El senador Gilberto “Tony” Apuril señaló este miércoles que el cierre de la frontera es insostenible por la crisis económica desatada a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y destacó que se debe mejorar el sistema sanitario del país.
“La reapertura de la frontera es obvio que no se podía demorar demasiado, hay que enfrentar únicamente eso. Lastimosamente puede constituir mucho riesgo. La apertura es algo que ya no se puede postergar”, manifestó el legislador de Hagamos a los medios de prensa.
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Mencionó que podría saturarse el sistema sanitario con un eventual rebrote del COVID-19, pero también mucha gente depende del comercio fronterizo y también necesitan trabajar a fin de paliar la crisis. Varios gremios médicos rechazan la decisión tomada por el Gobierno.
Sostuvo que a pesar de la crisis sanitaria, tampoco se puede hacer “una vuelta atrás” en el tema de la reapertura del Puente de la Amistad y las consecuencias de las decisiones tomadas por el Gobierno se deben enfrentar con las armas que se tienen actualmente.
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“En la medida de las necesidades se debe ir reforzando el sistema de salud, no hay de otra. Por lo menos después de la pandemia vamos a quedarnos con una mejor respuesta e infraestructura del sistema de salud y es el único camino que nos queda, además de estar a la altura de las circunstancias”, agregó Apuril.
El Gobierno anunció que la reapertura sería desde el 29 de setiembre. En principio el ingreso sería de 5:00 a 14:00 y la salida hasta las 18:00, durante tres semanas, buscando la reactivación del comercio fronterizo. Misma estrategia sería implementada para Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá.
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Comisión de intervención: “Vamos a darle todas las garantías, nadie nos baja línea”, dice Meza
El diputado Hugo Meza sostuvo que el intendente esteño Miguel Prieto y sus aliados se encuentran atravesando por una “histeria colectiva” al resistirse al requerimiento de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Este lunes a las 11:00 se prevé la instalación de la comisión que indagará la gestión del líder del movimiento Yo Creo.
“Necesitamos saber qué está pasando en Ciudad del Este, me preocupa esta histeria colectiva de temer tanto a una intervención. Quiero que ellos (Prieto y sus concejales aliados) estén tranquilos, vamos a darles todas las garantías”, dijo Meza, este lunes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Meza también se refirió sobre el discurso de los parlamentarios opositores en que alegan que el requerimiento de auditar la gestión de Prieto obedece solo a una instrumentación política con el objetivo de sacar al dirigente opositor de la arena electoral.
“Ellos desacreditan a las instituciones legalmente constituidas y recurren a la vieja muletilla de persecución política con el afán de distracción de lo que verdaderamente necesitamos saber, consistente en qué pasa con los miles de recursos que maneja una municipalidad de primera como es Ciudad del Este. La oposición tiene una doble moral“, dijo.
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Inacción fiscal
Asimismo, el parlamentario cuestionó la inacción por parte del Ministerio Público en avanzar sobre las 49 denuncias penales por corrupción que fueron presentadas contra Prieto. “Quiero también abordar sobre este elemento que poco se habla, acá hay un tremendo fracaso de la Justicia y la Fiscalía. No olvidemos sus denuncias por malos manejos administrativos, de nepotismo. ¿Hizo algo la Justicia, actuó la Fiscalía? No se expidió sobre ninguna", lamentó Meza.
La comisión especial de intervención para la municipalidad de Ciudad del Este también se encuentra integrada por Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), Miguel Ángel del Puerto (ANR-Caaguazú), Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), Hugo Meza (ANR-Cordillera), Arturo Urbieta (ANR-Concepción), Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), Cleto Giménez (PLRA-Canindeyú), Carlos María López (PLRA-Cordillera), Walter García (Yo Creo-Alto Paraná).
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Pedidos de intervención de capital y CDE “van por cuerdas separadas”, dice diputado
El diputado Néstor Castellano afirmó que los cuestionamientos hacia las gestiones administrativas del intendente asunceno Óscar Rodríguez y del esteño Miguel Prieto “van por cuerdas separadas”. El legislador forma parte de la comisión de intervención del municipio capitalino, que este lunes iniciará labores con la instalación de su mesa de trabajo.
“Los ochenta diputados somos absolutamente libres de votar, conforme a nuestra conciencia, sobre lo que nos parezca justo y correcto. Cada voto es independiente”, dijo el legislador al referirse a los requerimientos del Poder Ejecutivo de intervención a los municipios de Asunción y Ciudad del Este, a partir de un informe de la Contraloría General de la República.
“Algunos actores políticos quieren instalar de que la intención primaria, fundamental, es destituir a Miguel Prieto y que en compensación se ofrece en bandeja de plata la cabeza de Óscar Rodríguez. Nada más alejado a la realidad, esta es una cuestión muy diferente, van por cuerdas separadas”, manifestó Castellano en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.
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Nepotismo admitido
Castellano también se refirió sobre las denuncias por nepotismo contra Prieto y que admitió públicamente en una entrevista televisiva, que figuran en el dictamen del órgano extrapoder para requerir la intervención de su gestión. “Él cometió un sincericidio y cada vez más se embarra solo sin que nadie le empuje o acuse“, manifestó el legislador.
El líder de Yo Creo había admitido en un programa de TV en vivo la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso. En la nómina figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
Comisiones especiales
La comisión especial para el municipio de Asunción está conformada por los diputados Rodrigo Gamarra (ANR-Central), Cristina Villalba (ANR-Canideyú), Néstor Castellano (ANR-Central), Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), Bettina Aguilera (ANR-Alto Paraná), Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), Johanna Ortega (PPS-Capital), Liedy Galeano (Yo Creo-Central), Rocío Vallejo (PPQ-Capital).
La comisión especial de Diputados para abordar el caso de Ciudad del Este está integrada por: Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), Miguel Ángel del Puerto (ANR-Caaguazú), Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), Hugo Meza (ANR-Cordillera), Arturo Urbieta (ANR-Concepción), Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), Cleto Giménez (PLRA-Canindeyú), Carlos María López (PLRA-Cordillera), Walter García (Yo Creo-Alto Paraná)
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Concejales de Prieto actúan de forma “peligrosa y disparatera”
“Me preocupa mucho cuando peligrosamente se quiere desconocer a las instituciones legalmente constituidas”, sostuvo el diputado colorado Hugo Meza, apuntando contra los concejales que fungen como aliados del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
“Los concejales se atribuyeron funciones que no les compete que es la interpretación de la Constitución Nacional. El único órgano que puede expedirse sobre una constitucionalidad o no es la Corte y no una Junta Municipal. Lo que sucedió en esa junta fue peligroso, disparatero e irresponsable“, sostuvo en una entrevista con la 1140 AM.
Como intento de salvataje a Prieto, la junta municipal de Ciudad del Este, encabezada por Sebastián Martínez, declaró “ilegal e inconstitucional” el accionar de la Contraloría General de la República en relación con la solicitud de intervención del municipio al detectarse irregularidades.
“Es una medida completamente legal y constitucional la solicitud de la Contraloría ya que es la institución encargada de velar por el control de la gestión de los recursos públicos. La Constitución Nacional es bastante clara en su artículo 165″, refirió Meza.
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Principales hechos
De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.
También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.
En lo que respecta a la administración del intendente capitalino, Óscar Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.