La presidencia del Congreso Nacional se solidarizó con la familia del exvicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez y el joven Adelio Mendoza, secuestrados en la tarde de este miércoles 9 de setiembre en la zona norte del país. En este sentido, el presidente de la institución legislativa, el senador Óscar Salomón, emitió un comunicado a la opinión pública.
Igualmente, en el escrito también se expresa el repudio a este último hecho de plagio de dos ciudadanos que, se presume hasta el momento, fue perpetrado por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
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“Manifiesta su repudio y enérgica condena al accionar cobarde de grupos criminales responsables de este deleznable hecho, el de privar de su libertad a ciudadanos; derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional”, señala el documento emitido hoy en nombre del titular del Congreso Nacional.
Por otra parte, se expresa el apoyo a las instituciones encargadas de la seguridad y los que se encuentran trabajando en la zona norte. “El presidente del Legislativo expresa su apoyo a todos los órganos de seguridad, instando a emprender las acciones necesarias ante este nuevo caso que aflige y consterna a nuestro país”, dice parte del comunicado.
Por último, el “Congreso Nacional se ratifica en el compromiso para la pacificación social en estos momentos, aguardando expectantes un desenlace positivo para las víctimas y sus familiares”.
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Honor Colorado rechaza postergación de cronograma electoral
El movimiento Honor Colorado emitió un comunicado en el que manifestó su postura respecto a los pedidos realizados por sectores de la disidencia colorada ante el Tribunal Electoral Partidario (TEP), relacionados con la auditoría de las máquinas de votación y la eventual suspensión del cronograma electoral de las internas previstas para el próximo 7 de junio.
En el documento, el sector político recordó que participa en las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado desde el año 2010 y aseguró que siempre compitió “conforme a las reglas vigentes”, enfrentando a los distintos movimientos internos dentro del marco institucional.
Asimismo, señaló que incluso en momentos de alta competencia electoral actuó con “responsabilidad institucional”, evitando cuestionamientos extemporáneos sobre sustituciones de candidaturas, incluyendo las relacionadas con la Presidencia de la República en el año 2022. El pronunciamiento surge luego de las presentaciones realizadas el pasado 13 de mayo ante el TEP y de las declaraciones públicas efectuadas por dirigentes de otros sectores internos del Partido Colorado.
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Defensa del cronograma electoral
En el comunicado, Honor Colorado sostuvo que la conformación de los distintos órganos partidarios responde a criterios de pluralidad y representación de sectores internos, incluyendo al Tribunal de Conducta y al Tribunal Electoral Partidario, conforme a lo resuelto durante la Convención partidaria del 9 de marzo de 2024.
Además, enfatizó que los plazos y términos del proceso electoral son “perentorios e improrrogables”, por lo que cada sector político debe velar por el cumplimiento del cronograma establecido tanto por el TEP como por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Respecto al pedido de auditoría y suspensión del cronograma presentado por apoderados de movimientos disidentes, el movimiento oficialista afirmó que la solicitud fue realizada de manera extemporánea.
En ese contexto, expresó que no acompañará una eventual postergación de las elecciones internas, argumentando que faltan menos de tres semanas para los comicios y que una suspensión podría poner en riesgo la realización de las elecciones partidarias.
“Una suspensión podría poner en riesgo la realización de los comicios previstos para el 7 de junio del corriente año, situación que el Partido Colorado no puede permitir por la irresponsabilidad de algunos sectores”, señala el documento.
Auditoría de máquinas
No obstante, Honor Colorado indicó que acompañará cualquier decisión que adopten el TEP y el TSJE en relación con una eventual nueva auditoría de las máquinas de votación. En ese sentido, recordó que el sistema electrónico fue utilizado en las elecciones internas y municipales del 2021, en las internas partidarias del 2022 y en las elecciones generales del 2023.
El movimiento subrayó además que varios de los dirigentes que actualmente cuestionan el sistema accedieron a sus cargos mediante esos mismos procesos electorales. El comunicado concluye afirmando que la Asociación Nacional Republicana “está por encima de las personas” y que todos los sectores tienen la obligación de preservar la institucionalidad partidaria con responsabilidad.
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Parlasur rechaza acciones contra el orden democrático en Bolivia
El presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Rodrigo Gamarra, se pronunció sobre la situación en el Estado Plurinacional de Bolivia, expresando su profunda preocupación ante la situación que atraviesa el pueblo boliviano como consecuencia de las protestas y bloqueos de carreteras, que han provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos esenciales, afectando gravemente la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Gamarra expresó ayer sábado, a través de sus redes sociales, un profundo rechazo toda acción que busque alterar el orden democrático o “desestabilizar” al gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras iniciados hace once días en el país andino.
Asimismo, el presidente del bloque parlamentario regional acompaña el posicionamiento manifestado en la Declaración Conjunta sobre la situación en Bolivia por los países signatarios y reafirma que toda acción orientada a alterar el orden democrático, vulnerar la institucionalidad o desestabilizar al Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia resulta incompatible con los principios democráticos que sustentan el proceso de integración regional.
El legislador Gamarra reiteró su solidaridad con el gobierno del presidente Rodrigo Paz y el pueblo boliviano y exhortó a todos los actores políticos y sociales a privilegiar el diálogo, el respeto a las instituciones democráticas y la preservación de la paz social. “La democracia, el Estado de Derecho y el bienestar de la ciudadanía deben prevalecer por encima de cualquier interés sectorial o circunstancial”, remarcó.
