El abogado Fabián Ramírez, defensa de la hija de Rodrigo Quintana, señaló este miércoles que muchas cosas se alteraron y modificaron en la escena del crimen del joven dirigente, ocurrido durante la madrugada del 1 de abril del 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Si analizáramos las conductas aisladas, pareciera que cada uno solamente hizo su parte de lo que estamos viendo y coincidiendo hoy en día por el video. Nadie actúa de manera espontánea y de repente fueron coincidentes y parecen sincronizados”, manifestó el jurista en comunicación con Universo 970 AM.

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Ramírez sostuvo que el comportamiento del policía Arnaldo Andrés Báez, quien estuvo durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril en la sede del Partido Liberal disparando con una escopeta, pero luego entregó otra para el peritaje, alterando también los elementos investigados, demuestra la manera en que actuaron aquella vez.

Mencionó que si se analizan de manera detallada las imágenes del circuito cerrado que se dieron a conocer tres años después, se puede apreciar que algunos dirigentes juveniles del PLRA estaban hablando incluso por teléfono, pero que a estas alturas ya ni siquiera se pueda obtener el cruce de llamadas entre estas personas.

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“Podríamos establecer una suerte de conexión o coordinación de acuerdo a los resultados que iban obteniendo. Estamos hablando de muchas cosas que se alteraron, se suprimieron o dentro de todo se modificaron y necesariamente tenemos que hablar de una posibilidad de asociación criminal, pero necesitamos ir evolucionando en el desarrollo de la investigación”, agregó el abogado defensor.

Señaló también que desde la imputación de la Fiscalía a los dirigentes juveniles del Partido Liberal, hay seis meses para modificar o ampliarla, ya que si se llega a confirmar la comunicación entre las 00:22 y las 03:00, hora en que llega el Ministerio Público a la sede partidaria, se puede determinar la coordinación para alterar la escena del crimen.

La fiscala Esmilda Álvarez imputó a los dirigentes del PLRA que aparecen en el video de la sede del ente durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del 2017 alterando la escena del crimen de Rodrigo Quintana.

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La imputación es contra Olga María Paredes, Ramona Mabel Cantero y Fernando Cáceres por el supuesto hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal. También contra Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún, por la supuesta comisión de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos.

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