La salida del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, se da en un contexto de desgaste en su figura y con desafíos fiscales aún pendientes, según el economista y exviceministro de Hacienda, Manuel Alarcón, en conversación con La Nación/Nación Media.

El analista consideró que, si bien se registraron algunos avances, el escenario actual exige una agenda más profunda de reformas.

Alarcón afirmó que, en términos personales, lamenta la salida del exministro, aunque desde una perspectiva profesional ya se percibía un deterioro en su gestión.

“Más allá de algunos logros, deja desafíos no menores a su sucesor”, indicó, al tiempo de enfatizar que la estabilidad fiscal depende en gran medida de la credibilidad de los responsables de la política económica.

En esa línea, sostuvo que la administración mantuvo la continuidad de políticas anteriores, pero que “debió ser mucho más reformista” considerando la coyuntura económica y los retos que enfrenta Paraguay. A su criterio, uno de los principales déficits de la gestión fue la acumulación de deudas con proveedores, lo que compromete la cadena de pagos en sectores clave.

Respecto al impacto en la actividad económica, el economista sostuvo que el riesgo de desaceleración dependerá de las señales que emita el próximo ministro. Alertó que una gestión enfocada únicamente en cerrar el periodo de Gobierno representaría una oportunidad perdida, especialmente considerando la mayoría oficialista en el Congreso, lo que podría traducirse en efectos negativos sobre el sector real.

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Al analizar el origen de los problemas, Alarcón sostuvo “Son las dos cosas”, en referencia a ingresos insuficientes y a la calidad del gasto. Señaló que no se avanzó lo suficiente en la racionalización del gasto público, lo que limita la capacidad de reacción ante shocks externos o internos, como ya ocurrió en crisis anteriores.

En cuanto a las medidas necesarias en el corto plazo, planteó que el primer paso es contar con un diagnóstico claro de ingresos y egresos, para luego diseñar un plan austero y creíble. A su juicio, el endeudamiento “ya dejó de ser una herramienta eficaz”, por lo que se requiere una “cirugía mayor” en la política fiscal.

El exviceministro enfatizó que la prioridad del próximo titular del Ministerio de Economía debe ser preservar la estabilidad macroeconómica, evitando efectos negativos sobre el sector productivo. Posteriormente, recomendó avanzar en reformas estructurales, aprovechando el contexto político favorable.

Finalmente, Alarcón insistió en la necesidad de acelerar decisiones en materia fiscal, especialmente mediante el impulso de proyectos de Alianza Público-Privada (APP).

“No debemos restringirnos exclusivamente a las obras viales, sino también en el sector sanitario, educativo y penitenciario”, expresó.

En cuanto al perfil del nuevo ministro, consideró que debe ser un economista con una clara orientación reformista y mayor apertura al diálogo con distintos actores, en un escenario que exige liderazgo técnico y capacidad política para encarar los desafíos pendientes.

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La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.

Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.

El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.

En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.

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Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.

Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.

Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.

Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.

Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.

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• Por Antonella Mateu

Con una deuda externa que aún representa el 85 % del total y una interna que ya escala al 15 %, Paraguay sostiene una estrategia financiera en un contexto de grado de inversión y crecimiento sostenido. Tres referentes económicos analizaron el escenario en conversación con La Nación/Nación Media.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda pública total alcanzó los USD 20.409 millones a diciembre de 2025, equivalente al 41,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). La mayor parte de la deuda pública corresponde a la Administración Central, con USD 17.931 millones (87,9 % del total). Por otro lado, la deuda de las entidades descentralizadas con garantía soberana alcanza USD 2.477 millones, equivalente al 12,1 % de la deuda total y al 5 % del PIB.

El viceministro de Economía y Planificación del MEF, Felipe González Soley, confirmó que el aumento de la deuda en moneda nacional responde a una estrategia deliberada de desdolarización.

Según explicó, el objetivo es reducir la exposición al riesgo cambiario, fortalecer el mercado financiero doméstico y avanzar hacia una estructura más resiliente. “La participación de la deuda en moneda local dentro de la Administración Central pasó de 8,3 % en agosto de 2023 a 17,8 % al cierre de 2025”, detalló.

Para ello, el Gobierno priorizó emisiones en guaraníes, avanzó en la desdolarización de préstamos existentes y concretó colocaciones internacionales en guaraníes, ampliando la base de inversionistas.