Los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú también emitieron una declaración conjunta en la cual rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” en Bolivia.
Bloqueo de carreteras
De acuerdo a las informaciones provenientes de Bolivia, señalan que sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace once días, principalmente en el departamento boliviano de La Paz y la ciudad vecina de El Alto, como medidas de protesta para exigir la renuncia del presidente Paz.
Señalan que dichas protestas han ocasionado el desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos y la muerte de al menos tres personas por no recibir asistencia médica adecuada, según los reportes oficiales.
En tanto, el Gobierno boliviano ha denunciado un “plan macabro” supuestamente diseñado por el expresidente del país Evo Morales (2006-2019) para “romper el orden constitucional” y que presuntamente está “financiado” por el narcotráfico, una acusación que hasta ahora el exmandatario ha rechazado.
El Parlasur es un órgano representativo del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, miembro pleno desde 2024. No obstante, carece de competencia legislativa para dictar normas vinculantes para los países miembros.
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Mitic desmiente nuevo ataque de medio
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), emitió un nuevo comunicado en el cual desmiente otra de las publicaciones realizadas por el medio Abc color, en la edición de este martes. El comunicado está dirigido a la opinión pública, y desmiente esta nueva maniobra mediática de este sector periodístico.
“El Mitic no realizó montajes, modificaciones de imágenes ni manipulaciones de información. La política de la plataforma de anuncios, mencionada por el medio, corresponde a la categoría “Documentos y servicios oficiales del Gobierno”. La intención de vincularlo con otras secciones de las políticas de anuncios es una manipulación mediática con la intención de desinformar”, expresa en primer término el escrito.
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La institución responde a la publicación realizada por este medio en el cual se refiere a que el Mitic habría manipulado las políticas de Google. “Se reitera que ninguno de los contenidos mencionados fue pautado con fondos públicos. La institución no tiene control ni intervención sobre la permanencia o eliminación de anuncios o contenidos administrados por terceros en las plataformas de anuncios”, responde la institución.
Así también, se aclara que el Mitic “no mantiene vínculo contractual alguno con personas o agencias que realizaron la promoción de dichos anuncios”, y que ya se “realizaron las denuncias correspondientes ante las plataformas digitales”.
Desde el Mitic también publican enlaces en los cuales se puede acceder a las políticas de Google, para corroborarlas. “La responsabilidad por el cumplimiento de las políticas de plataformas corresponde únicamente al anunciante. El incumplimiento de dichas políticas no necesariamente implica una prohibición de uso, sino que las consecuencias recaen exclusivamente sobre el anunciante”, señala el comunicado.
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Itaipú aclara que ningún consejero actual percibe doble remuneración
La Itaipú Binacional emitió un comunicado en el que aclara que ninguno de los miembros actuales del Consejo de Administración de la entidad está percibiendo doble remuneración. Asimismo, remarca que el ejercicio simultáneo de funciones como ministros del Poder Ejecutivo y consejeros de Itaipú, no contraviene al artículo 105 de la Constitución Nacional.
De acuerdo al escrito, los miembros del Consejo de Administración que fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo N° 245 de fecha 5 de septiembre de 2023, que son Carlos Fernández Valdovinos, Javier Giménez García de Zuniga, Roberto Moreno Rodríguez y Rubén Darío Ramírez Lezcano asumieron dichos cargos sin percibir remuneración adicional a la prevista para el rango de ministro que en ese momento ocupaban.
En tanto que, en el caso de Félix Sosa, señalan que desde que asumió la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), y, por decreto 247 del 5 de septiembre de 2023, como miembro del Consejo de la entidad binacional, el mismo optó por el honorario de consejero. Igualmente, señalan que por el mismo decreto también fue designado Héctor Richer como miembro del Consejo y permanece hasta la fecha.
La aclaratoria menciona además el caso de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien fuera designada como miembro del Consejo por decreto 2499 de fecha 10 de septiembre de 2024 en reemplazo de Lea Giménez; señala que en el mismo decreto se dejó constancia de que no percibirá remuneracion adicional.
Asimismo, señala que el ministro Javier Giménez, al momento de asumir el cargo de Jefe de Gabinete de la Presidencia volvio a ser designado como consejero, según decreto 5556 del 25 de febrero de 2026, y a partir de entonces comenzó a percibir honorarios como tal en la Itaipú, renunciando a sus naberes como ministro.
Mientras que, Carlos Fernández Valdovinos fue nuevamente designado como miembro del Consejo tras dejar el cargo de ministro de Economía y Finanzas, según el decreto N° 5851 de abril de 2026, y recién desde esa fecha pasó a percibir honorarios en tal caracter.
Desde la entidad binacional lado paraguayo reiteraron que la naturaleza jurídica de los empleados, directores y consejeros de la Itaipú Binacional los excluye de la categoría de funcionarios publicos.
Explican que esta distinción radica, principalmente, en que sus remuneraciones no se sufragan con cargo al Presupuesto General de la Nación (PGN), sino que emanan del presupuesto propio de la Entidad, el cual es independiente de las partidas presupuestarías de los Estados parte.
Finalmente, señalan que el régimen laboral de la hidroeléctrica se rige por un Protocolo de Relaciones de Trabajo y Seguridad Social de carácter binacional y no por las normativas locales de la función pública por derivar de un tratado internacional.