La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se ha destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto de 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el periodo de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.

El diputado Rodrigo Gamarra habló acerca de la gestión legislativa en el marco del inicio del tercer año de labor parlamentaria, el pasado 1 de julio. Remarcó la importancia de construir consensos por encima de las diferencias para lograr concretar con éxito la sanción y promulgación de leyes que beneficien a la gente.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador resaltó que el acompañamiento del Congreso Nacional fue fundamental en estos casi dos años de mandato del presidente Santiago Peña, ya que ha permitido llevar adelante prácticamente el 80 % de las propuestas del Poder Ejecutivo.

Resaltó que el propio presidente Peña reconoció este logro durante la presentación de su informe el pasado martes 1 de julio, cuando señaló la lista de leyes que han sido promulgadas desde agosto de 2023.

“En eso se ve que nuestra participación fue de vital importancia. Porque al escucharle a los miembros de la oposición que solo cuestionan y no construyen, ya que un solo proyecto no han presentado, que sea en beneficio de la gente. Porque no han logrado un solo consenso en el Congreso, es ahí donde nos damos cuenta de la vital importancia de nuestra bancada, así como el apoyo de algunos aliados”, remarcó.

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El parlamentario dijo que lo importante en la gestión legislativa es la construcción de consensos y alianzas, e indicó que, si bien cada legislador puede presentar una propuesta de ley, finalmente es el colectivo el que marca la diferencia.

“Al final de cuenta, si no se construyen alianzas, si no se sabe convivir en el ámbito legislativo, donde cada sector de la sociedad está representado; todo lo que se haga será en vano, o simplemente es mediático. Esto es lo que le pasa a algunos opositores, solo están ahí para gritar, ofender, maltratar; pero cuál es su grado de productividad, qué proyectos fueron aprobados en beneficio de la gente”, cuestionó.

Explicó que con ofensas y maltratos a los colegas no se consigue el apoyo para los proyectos que se plantean. Comentó que la gestión parlamentaria principal está en construir consensos, de poder entenderse y encontrar coincidencias dentro de las diferencias, que finalmente es lo que les permite marchar hacia adelante.

“Por nuestra parte, continuaremos trabajando, y acompañando al Ejecutivo en todos los proyectos que sean en beneficio de la gente. Aportando nuestro grano de arena en la discusión de todos los temas que se planteen”, precisó.

Por otra parte, el diputado Gamarra señaló que personalmente está trabajando en varias propuestas que próximamente estará presentando a sus colegas. Entre ellos, adelantoó que está trabajando en una legislación que marque el protocolo de seguridad de la Presidencia de la República.

Relató que a partir de lo que había ocurrido con el presidente Santiago Peña, que había sido vigilado mediante drones, violando su seguridad privada, cuando sobrevolaron sobre su residencia particular, poniendo incluso en riesgo la seguridad de su vida; es que ahora está analizando en una propuesta que establezca ese protocolo de seguridad.

Mencionó que también está trabajando en una propuesta de “Ley Antimotochorro”, que ya en el pasado había planteado una idea similar el actual presidente de Diputados, Raúl Latorre, en el periodo pasado, y que está analizando para ver si hay coincidencias o en todo caso pulirlo un poco más.

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Asediado por un caso de presunta corrupción que incluye comisiones ilegales y prostitutas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, renovó este sábado la cúpula de su Partido Socialista (PSOE), que expulsará a los militantes que recurran a la prostitución. Estas decisiones fueron presentadas en una accidentada reunión del comité federal del PSOE en su sede madrileña de la calle Ferraz, que se inició con retraso por la renuncia de Francisco Salazar, que iba a formar parte de la nueva dirección del partido.

Salazar, un estrecho colaborador de Sánchez, pidió ser apartado después de que el medio digital eldiario.es recogiera denuncias de mujeres socialistas acusándolo de “comportamiendos inapropiados” de carácter sexual cuando era su jefe. “Están siendo días difíciles para todos, sin duda alguna”, admitió el presidente del Gobierno en su discurso al comité federal, volviendo a pedir “perdón” por haber confiado en los sospechosos de corrupción.

