Los diputados de diferentes comisiones iniciarán este lunes el estudio del proyecto de ley que pretende eliminar los gastos superfluos y poner un tope a los salarios de funcionarios públicos y de las binacionales. La propuesta fue postergada en la sesión extraordinaria para su tratamiento en 30 días. Ya cuenta con media sanción del Senado.

El diputado Derlis Maidana anunció a través de su cuenta de Twitter que la reunión será en conjunto con las comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos Económicos, Legislación y Presupuesto y Cuentas y Control. La modalidad que implementarán será mixta, presencial y virtual.

El proyectista principal es el senador Sergio Godoy, quien presentó la propuesta el año pasado teniendo como eje principal topear los salarios públicos hasta G. 37 millones, monto que percibe el pre­sidente de la República en la actualidad. La legislación afectaría a los altos cargos de todas las instituciones estatales.

Tratado internacional

La propuesta coincide con la Reforma del Estado que busca implementar el Gobierno, es así que uno de los motivos por los cuales se aplazó su estudio fue para que los demás colegas puedan presentar modificaciones o proyectos similares. El Ejecutivo anunció que también estarían presentando un proyecto de ley sobre el Servicio Civil que incluiría más aspectos a tener en cuenta.

La invitación se extendió a los ministros de Hacienda, Benigno López y de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios, así como también a los titulares de Itaipú Binacional, Ernst Bergen y de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, para escuchar sus pareceres técnicos sobre la propuesta.

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Uno de los puntos cuestionados fue el hecho de que en el proyecto de ley se incluya a los funcionarios de Itaipú y Yacyretá, consideran que no corresponde modificar por ley el salario de aquellos que cumplen función en las binacionales porque fueron creadas a partir de un tratado internacional, por ende las altas partes son las que deben resolver esa disposición.

Finalidad de la ley

La propuesta contempla varios puntos que se basan en tres ejes: Prohibición de compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias; la prohibición y limitación para nombramientos y contrataciones de parientes y asesores y la fijación de topes salariales para las autoridades públicas de rango superior.

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