Además, subrayó que este proceso es valorado positivamente por las calificadoras de riesgo, ya que mejora el perfil soberano y consolida referencias de tasas en guaraníes que pueden beneficiar también al sector privado.

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González Soley sostuvo que Paraguay aún tiene espacio para profundizar la estrategia sin encarecer costos, siempre que se mantengan fundamentos macroeconómicos sólidos.

Indicó que la estabilidad inflacionaria, la credibilidad de la política económica y el creciente interés internacional por instrumentos en guaraníes permiten sostener condiciones competitivas de financiamiento. “En la medida en que se consolide una curva de rendimientos en moneda nacional, es posible incluso reducir costos en nuevas emisiones”, afirmó.

Respecto al aumento de la deuda con garantía soberana, que alcanzó el 12,1 % del total, explicó que obedece principalmente a desembolsos vinculados a inversiones de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y a emisiones de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para fortalecer el crédito de desarrollo. No obstante, aclaró que se trata de pasivos contingentes y que el MEF monitorea estos riesgos dentro del análisis ampliado de sostenibilidad fiscal.

Consultado sobre la prioridad en un contexto de crecimiento económico, el viceministro de Economía sostuvo que el país puede compatibilizar inversión y consolidación fiscal. La meta es mantener el déficit dentro del 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), permitiendo estabilizar gradualmente la deuda sobre el producto.

Recalcó que el endeudamiento actual se destina principalmente a inversión pública y no a gasto corriente estructural. “La deuda es una herramienta de apalancamiento del crecimiento real, siempre que se preserve la disciplina fiscal y la calidad del gasto”, enfatizó.

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El economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, consideró que el ritmo de endeudamiento es alto para Paraguay. A su criterio, el país debe acelerar el uso de esquemas de participación público-privada para atraer capital privado a obras de infraestructura. “La necesidad de inversión es mayor que la capacidad que tenemos de endeudarnos”, advirtió.

Ferreira alertó además sobre el peso creciente del pago de intereses, al que calificó como gasto rígido. También señaló vulnerabilidades como el tipo de cambio, las tasas internacionales y la disminución de ingresos en dólares, lo que puede generar descalces de moneda.

“El desafío es no tener que sacrificar inversión para cuidar la situación fiscal. Lo ideal es generar condiciones para atraer más capital privado”, remarcó.

Por su parte, el analista financiero Stan Canova sostuvo que no existe una correlación directa entre el nivel de deuda pública y el volumen de inversión privada.

Explicó que el endeudamiento soberano opera en mercados y volúmenes distintos a los del sector empresarial, por lo que no compite directamente por financiamiento. Además, destacó que el grado de inversión consolida al país como buen pagador y reduce el costo de fondeo para el sistema financiero.

“Cuando los bancos acceden a mejores tasas y plazos gracias al grado de inversión, pueden trasladar esas condiciones al crédito empresarial”, explicó.

No obstante, Canova subrayó que el reconocimiento aplica a la deuda soberana, no automáticamente a las empresas locales, aunque algunas ya han logrado calificaciones internacionales propias.

Canova sostuvo que el costo financiero del país es actualmente manejable y la deuda pública es “honrable sin sobresaltos”. Sin embargo, advirtió que el verdadero impacto en el desarrollo dependerá de la eficiencia en el uso de los recursos.

“Se debe maximizar su uso, controlar precios en licitaciones, aplicar sanciones severas a incumplimientos y dar mayor equidad a las pymes en las contrataciones”, puntualizó.

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• Por Antonella Mateu

Con una deuda externa que aún representa el 85 % del total y una interna que ya escala al 15 %, Paraguay sostiene una estra­tegia financiera en un con­texto de grado de inversión y crecimiento sostenido. Tres referentes económicos anali­zaron el escenario en conversación con La Nación/Nación Media.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda pública total alcanzó los USD 20.409 millones a diciembre de 2025, equivalente al 41,2 % del producto interno bruto (PIB). La mayor parte de la deuda pública corresponde a la Administración Central, con USD 17.931 millones (87,9 % del total). Por otro lado, la deuda de las entidades des­centralizadas con garantía soberana alcanza USD 2.477 millones, equivalente al 12,1 % de la deuda total y al 5 % del PIB. El viceministro de Economía y Planificación del MEF, Felipe González Soley, confirmó que el aumento de la deuda en moneda nacional res­ponde a una estrategia delibe­rada de desdolarización.

