Uso indebido de influencias no es causal de juicio político, asegura diputada
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El uso indebido de influencias no es causal de juicio político para la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aseguró la diputada liberal Celeste Amarilla. Dijo que podría apoyar eventualmente un pedido de ese tipo, pero que se tienen que precisar bien los argumentos para impulsar esa figura prevista en la Constitución Nacional.
“La causal para esta señora sería mal desempeño de sus funciones. Lógicamente, el uso indebido de influencias entra en mal desempeño de sus funciones. No estoy diciendo que no, solamente preciso que la figura no es uso indebido de influencias o tráfico de influencias, la figura es mal desempeño de funciones”, expresó en declaraciones a Radio 1000 AM.
La legisladora precisó que existe una sola acusación en contra de la titular del Ministerio Público que proviene del ministro de Asuntos Internacionales, Federico González, quien señaló que a las 23:00 recibió un certificado médico para una persona y le dijeron que le mandaba la fiscala general del Estado. “Estas son declaraciones que él hizo a la prensa, con bastantes titubeos de su parte”, afirmó.
Mencionó seguidamente que desde la Cámara de Diputados le remitieron a González un pedido de informes acerca de si efectivamente fue Quiñónez la que le remitió el certificado médico y si él corroboró esa información. También se le consulta cuál es el protocolo en estos casos, relató.
La legisladora comentó que su colega liberal, el diputado Édgar Acosta, está preparando otro libelo acusatorio, donde hay más causales y si su partido le presenta una acusación bien fundamentada, bien hecha y le pide su apoyo, le daría su respaldo.
El diputado liberal Édgar Acosta anunció la presentación de un pedido de juicio político contra la responsable del Ministerio Público por supuestamente haber tenido injerencia en la decisión tomada para que un compatriota que llegó del exterior cumpla cuarentena en su domicilio.
21 años sin Cecilia Cubas: el caso que estremeció a Paraguay
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El 16 de febrero de 2005, hace 21 años, se daba a conocer la impactante y triste noticia del hallazgo del cuerpo de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, que habría sido secuestrada y asesinada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Cecilia fue la primera víctima fatal de los criminales.
El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco meses después de su secuestro en una vivienda a la que se denominó la “Casa del Horror” en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby. En principio, las autoridades llegaron al sitio en búsqueda de evidencias para tratar de dar con el paradero de Cecilia.
Según Sandra Quiñónez, exfiscala del caso, en entrevista del 2024 con canal GEN y Universo 970/Nación Media, la casa estaba herméticamente cerrada y tuvieron que romper unas de las puertas para ingresar. Recorrieron cada dependencia de la vivienda y se encontraron con cabellos rubios, telas, chalecos y líquidos en botellas.
Así también, se encontraron colchones y una de las piezas estaba totalmente empapelada con bolsas negras, que se presume hicieron para evitar que la secuestrada distinga el día de la noche. Todo apuntaba a que en estos lugares estuvo Cecilia.
Al llegar a la última habitación encontraron bolsas de tierras que llegaban hasta el techo y una importante cantidad de evidencia. Los intervinientes en ningún momento pensaron que ahí estaría el cuerpo de la joven, ya que todo apuntaba a que ella debía ser entregada a su familia en Ciudad del Este ese mismo día, operativo que estaba en desarrollo.
"Casa del horror" donde hallaron muerta a Cecilia Cubas. Foto: Archivo
El túnel de la muerte
La orden dada por Quiñónez era limpiar esa habitación y documentar cada evidencia hallada, por más mínima que fuera. Mientras desarrollaban ese trabajo uno de los agentes policiales le manifestó a la fiscala que había una diferencia de color en los pisos de la habitación y dio la orden de levantar.
Bajo el piso de esa habitación encontraron un sótano y en el interior de este habían más evidencias que fueron retiradas. Ahí se dejó ver el túnel al que ingresaron con ayuda de bomberos, uno de ellos le indicó que había un olor bastante fuerte y en ese momento dieron con el cuerpo de Cecilia.
Según la autopsia realizada por el médico forense Pablo Lemir y dada las características en la que fue encontrado el cuerpo, Cecilia llevaba 45 días de fallecida al momento que fue encontrada. Se presume que sus captores la asesinaron entre el 24 al 30 de diciembre del 2004.
La vivienda donde fue hallada Cecilia. Foto: Archivo
El secuestro
El 21 de setiembre del 2004 Cecilia, de 31 años, estaba por llegar a su casa en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la llevaron en contra de su voluntad.
Cecilia Cubas estuvo secuestrada por cinco meses y con su muerte se convirtió en la primera víctima fatal de secuestro del grupo criminal, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país. La familia Cubas había pagado entonces por el rescate 300.000 dólares en noviembre del 2004 y fue la última comunicación con los secuestradores.
