Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

Nota relacionada: La Cámara de Diputados destituyó a Miguel Prieto

El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

Siga informado con: “Hubo un descarado robo a las arcas de Ciudad del Este”, afirma diputado Meza

El concejal esteño Richard Alfonso manifestó que mediante la intervención se comprobó la presunta malversación de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión del intendente Miguel Prieto, siendo el segundo municipio más grande del país en lo que respecta al manejo presupuestario.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el edil se refirió a la manifestación de una turba de funcionarios afines de Miguel Prieto, el jueves pasado, en el predio municipal. Mientras que, esa noche, se denunció que fue violentado el despacho del interventor Ramón Ramírez.

“Al final de cuentas, no entiendo por qué hicieron toda esa turba que hicieron el jueves, siendo que el interventor vino para eso, para hacer su trabajo de auditar y controlar todo y encontró irregularidades en el manejo de la municipalidad. La cual no se trata de un hecho menor, porque estamos hablando de la segunda municipalidad más grande hablando presupuestariamente”, comentó.

Le puede interesar: Europa no registra decomisos de cocaína paraguaya en 2025, tras años de cifras récord

Remarcó que, conforme al informe del interventor Ramírez, se corroboró que se malversaron los recursos de la comuna, dando un mal uso del dinero de los contribuyentes y eso quedó plasmado en el informe final. Destacó que el propio interventor confirmó que la forma que se manejaron esos recursos no fue la correcta.

“La forma en que se hizo todo, pareciera que fue con el fin de evadir todos los controles de las instituciones encargadas, recurriendo a contratos directos. Ese es el mecanismo para evadir controles, que es el nuevo modus operandi no solo de la municipalidad de CDE, sino de varios otros distritos, a fin de evadir todos los sistemas de control”, precisó Alfonso.

Siga informado con: Se abre camino al Hospital General de Santaní: 5 consorcios compiten por la obra

En otro momento, señaló que, atendiendo que ya Prieto anunció en varias ocasiones que no va a renunciar al cargo, entonces esperan que la Cámara de Diputados decida su destitución, ya que el informe de intervención y su dictamen final son contundentes.

“No hay que sorprenderse si el lunes amanezcamos con su renuncia, cosa que dudo, pero bueno, si no renuncia, entonces nos vamos a elecciones. En esos tres meses que dure el proceso de elección, la Junta debe decidir quién quede como interino”, acotó.

El concejal afirmó que espera que la ciudadanía esteña pueda comprender lo que está ocurriendo en el municipio y que no se trata de una simple persecución política como está queriendo presentar Prieto y su equipo para tapar todas las irregularidades que cometieron.

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, informó que se logró suspender el remate de varios locales pertenecientes a la organización política. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Fleitas señaló que los bienes partidarios “se respetan y no se negocian” y agradeció el respaldo de militantes, dirigentes y el equipo jurídico que acompañó las gestiones.

El titular del PLRA resaltó que la medida fue posible “con mucho esfuerzo y gracias al apoyo de mucha gente comprometida”, reafirmando que continuarán trabajando para “dar siempre lo mejor” a la nucleación política. La suspensión del remate evita, por el momento, la pérdida de inmuebles utilizados para actividades partidarias en distintas localidades del país.

Lea también: Prieto renovó contratos el 1 de julio sin ser intendente y genera conflicto salarial, señalan

Es sabido que el Partido Liberal arrastra una difícil realidad financiera desde ya hace varios años, deudas que fueron adquiridas durante la presidencia de Efraín Alegre y que en su mayoría, han permanecido impagas hasta la fecha, llevando a los acreedores a realizar demandas y promover embargos en contra del partido.

La situación económica adversa del PLRA también ha sido un factor que ha contribuido a su inestabilidad política. Muchos dirigentes liberales han cuestionado la gestión de Fleitas al frente de la institución, puesto que señalan que su administración no ha terminado de dilucidar el monto real de la deuda.

Le puede interesar: Guerin: “Lo que reveló la intervención no me sorprende, lo denuncié por años”

El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, detalló que se solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que la auditoría integral de sus inversiones y obras abarque desde el 2013. El inicio del proceso de fiscalización se encuentra previsto para este 2025.

González incluso recordó que la petición ya había sido realizada por el titular de la previsional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la auditoría guarda relación con el contrato de fideicomiso firmado entre el IPS y el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millones.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dila­pidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusivamente para obras: terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico.

Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejemplo, el pago de salarios. "Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Ministerio Público. En la Contraloría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría“, dijo a la 1080 AM.

Leé también: Reforma del transporte evitará que USD 50 millones sean “tirados al vacío”, dice Bachi

Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hospitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso. Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe financiero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos respuestas”.

Asimismo, González comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubila­dos y las inversiones finan­cieras realizadas por la pre­visional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contralor, Camilo Benítez, la fiscalización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

Te puede interesar: Foro energético de ANR abre el pulso por la revisión del Anexo C de Itaipú