Según explicó, el objetivo es reducir la exposición al riesgo cambiario, fortalecer el mer­cado financiero doméstico y avanzar hacia una estructura más resiliente. “La participa­ción de la deuda en moneda local dentro de la Adminis­tración Central pasó de 8,3 % en agosto de 2023 a 17,8 % al cierre de 2025”, detalló. Para ello, el Gobierno priorizó emi­siones en guaraníes, avanzó en la desdolarización de prés­tamos existentes y concretó colocaciones internaciona­les en guaraníes, ampliando la base de inversionistas. Ade­más, subrayó que este proceso es valorado positivamente por las calificadoras de riesgo, ya que mejora el perfil soberano y consolida referencias de tasas en guaraníes que pue­den beneficiar también al sec­tor privado.

González Soley sostuvo que Paraguay aún tiene espacio para profundizar la estrategia sin encarecer costos, siempre que se mantengan fundamen­tos macroeconómicos sólidos. Indicó que la estabilidad infla­cionaria, la credibilidad de la política económica y el cre­ciente interés internacional por instrumentos en guaraníes permiten sostener condicio­nes competitivas de financia­miento. “En la medida en que se consolide una curva de ren­dimientos en moneda nacio­nal, es posible incluso reducir costos en nuevas emisiones”, afirmó. Respecto al aumento de la deuda con garantía sobe­rana, que alcanzó el 12,1 % del total, explicó que obedece principalmente a desembolsos vinculados a inversiones de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y a emisio­nes de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para fortale­cer el crédito de desarrollo. No obstante, aclaró que se trata de pasivos contingentes y que el MEF monitorea estos riesgos dentro del análisis ampliado de sostenibilidad fiscal.

Consultado sobre la priori­dad en un contexto de creci­miento económico, el vicemi­nistro de Economía sostuvo que el país puede compatibi­lizar inversión y consolida­ción fiscal. La meta es man­tener el déficit dentro del 1,5 % del producto interno bruto (PIB), permitiendo estabili­zar gradualmente la deuda sobre el producto.

Recalcó que el endeuda­miento actual se destina principalmente a inversión pública y no a gasto corriente estructural. “La deuda es una herramienta de apalanca­miento del crecimiento real, siempre que se preserve la disciplina fiscal y la calidad del gasto”, enfatizó.

El economista y exminis­tro de Hacienda Manuel Ferreira consideró que el ritmo de endeudamiento es alto para Paraguay. A su cri­terio, el país debe acelerar el uso de esquemas de partici­pación público-privada para atraer capital privado a obras de infraestructura. “La nece­sidad de inversión es mayor que la capacidad que tenemos de endeudarnos”, advirtió.

Ferreira alertó además sobre el peso creciente del pago de inte­reses, al que calificó como gasto rígido. También señaló vulne­rabilidades como el tipo de cambio, las tasas internaciona­les y la disminución de ingresos en dólares, lo que puede gene­rar descalces de moneda. “El desafío es no tener que sacri­ficar inversión para cuidar la situación fiscal. Lo ideal es generar condiciones para atraer más capital privado”, remarcó.

Por su parte, el analista financiero Stan Canova sos­tuvo que no existe una corre­lación directa entre el nivel de deuda pública y el volumen de inversión privada.

Explicó que el endeuda­miento soberano opera en mercados y volúmenes dis­tintos a los del sector empre­sarial, por lo que no compite directamente por financia­miento. Además, destacó que el grado de inversión consolida al país como buen pagador y reduce el costo de fondeo para el sistema finan­ciero. “Cuando los bancos acceden a mejores tasas y pla­zos gracias al grado de inver­sión, pueden trasladar esas condiciones al crédito empre­sarial”, explicó. No obstante, Canova subrayó que el reco­nocimiento aplica a la deuda soberana, no automática­mente a las empresas loca­les, aunque algunas ya han logrado calificaciones inter­nacionales propias.

Canova sostuvo que el costo financiero del país es actual­mente manejable y la deuda pública es “honrable sin sobresaltos”. Sin embargo, advirtió que el verdadero impacto en el desarrollo dependerá de la eficiencia en el uso de los recursos.

“Se debe maximizar su uso, controlar precios en licita­ciones, aplicar sanciones severas a incumplimientos y dar mayor equidad a las pymes en las contratacio­nes”, puntualizó.