La exviceministra de Justicia, Alejandra Peralta, sostiene que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es un grupo criminal que busca dinero, escondido bajo el ropaje del marxismo. Apuntó que este no busca reivindicar nada, ni representa a la clase obrera. Consultada respecto a la presencia de menores en las filas del EPP, rechazó que exista un alistamiento voluntario y que es responsabilidad del Estado rescatarlos.
“Necesitamos rescatar a esos niños y evitar, evidentemente, el reclutamiento de menores”, expresó y caracterizó que estos reclutamientos se dan con menores de comunidades indígenas y que también se trata de un estilo de “clan familiar”, que recluta a sus hijos y a personas allegadas a sus familias. “Se debe convocar a un grupo de expertos para delinear una solución a este flagelo”, señaló la experta en DDHH en comunicación con 1000 AM.
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Reclutamiento contra voluntad
“No podemos hablar de que estos niños se están alistando por su propia voluntad”, aseveró y negó categóricamente que sea apropiado hablar de un consentimiento por parte de los infantes. Menciona que de hecho por eso las leyes los protegen hasta los 18 años y, evidentemente, se debe protegerlos doblemente porque son niños, aseguró Peralta.
“Esto debe ser tratado con mucha urgencia, con toda la expertise necesaria y con todos los recursos que se deban invertir para esto porque son niños que están siendo reclutados”, aseveró la experta en DDHH para dar cuenta de la delicada situación. “Podemos realmente tener la conclusión de que ya existía reclutamiento de niños desde hace tiempo y tenemos este reclutamiento de niños, que finalmente puede dar origen a otro como tráfico de personas, tráfico de niños, etc.”, expresó.
Sobre el EPP
“Estamos hablando de personas que no se constituyeron con una visión ideológica, de lucha de clases o de reivindicación de la clase obrera, sino que tenían el objetivo de obtener dinero a través de ilícitos, combinados con el narcotráfico y otros conexos”, explicó la experta en Derechos Humanos.
Peralta aclaró que si bien existen argumentos que pretenden justificar el accionar por ser un problema social, la experta señaló que “lo que tiene que ver con estas organizaciones criminales que no se conforman con ese espíritu, entonces diría que son cuestiones de política criminal más que social”.
Sobre la responsabilidad del Estado en esta situación señaló que “los Estados tienen dos tipos de responsabilidad por acción directa de un agente o por omisión en cuanto a políticas públicas eficaces para combatirlos”.