La presidencia del Congreso Nacional se solidarizó con la familia del exvicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez y el joven Adelio Mendoza, secuestrados en la tarde de este miércoles 9 de setiembre en la zona norte del país. En este sentido, el presidente de la institución legislativa, el senador Óscar Salomón, emitió un comunicado a la opinión pública.
Igualmente, en el escrito también se expresa el repudio a este último hecho de plagio de dos ciudadanos que, se presume hasta el momento, fue perpetrado por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
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“Manifiesta su repudio y enérgica condena al accionar cobarde de grupos criminales responsables de este deleznable hecho, el de privar de su libertad a ciudadanos; derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional”, señala el documento emitido hoy en nombre del titular del Congreso Nacional.
Por otra parte, se expresa el apoyo a las instituciones encargadas de la seguridad y los que se encuentran trabajando en la zona norte. “El presidente del Legislativo expresa su apoyo a todos los órganos de seguridad, instando a emprender las acciones necesarias ante este nuevo caso que aflige y consterna a nuestro país”, dice parte del comunicado.
Por último, el “Congreso Nacional se ratifica en el compromiso para la pacificación social en estos momentos, aguardando expectantes un desenlace positivo para las víctimas y sus familiares”.
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Indert recuerda que los campos comunales son sagrados e inviolables
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) emitió un comunicado en el que recuerda que los campos comunales son sagrados e inviolables, y están protegidos por la Ley 1863/02 del Estatuto Agrario. Al respecto, el titular de esta institución Francisco Ruiz Díaz manifestó a través de sus redes sociales, que la violación de esta disposición puede acarrear consecuencias penales.
El pronunciamiento institucional surgió a raíz de las últimas denuncias respecto a la ocupación de los campos comunales, conocidos popularmente como la “estancia de los pobres”, por lo cual recuerda a la ciudadanía que las tierras denominadas como campos comunales están protegidas por la Ley del Estatuto Agrario.
En ese sentido, recuerdan que el artículo 30 de la citada normativa, establece que “los campos comunales serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e inalienables, no pudiendo ser destinados a otros fines sino a los establecidos en esta Ley. Es decir, son superficies de tierra de uso gratuito de la comunidad, destinadas al pastoreo o abrevaje del ganado”, cita el comunicado del ente agrario.
Igualmente, el Indert recuerda que en el artículo 32° de la mencionada legislación señala que “el organismo de aplicación Indert, recuperará con la mayor diligencia y eficiencia posible los campos comunales que hayan sido objeto de apropiación indebida, procediendo a la anulación, por vía correspondiente, de los títulos otorgados”, destacan.
Finalmente, recuerdan el artículo 35 del estatuto que establece que el Indert velará por el cumplimiento irrestricto de la ley, por parte de los funcionarios, de las comunidades y de las ciudadanía en general.
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Sigue fricción en PLRA: presidentes de Comité rechazan adelantar elecciones internas
Los Consejos de Presidentes de Comité de Central y Cordillera llevaron adelante una reunión el fin de semana, en la que han decidido no acompañar el pedido de la Coordinadora de Intendentes Liberales sobre el adelantamiento de elecciones partidarias.
Ambas organizaciones de dirigentes de base expresaron su molestia por la decisión inconsulta de los intendentes, quienes intentan acortar el mandato de las autoridades partidarias, tanto a nivel local como nacional. Además, anunciaron que en la semana comunicarán al Directorio sus decisiones a fin de que se tenga en cuenta a la hora de tomar una resolución en el pleno de la conducción nacional.
Impedimentos legales
Conforme al comunicado que han emitido en conjunto los dirigentes de Comité de ambos departamentos, exponen como argumento para oponerse al pedido de adelantar las elecciones internas partidarias, señalan que tropieza con impedimentos constitucionales y legales.
En tal sentido, señalan el artículo 154 de la Ley 1975/02 que modifica la ley electoral que expresa que se establecen dos periodos para la elección de autoridades nacionales, departamentales y partidarias, por lo que las elecciones partidarias deberán indefectiblemente realizarse en forma conjunta con las internas municipales o en su defecto en el 2027 con más internas presidenciales.
