El contralor general de la República, Camilo Benítez, señaló este domingo que el miércoles iniciarían la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos por problemas técnicos en la carga de datos. En principio iban a empezar desde mañana lunes 22 de junio.
“Queríamos ir subiendo desde el lunes, es lo que yo había dicho, por más que tengamos tiempo. El problema que tenemos es que estamos escaneando nosotros mismos, pero consideramos que el miércoles estaríamos dando a conocer”, explicó el contralor a Telefuturo.
Sostuvo que la orden judicial da un plazo de 60 días para dar cumplimiento a las publicaciones de las declaraciones juradas, que en principio él mismo había dicho que iniciaría mañana lunes, pero tuvieron problemas técnicos en el escaneo y carga de datos y estarían empezando el miércoles.
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Indicó que la idea es ir dando a conocer de forma paulatina ya que hacerlo todo de seguido podría también ocasionar un colapso de la página y la ciudadanía no podría acceder a las informaciones requeridas. Más de 150 mil documentos están siendo escaneados para alzarlos a la web.
“Si subimos todo al mismo tiempo, 150 mil declaraciones, consideramos que existe la posibilidad de que la página colapse. En el primer grupo estamos hablando de 50 mil funcionarios”, agregó el contralor.
La declaración jurada de bienes de las autoridades nacionales, funcionarios públicos y ministros de la Corte será pública. Así lo resolvió la sala constitucional ampliada de la Corte Suprema de Justicia con siete votos a favor, rechazando la acción promovida por la Contraloría contra la publicación.
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Con la resolución judicial se darán a conocer los bienes de autoridades nacionales y otros desde 1998 hasta el 2017. El fallo se considera histórico porque sienta un precedente respecto a la publicación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.
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Funcionarios públicos vinculados a empresas de Líder Amarilla, se burlan de la Contraloría
Históricamente al frente de firmas contratistas a las que el hoy senador de la Nación, el liberal Líder Santiago Amarilla adjudicaba millones en obras de forma directa en sus tiempos de intendente, funcionarios públicos que, aparecen como accionistas, presidente, vicepresidente en estas empresas omiten estos vínculos en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).
Por Rossana Escobar M.
Sergio Manuel Espínola Villalba y Renán Leguizamón Garcete. El primero es un modesto funcionario municipal hoy día en la comuna de J.A Saldívar que había ingresado a la Función Pública con el padrinazgo de Líder Amarilla que lo contrató como chófer en la municipalidad de Villa Elisa y en el segundo caso se trata de un funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS).
Los mencionados funcionarios figuran en las empresas Mármol S.A y Las Primas S.A contratistas a las que Líder Amarilla y el ahora gobernador de Central, Ricardo Estigarribia habían favorecido con millonarias adjudicaciones cuando eran intendentes de Villa Elisa.
Así también, Sergio Espínola y Renán Leguizamón figuran en cargos de vicepresidente, presidente, síndico en distintos años en Terranova Inmobiliaria S.A, sociedad denunciada por supuesta usura por parte de un concejal de Itá.
Sergio Manuel Espínola además aparece en Amarilla & Asociados S.A, playa de autos del senador Líder Amarilla, empresa en la que el legislador declara G. 2.000 millones en acciones, según el documento presentado a la Contraloría al asumir el cargo en el Congreso Nacional.
El funcionario municipal Sergio Espínola en 10 años nunca había presentado una manifestación de bienes hasta que saltó su nombre en los negocios que se atribuyen al hoy senador Líder Amarilla. Tras la serie de nuestro medio, el empleado de la comuna de J.A Saldívar remitió su declaración jurada a la Contraloría y en el documento aparece como un modesto servidor público, pese a que en informes proveídos por el ministerio de Economía y Finanzas revelan su participación en importantes empresas, entre ellas las que ganaron millones en licitaciones durante la administración de Líder Amarilla y Ricardo Estigarribia en Villa Elisa.
Un salario de G. 4,4 millones en la municipalidad de J.A Saldívar, una deuda con cuota mensual de G. 500 mil al mes, un ahorro de G. 3,4 millones y un automóvil usado es todo lo que aparece en la declaración jurada que Sergio Espínola presentó por primera vez a la Contraloría.
Por su parte, Renán Leguizamón, el funcionario de IPS que también aparece en las contratistas de obras como en la sociedad denunciada por usura, omite su participación en empresas burlándose magistralmente de la Contraloría.
Desde el ente de control confirmaron que abrieron un sumario a Sergio Espínola, funcionario de la municipalidad de J.A Saldívar que en 10 años ninguneó la Ley de Declaraciones Juradas, sin embargo, no se pronuncian sobre las empresas en la que aparecen los mencionados más arriba, pero que no consignan en sus respectivas manifestaciones de bienes.
Cabe subrayar que Líder Amarilla tampoco menciona su participación en Terranova Inmobiliaria S.A, empresa denunciada por usura y la que el denunciante edil de Itá vincula directamente al parlamentario liberal y al funcionario municipal, Sergio Espínola.