Sánchez descartó dimitir: “El capitán no se desentiende cuando viene mala mar. Se queda a capear el temporal”, afirmó, antes de presentar “trece medidas adicionales para prevenir, para combatir y también para castigar la corrupción”.

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Los cambios en el PSOE se vieron precipitados por el encarcelamiento preventivo el lunes de su ex número tres, Santos Cerdán, por un caso de mordidas a cambio de obras públicas que implica también al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ambos fueron muy cercanos a Sánchez y determinantes en su ascenso.

Lo más dañino para el PSOE fue la publicación de unas grabaciones de conversaciones en las que los presuntos implicados abordan el reparto de mordidas por obras públicas, o las cualidades de unas prostitutas. En respuesta, los socialistas acordaron que “solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración” sea castigado con “la máxima sanción, que es la expulsión del partido”, según un comunicado.

“Si pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber cabida para cualquier comportamiento contrario a ello”, justificó Sánchez. Cerdán, ex secretario de Organización, será sustituido como número tres en el PSOE por Rebeca Torró, una abogada de 44 años que ha ocupado diversos cargos en el Gobierno regional de Valencia y el central.

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Tras el discurso de Sánchez, el comité federal siguió a puerta cerrada y se espera que se alce alguna voz crítica con la dirección de Sánchez, en particular la de Emiliano García-Page, presidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, recibido en la calle por un grupo de militantes al grito de “traidor” y “sinvergüenza”.

“Quiero oír hablar de salidas, no de escapatorias”, dijo a su llegada García-Page, que ha reclamado en los últimos días la dimisión de Sánchez.

Al mismo tiempo, también en Madrid y en un clima muy diferente, de euforia con la crisis socialista, el primer partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), celebraba un congreso extraordinario. El congreso reelegirá este sábado por la noche como líder a Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho cambios en su entorno para fortalecerse ante lo que percibe como el fin del reinado de Sánchez tras siete años en el poder, como muy tarde en las elecciones de 2027.

Fuente: AFP.

El asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, ratificó que existen varias denuncias de manejos irregulares de los fondos de la previsional, que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público, y pide celeridad en estos casos. Entre obras fantasmas y nuevas irregularidades encontradas por una auditoría en la utilización de reprogramaciones, la previsional va sumando las denuncias y exige que los responsables de la administración anterior sean señalados ante la justicia.

“Nosotros habíamos presentado un pedido de imputación ante el Ministerio Público, hay dos auditorías de IPS, en las cuales se concluye que hay una diferencia importante, más de G. 3.500 millones de obras que se pararon y no se realizaron”, indicó González, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Comentó que hay tres informes para descargo de la Contraloría General de la República (CGR), que también señalan una diferencia importante de obras que se pagaron y no se realizaron. “Incluso en los informes de la Contraloría son un poco mayores a los números encontrados por el Instituto de Previsión Social. Esos ya están a disposición del Ministerio Público”, detalló.

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Además, se suma una nueva denuncia presentada la semana pasada ante el Ministerio Público sobre una auditoría interna y una auditoría externa que revelaron que se realizaron reprogramaciones presupuestarias, o que el saldo inicial de caja contenía números que no eran ciertos.

“La autoría externa considera incluso que hubo producción de documentos no auténticos, porque se le mintió al Ministerio de Economía, con cifras que no eran reales y se hicieron también transferencias de fondos de un programa a otro, lo que está prohibido por nuestra carta orgánica. Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público hace una semana, tanto el informe de la auditoría interna como la auditoría externa”, apuntó.

Sobre las decisiones administrativas que adelantaron la crisis del fondo jubilatorio, el aumento del haber jubilatorio, el décimo tercer salario sin fuentes de financiamiento, también ya fueron denunciados hace ya un año.

“Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público, a Delitos Económicos, cuando se aumentaron al 50 y 75 %, a pesar de que los informes actuariales eran negativos, y también violando un poco la ley, porque la ley dice que hasta el 33 % nomas se podría haber aumentado eso”, sentenció.

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