La presidencia del Congreso Nacional se solidarizó con la familia del exvicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez y el joven Adelio Mendoza, secuestrados en la tarde de este miércoles 9 de setiembre en la zona norte del país. En este sentido, el presidente de la institución legislativa, el senador Óscar Salomón, emitió un comunicado a la opinión pública.
Igualmente, en el escrito también se expresa el repudio a este último hecho de plagio de dos ciudadanos que, se presume hasta el momento, fue perpetrado por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
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“Manifiesta su repudio y enérgica condena al accionar cobarde de grupos criminales responsables de este deleznable hecho, el de privar de su libertad a ciudadanos; derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional”, señala el documento emitido hoy en nombre del titular del Congreso Nacional.
Por otra parte, se expresa el apoyo a las instituciones encargadas de la seguridad y los que se encuentran trabajando en la zona norte. “El presidente del Legislativo expresa su apoyo a todos los órganos de seguridad, instando a emprender las acciones necesarias ante este nuevo caso que aflige y consterna a nuestro país”, dice parte del comunicado.
Por último, el “Congreso Nacional se ratifica en el compromiso para la pacificación social en estos momentos, aguardando expectantes un desenlace positivo para las víctimas y sus familiares”.
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Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
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Colombia: dos militares mueren en rescate de 39 personas secuestradas por el ELN
El ejército de Colombia liberó el martes a 39 personas secuestradas por la guerrilla en una zona remota del noroeste del país, anunciaron las autoridades, que dieron cuenta de dos efectivos muertos en el operativo. Rebeldes capturaron a las 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera de una zona rural de la región de Chocó (noroeste) donde tienen una fuerte presencia y se financian con el narcotráfico y la minería ilegal.
Los civiles se desplazaban en dos autobuses cuando fueron abordados por los guerrilleros, que mantienen un bloqueo en la vía que conecta el departamento de Chocó, sobre el océano Pacífico y fronterizo con Panamá, con la ciudad de Medellín. Las autoridades anunciaron su liberación en la tarde, tras un operativo militar, que le costó la vida a dos soldados. Cinco más resultaron heridos cuando los rebeldes activaron una carga explosiva, explicó el ejército.
El grupo de personas liberadas fue trasladado en helicóptero a una base militar en la capital del departamento. El Chocó es uno de los enclaves históricos del ELN. Allí ejerce un fuerte control sobre la población, con extorsiones y frecuentes retenciones de civiles y miembros de la fuerza pública.
La gobernación local pidió a los ciudadanos que se abstengan de transitar por la vía afectada, donde el ELN y el Ejército mantienen combates.
Guerrilla activa
Imágenes difundidas por medios colombianos y señaladas como del lugar del secuestro dan cuenta de intensos tiroteos. De origen guevarista y alzado en armas desde 1964, el ELN no participó en el histórico acuerdo de paz que hace diez años desarmó al grueso de la guerrilla de las FARC. El ELN contaba con 6.810 combatientes en 2025, un aumento del 9 % con respecto al año anterior, según el último informe de la fundación Ideas para la Paz. Además de operar en Chocó, mantiene influencia en el noreste y suroeste del país.
El gobierno del saliente presidente Gustavo Petro, un exguerrillero del desmovilizado M-19, intentó sin éxito negociar la paz con el ELN cuando llegó al poder en 2022. La iniciativa se sepultó definitivamente en enero de 2025, cuando enfrentamientos entre el ELN y disidentes de las FARC dejaron más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados en el Catatumbo, una región limítrofe con Venezuela.
Los grupos armados ilegales se fortalecieron en los últimos cuatro años en Colombia, según expertos. En el país, el secuestro a manos de grupos criminales es una práctica habitual, y fue tema central de la campaña por la presidencia este año. El presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, promete endurecer la política de seguridad y bombardeos masivos contra los insurgentes.
Fuente: AFP.
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Final feliz: la niña volvió a los brazos de su madre, pero la batalla judicial recién empieza
La niña de dos años, con iniciales MBR, ya está con su madre en la ciudad de Resistencia, Argentina, donde el padre fue detenido ayer viernes por la gendarmería del vecino país, e imputado en Paraguay por los hechos punibles de desacato de orden judicial, frustración de la persecución penal y violación del deber de cuidado.
Tras activarse los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda, la niña fue hallada a salvo.
Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo. Allí se inició un juicio de restitución internacional, que continuó en nuestro país con nuevas reglas.
La niña chilena de dos años, de madre paraguaya, pero de padre chileno, se encuentra con su mamá en Resistencia, Argentina, desde donde regresará a Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa.
A partir de ahora, el proceso debe continuar tanto en Paraguay como en Chile.
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Los antecedentes señalan que la madre llegó a fin de año del 2025 a Paraguay con su hija, mediante un permiso judicial obtenido en Chile, por el cual debía regresar a ese país el 5 de enero. Como no lo hizo, alegando motivos de salud (según ella misma admite), entonces Chile inició un juicio de restitución internacional, que en la legislación chilena se llama secuestro internacional.
El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chile solicita a la justicia paraguaya que dé trámite a esa restitución internacional. La madre decidió litigar desde aquí y, en ese marco, también se inició un juicio en Paraguay, a los efectos de responder al pedido de la justicia chilena.
En ese contexto, el padre vino a Paraguay, donde se dispuso un relacionamiento provisorio mientras dure este juicio. En medio de ese proceso, el padre también incumplió ese régimen de convivencia dispuesto por la justicia paraguaya, al no restituir a la niña el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde.
“El juicio inicia con el pedido de restitución del padre. Comienza por el requerimiento que hace el padre a la justicia chilena para dar cumplimiento a la resolución de la justicia de Chile; otro trámite procesal era que la madre fuera hasta allá a apelar la resolución, pero ella vino a litigar acá”, explicó el fiscal a las 650 AM.
El juicio de restitución internacional promovido por Chile quedó en suspenso a partir de que el padre huyó con la niña. No obstante, una vez que se reanude, la jueza de primera instancia de la niñez de la Capital debe decir: sí o no a la entrega de la niña bajo la figura de la restitución internacional solicitada por Chile.
Sin embargo, en Paraguay el padre fue imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber del cuidado. El Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado.
Entretanto, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Natalia Ortellado, decidió entregar a su madre a la niña de dos años hasta tanto culmine el juicio que se está tramitando en dicho juzgado.
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Gobierno afirma que dichos de Celeste Amarilla no representan al Paraguay
El Gobierno de la República del Paraguay rechazó las expresiones realizadas por la senadora Celeste Amarilla contra el capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, al considerar que son contrarias a los valores de respeto, convivencia pacífica y dignidad humana que el país promueve.
A través de un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo sostuvo que las manifestaciones de la legisladora responden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y subrayó que no representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni la del pueblo paraguayo.
En ese contexto, recordó que Paraguay es una República democrática, regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado, por lo que las declaraciones emitidas por la parlamentaria no comprometen la postura institucional del Ejecutivo.
“El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la Senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, indica el comunicado.
Asimismo, el Gobierno reafirmó su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, así como con la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y cualquier otra manifestación de odio o discriminación.
El comunicado expresa solidaridad con quienes pudieron haberse sentido afectados por las declaraciones de la senadora y reitera el respeto del Paraguay hacia el pueblo francés, con el que mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo.
“El Gobierno del Paraguay reafirma su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación. Asimismo, expresa su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones y reitera su respeto hacia el Pueblo francés, con el cual el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”, concluye el documento.