La Municipalidad de Buena Vista otorgó nuevamente contrato a ESSA, a pesar de que los representantes de la empresa están imputados por la Fiscalía al descubrirse el provecho que sacaba el senador Rodolfo Friedmann como ordenador de gastos de la Gobernación de Guairá y mediante sus influencias políticas.
Mientras Friedmann continúa en su cargo como legislador, la firma de la cual él formaba parte sigue ganando licitaciones de almuerzo escolar. Esta vez la empresa consiguió un contrato de G. 214 millones con la Municipalidad de Buena Vista, a cargo de Estanislao Silvero (PLRA). El llamado fue realizado con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Según el acta de apertura del 9 de julio, a la presentación de ofertas acudió en representación de ESSA César Rodrigo Leiva Álvarez, quien es hermano de Elizabeth Leiva Álvarez, esposa de Silvio Álvaro Alfaro, siendo este último el primo de Friedmann. Cabe destacar que Álvaro Alfaro también está imputado junto al senador por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo.
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La oferta más baja de este llamado fue presentada por ESSA, de G. 10.600 cada ración. La cantidad máxima adjudicada es de 20.235 raciones y la mínima de 10.118, siendo un contrato abierto. Además de ESSA se presentó el proveedor Fasv - Import – Export de la representante legal María de Fátima Sartorio Vanni, quien ha ganado ya 175 licitaciones con diferentes instituciones del Estado.
La resolución de la adjudicación data del pasado 23 de julio y en ella figura como la representante legal de ESSA la señora Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo, otra de las imputadas por el Ministerio Público en el marco de los negociados que mantenía Friedmann con el almuerzo escolar mientras era senador de la República.
Por último, cabe destacar que el llamado tuvo dos observaciones durante el proceso de licitación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Por un lado, el precio estimativo indicado en el dictamen de precios referenciales difería de lo establecido en la autorización del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de lo cargado en la planilla de precios de la DNCP, y en segundo lugar el porcentaje de agricultura familiar que figura en el sistema de la DNCP también era diferente del porcentaje indicado en la autorización del MEC.
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