Por otra parte, la Ley 6318/19 en su artículo 3° que habla del sistema de votación electrónica será utilizada de manera obligatoria. Esto obligaría a que en caso de adelantamiento la Justicia Electoral deberá alquilar un año antes las urnas, lo que implicaría una ingente erogación presupuestaria, que el TSJE no tiene previsto.
A todo esto debe sumarse el impedimento de acortar mandatos, situación no prevista en las normativas vigentes, requisito necesario para su aplicación al ser los partidos políticos sujetos de Derecho Público.
En otro apartado del comunicado, aclaran que sí están de acuerdo con la reforma del estatuto partidario. “Estamos a favor porque también venimos analizando de manera permanente la situación del partido, por lo que consideramos que es momento de un análisis profundo de fondo y de forma para realizar todas las modificaciones necesarias de manera a ajustarlo a la realidad actual”, mencionan.
Asimismo, lamentan la falta de un diálogo de representantes de la Coordinadora de Intendentes liberales con las autoridades partidarias de las bases para llevar adelante un petitorio el cual también los afecta directamente.
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Rebeldes secuestran en Colombia a dos investigadores de la Fiscalía
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades este sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín este sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
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“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas. El gobierno de Gustavo Petro intenta negociar de nuevo las paz con los disidentes desde hace más de un año en medio de dificultades para llegar a acuerdos.
Una serie de ataques contra civiles y la fuerza pública en medio de una tregua pactada a finales del año pasado colmaron la paciencia del presidente.
Los diálogos empezaron a diluirse el 17 de marzo, cuando el gobierno decretó el fin del cese al fuego bilateral en tres departamentos del suroeste del país tras el asesinato de una líder indígena por parte de los rebeldes.
El martes apartó de los diálogos al comandante rebelde alias Iván Mordisco, en un esfuerzo por salvar la política de “paz total” con la que busca desactivar el conflicto de seis décadas por medio del diálogo con los principales grupos armados.
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En 2022 la inteligencia militar calculaba el pie de fuerza del EMC en unos 3.500 combatientes. La organización controla rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Colombia vive un conflicto armado de seis décadas que ha dejado 9.5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
Fuente: AFP
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CDE: un hombre secuestra a su expareja y la obliga a transferir millonaria suma
Este jueves, una mujer fue secuestrada por varias horas por su expareja en Ciudad del Este, quien la obligó a pagar más de G. 20 millones para que sea liberada. Tras pagar la fuerte suma de dinero la víctima recuperó su libertad y el hombre fue detenido por los agentes de la Policía Nacional.
Según el reporte policial, el hecho se reportó esta tarde luego de que la mujer identificada como Ivonne Franco, de nacionalidad brasileña, fue obligada a subir a su automóvil y llevada por el hombre identificado como Gustavo Alfonzo. Mientras estaba en el rodado ella discutió con el hombre y esto fue comunicado al hijo de la mujer que dio aviso a la comisaría.
Horas más tarde, la misma fue liberada y afirmó que tuvo que realizar una transferencia de G. 23 millones, de los 30 millones que pedía el hombre para dejarla en paz. Hace unas semanas la mujer rompió su relación con esta persona, pero no aceptaba la ruptura. “El caso posiblemente será caratulado como secuestro y violencia familiar”, afirmó el comisario Mariano Sosa, en C9N.
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Agregó que se trata de un hecho grave, porque al convertirse en un secuestro y sumada a la violencia se atenta contra la vida de la víctima. “Ella fue alzada en su vivienda y su hijo fue quien comunicó sobre el caso. La mujer estuvo secuestrada por casi dos horas y el secuestrador pidió que no estuviéramos en zona de la vivienda para liberarla”, refirió.
Afirmó que ellos se retiraron y finalmente el hombre volvió a la vivienda con la mujer, cuando ya estaban dentro de la misma lograron capturar al hombre. “La mujer está bastante asustada atendiendo a la situación”, confirmó. El detenido permanece detenido y ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.
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