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Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
- Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
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Implementarán software para detectar irregularidades en declaraciones juradas
El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, manifestó que desde la institución se busca trabajar en la elaboración de un software que permitirá detectar irregularidades en las declaraciones juradas. La iniciativa, a ser aplicada a través de un trabajo interinstitucional con la Contraloría General de República (CGR), busca combatir de manera directa los hechos de corrupción.
“Esto forma parte del plan estratégico del Gobierno, establecido luego de una cumbre de poderes, donde se definió una estrategia nacional en combate a la corrupción. Una de las iniciativas consiste en la sistematización del intercambio de información hacia la Contraloría, para lograr una labor más objetiva y eficaz a la hora de detectar casos de enriquecimiento ilícito”, explicó el ministro para el programa “Arriba Hoy”, por GEN/Nación Media.
Indicó además que se busca implementar criterios objetivos a ser implementados luego del procesamiento de datos, para trabajar de manera más integral en el procesamiento de las declaraciones recepcionadas en la Contraloría. En la primera fase del proceso, Mitic procesará todo lo referente a datos abiertos, mientras que en la fase dos se trabajará en el registro de las informaciones determinadas en diferentes instituciones, para identificar datos no correlacionados.
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“Nuestra intención es que en los próximos meses podamos contar con este proceso definido y tengamos el sistema ya operativo. La idea es materializar todo esto antes de fin de año, para dejarlo de manera activa y en plena producción”, remarcó el secretario de Estado, destacando la herramienta a ser generada para filtrar los errores en las declaraciones juradas y así determinar si han sido cometidos adrede o por algún desliz técnico.
Por otra parte, el titular del Mitic manifestó también que desde la institución se planea desarrollar otro tipo de labores colaborativas con entidades como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, entre otros, con el objetivo de sistematizar su admisión de denuncias y las respuestas a las mismas. Esto no solo permitirá una trazabilidad en lo referente a la transparencia, sino también gestiones más eficientes y rápidas.
“Estamos trabajando en el sistematizado de denuncias. En ese aspecto, ya estamos con un diseño de lo que será el sistema, el cual básicamente pretende empezar a gestionar las respuestas en función al tipo de denuncia ciudadana recibida, determinando cuál es la entidad encargada para resolver el problema; si son varias las instituciones que deberían accionar, elaboraremos un listado de acciones de manera automatizada”, señaló.
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Programa informático del Mitic alertará irregularidades en declaraciones juradas
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en conjunto con la Contraloría General de la República (CGR), cuentan con un proyecto para desarrollar un sistema que permita identificar de manera automática indicios de irregularidades en las declaraciones de bienes e ingresos de los funcionarios públicos. La intención es que el software esté operativo este 2024.
“Todo lo que esté disponible vamos a integrar en un sistema automático para que ese reporte sea en línea, que pueda saltar una alerta a partir de ciertas consideraciones o umbrales que debemos definir con la Contraloría. Debemos definir los mecanismos que van a permitir determinar que existe una posible irregularidad para que que ahí intervengan los controles manuales”, explicó Gustavo Villate, ministro del Mitic, en conversación con La Nación/Nación Media.
Actualmente, los análisis de la Contraloría se realizan de manera manual, de manera aleatoria o a partir de denuncias, llegando a apenas unos 300 exámenes por año, lo que resulta insuficiente para todo el universo de funcionarios públicos. Con este sistema, todo el universo estará sometido al mismo y emitirá alertas para que posteriormente el ente contralor estudie de forma particular dichos casos.
“Podemos armar una estructura que nos permita tener un control eficiente, lo que vamos a hacer es a partir de información que está disponible, porque hay mucha que es de fuente abierta y eso actualmente no se maneja de forma consolidada e integral, es decir, ese intercambio que se da entre las instituciones y con la Contraloría en este caso en particular”, detalló el ministro.
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Mesa técnica
A partir de los datos abiertos, en primer término, se puede consolidar un sistema de monitoreo en línea, señaló Villate. El proyecto está aún en fase inicial, se estableció una mesa donde se van a analizar aspectos técnicos y jurídicos, sobre todo este último de modo a tener precauciones con datos confidenciales, ya que existen ciertas limitaciones para acceder a ciertas informaciones.
“La ventaja que tiene esto es que no importa si es un funcionario, director, ministro, diputado, no hay discriminación en ese sentido, los criterios se van a manejar de igual manera”, aseguró el ministro, quien mencionó que se elaborará un cronograma del proyecto donde se establecerán los plazos, no obstante, el objetivo es que el sistema ya esté operativo este 2024.
“Forma parte de los proyectos que tenemos priorizados por la línea que tenemos en la lucha contra la corrupción y la transparencia, espero que esto esté operativo este año”, manifestó. Esta prevista una reunión entre ambas instituciones en la próxima semana, donde se irán estableciendo los puntos claves de este plan en conjunto.
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