida”. Estas posturas ya se vienen manifestando y defendiendo entre cruces del Frente Guasu y Patria Querida con referencia a los desalojos e invasiones.
El punto 6 permitiría evitar los desalojos a través de una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para intervenirlos, hasta que se demuestre la pertenencia legal de la propiedad luego de una acción civil.
También se definió la inversión de unos US$ 30 millones, de los cuales unos US$ 25 millones serán del presupuesto no ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la reactivación del sector productivo. El reembolso se daría en este año o, máximo, para el año que viene.
Comitiva parlamentaria verificó situación de un loteamiento en Juan E. O´Leary
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Una comitiva legislativa liderada por el senador Derlis Maidana se trasladó hasta el distrito de Juan E. O´Leary, departamento de Alto Paraná, para verificar la situación de pobladores de un loteamiento.
La visita se realizó considerando que en la Comisión de Legislación presidida por Maidana obra un proyecto de ley que plantea la derogación de la Ley Nº 6852 “Que modifica y amplía el artículo 2º de la Ley Nº 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a los campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary2.
Durante la jornada, el parlamentario mantuvo encuentros con habitantes y autoridades locales.
Según los proyectistas, se busca evitar que la indemnización sea calculada conforme al valor actual de mercado, debido a que esto podría afectar a los aproximadamente 300 ocupantes que ya pagaron sus lotes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La exposición de motivos señala, además, que diez ocupantes ya cuentan con sus títulos de propiedad y que los adjudicatarios realizaron sus pagos conforme al precio de G. 700.000 por hectárea, establecido mediante la Resolución Nº 207/99 del Indert.
El Ejecutivo plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor del lote y establecer un esquema de pago diferido para las familias beneficiarias de la reforma agraria. Foto: Gentileza
Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
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Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinalesapoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Representantes de la FNC, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la eliminación del pago inicial del 3%. Foto; Gentileza
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
Cuatro criminales reciben condenas de hasta 32 años por millonario robo
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Tras un juicio oral que se inició el 15 de junio de este año y que concluyó ayer jueves, en el Poder Judicial de Ciudad del Este, cuatro miembros de una banda criminal fueron sentenciados a condenas que van de entre 11 a 32 años de prisión por robo agravado, asociación criminal y otros. El robo fue de G. 810 millones.
El hecho juzgado fue un asalto a mano armada con extrema violencia en la residencia del empresario Wolnei Aloisio Troes Canal y su esposa Ibete Welter, magistrada de Ciudad del Este.
El cabecilla de la banda, Ubaldo Báez Ramírez, fue condenado a 22 años y 6 meses de pena privativa de libertad, más 10 años de medida de seguridad. Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea recibieron 20 años de pena carcelaria, más 5 años de medida de seguridad cada uno, mientras que Shirley Antonia Ramírez fue sentenciada a 11 años de prisión.
El Tribunal de Sentencia fue presidido por la magistrada Gloria Vera e integrado por los jueces Margarita Martínez y Diego Duarte, emitió su fallo condenatorio por unanimidad. Representaron al Ministerio Público, los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín.
El atraco ocurrió el 23 de diciembre del 2024, entre las 01:24 y las 01:30, cuando la banda irrumpió en la residencia de la familia Troes Canal, ubicada en el km 11 Acaray, fracción El Puente. Armados con pistolas, actuaron con suma violencia y exigieron a las víctimas que entregaran todo el dinero que tenían en la vivienda, según lo expuesto en juicio.
Los delincuentes sustrajeron dos mochilas con monedas grandes y cajas plásticas con billetes de menor denominación totalizando G. 810 millones en efectivo. Asimismo, se llevaron un DVR del circuito cerrado de cámaras de seguridad de la vivienda y una mira telescópica marca Maverick.
Las víctimas radicaron la denuncia y manifestaron que al menos cuatro hombres ingresaron a la vivienda para consumar el millonario golpe. Señalaron que los asaltantes colocaron un inhibidor de señal de 14 antenas para evitar la grabación del acto delictivo. Además, dejaron en el lugar una varilla de hierro y un bolso negro y amarillo.
En el marco de la investigación del caso, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron diversos actos investigativos que derivaron en la detención de los autores, la recuperación de parte de los objetos sustraídos y la incautación de armas de fuego.
El presidente del Senado, Basilio Núñez, indicó que se deben analizar otras opciones para aumentar las recaudaciones y no elevar los tributos. Foto: Archivo
Huelga de médicos: Bachi Núñez ratifica postura de no elevar impuestos
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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, reiteró su postura de no elevar los impuestos para obtener más recursos, esto en el marco del reclamo y la huelga de médicos que piden un aumento salarial que requerirá de un presupuesto aproximado de USD 100 millones más para los 12.000 médicos del sistema de salud pública.
“Ya adelanté mi postura que no estoy de acuerdo con ninguna elevación impositiva, más si lo hacemos a la ligera. Lo primero que tenemos que hacer es recaudar más, formalizar las empresas y después ver otras posibilidades, hay que tener en cuenta que si uno eleva los impuestos eso lo traslada al ciudadano, lo traslada al microempresario, traslada al constructor, al trabajador, no estoy inventando la rueda”, dijo a los medios de prensa.
El legislador indicó que con el aumento de las tasas impositivas se podría perder el atractivo de inversión para el Paraguay y afirmó que se deben analizar primeramente otras opciones para aumentar las recaudaciones.
“Vamos a hacer un círculo inflacionario, no es la solución, y si vamos al ejemplo de Uruguay que tiene el 22 % IVA, trasladar eso, entonces ¿por qué están viniendo todas las empresas a Paraguay?, precisamente por esa flexibilidad impositiva, eso le da trabajo a la gente”, expresó.
Sobre los planteamientos de elevar impuestos a otros productos, como el tabaco u otros, refirió que toda propuesta debe ser analizada con responsabilidad. “Estamos abiertos a todas las propuestas, sea tabaco, sea cigarrillo electrónico, bebidas azucaradas, alcohol, soja, lo que sea, pero vamos a estudiarlo seriamente. Tenemos que hacer estudios serios y lo vamos a hacer”, apuntó.
Finalmente, afirmó que está en contra del aumento de todo impuesto que signifique una carga para la ciudadanía. “El martes recibimos el presupuesto general de la nación 2027, el Presupuesto de Gastos de la Nación no se estudia de la noche a la mañana. Que se presente el proyecto de ley y lo vamos a ver, en puridad no estoy en contra de cualquier aumento impositivo, porque eso lo va pagar el ciudadano, ña Juana va a pagar, si quieren que pague ña Juana o don Pedro, adelante”, concluyó.