Condenados
Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.
Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.
Datos claves
El médico forense indicó que Cecilia fue asfixiada y que los secuestradores le dieron una fuerte dosis de sedantes, luego le cubrieron la nariz y la boca con cinta de embalaje, para ser posteriormente enterrada viva.
En abril del 2025 la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) subastó la “Casa del Horror”, vivienda donde fue encontrada el cuerpo de Cecilia Cubas.
Juana Rodríguez la nueva dueña de la casa anunció que de momento no tiene planes de demolición de la vivienda, pero sí levantará un oratorio en memoria de la víctima.
Así quedó la camioneta de Cecilia Cubas tras el secuestro. Foto: Archivo
El juez Humberto Otazú hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada en su momento contra Sandra Quiñónez, quien se desempeñó como fiscal general del Estado durante el período 2018 hasta 2023. La misma fue denunciada por los supuestos hechos de frustración de la persecución penal y prevaricato.
El magistrado sostuvo que Quiñónez no tomó decisiones contrarias a derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, y se ha podido verificar que el Ministerio Público realizó las diligencias en las denuncias presentadas y no hubo omisión dolosa o negligente, por lo que corresponde archivar la denuncia.
Del mismo modo, el juez Otazú sostuvo sobre la frustración de la persecución y ejecución penal, que se tuvo en cuenta el informe de la Comisión Bicameral del Congreso que fue objeto de análisis de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, el cual concluyó que no existía mérito para abrir una nueva causa penal.
Por no existir ningún hecho punible, se desestimó la denuncia que se había presentado contra la exfiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Foto: Archivo
Por no existir hecho punible se desestimó denuncia contra exfiscala general, Sandra Quiñónez
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El juez Humberto Otazú hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada en su momento contra Sandra Quiñónez, quien se desempeñó como fiscal general del Estado durante el período 2018 hasta 2023. La misma fue denunciada por los supuestos hechos de frustración de la persecución penal y prevaricato.
El magistrado sostuvo que Quiñónez no tomó decisiones contrarias a derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, y se ha podido verificar que el Ministerio Público realizó las diligencias en las denuncias presentadas y no hubo omisión dolosa o negligente, por lo que corresponde archivar la denuncia.
Del mismo modo, el juez Otazú sostuvo sobre la frustración de la persecución y ejecución penal, que se tuvo en cuenta el informe de la Comisión Bicameral del Congreso que fue objeto de análisis de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, el cual concluyó que no existía mérito para abrir una nueva causa penal.
En su momento Miguel Ángel Brítez, director jurídico de la Cámara de Senadores, en representación del citado órgano, presentó la denuncia penal contra la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez, por presunto prevaricato o mal desempeño en sus funciones, obstrucción a la investigación, complicidad y otros hechos ilícitos.
Inacción del entonces fiscal Giuzzio posibilitó la muerte de Cecilia Cubas, sostiene exfiscal general
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En el marco del juicio oral y público de Lorenzo González, acusado por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, declaró la exfiscal general del Estado Sandra Quiñónez, quien investigó el presente caso inicialmente. La misma se presentó ante el tribunal de Sentencia y mencionó la inacción de Arnaldo Giuzzio mientras se desempeñaba como fiscal, para lograr la detención de los autores del hencho.
Quiñónez señaló que “Cecilia Cubas estaba viva al momento de la reunión, donde se decidió su muerte”. Agregó que “Dionisio Olazar ya estaba colaborando con el Ministerio Público y él nos comunicó de la reunión”.
Ante la consulta del abogado querellante, Andrés Casati, sobre qué actitud tomó el Ministerio Público ante la comunicación de la reunión clave, Quiñónez manifestó que “se acercaron los fiscales de aquel entonces, Giuzzio y otros, cuando los que estaban adentro se percataron que iba a haber un procedimiento salieron y fueron detenidos, pero luego fueron liberados”.
Dijo además que la Fiscalía de aquel entonces logró la detención de Lorenzo González y Anastasio Mieres, pero luego fueron liberados, pasadas las 6 horas. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar al acusado Lorenzo González está integrado por Laura Ocampos, Fabián Weinsesee y Cándida Fleitas.
González fue extraditado a Paraguay en febrero del 2022 y es señalado como el “fusilero” del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). También tuvo participación en la captura de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau. Además de este antecedente, el ahora procesado aparece en un video de una reunión del grupo criminal que data del 2004.
Condenado a 34 años de cárcel
La Cámara de Apelación conformada por José Waldir Servín, Gustavo Santander y Agustín Lovera Cañete confirmó la condena para Óscar Luis Benítez por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas. Benítez fue condenado a 24 años de cárcel y 10 años como medida de seguridad el 29 de junio del 2021, por el Tribunal de Sentencia integrado por Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Fabián Escobar.