Tras los recientes hechos de violencia y abuso infantil que conmocionan a la ciudadanía, el diputado liberal Édgar Ortiz, anunció que reflotará una iniciativa, presentada ya en el 2017, que propone la castración química a los violadores. Considera un problema sociológico que no se puede seguir tolerando, más aún para quienes tienen hijas y nietas. Asimismo, cree que los de DDHH lucran con los derechos de los delincuentes.

“Si esto no se hace en una constituyente, de manera a cambiar la ley y los DDHH, -que me parece un gran disparate- porque los derechos de los niños son violados todos los días y cuando queremos castrar a los delincuentes, ellos son los primeros que te atropellan con los Derechos Humanos. Yo creo que ellos lucran con los derechos de los delincuentes”, sentenció el legislador.

En ese sentido, invitó a su colega Carlos Rejala, a adherirse a su propuesta, atendiendo que el legislador también anunció la presentación de un proyecto de ley del mismo tenor.

El parlamentario sostuvo que si bien la iniciativa busca establecer castigos ejemplares para los condenados por abuso sexual a niños, fue cuestionada por organizaciones civiles por los altos costos que implicaría la castración química.

Proyecto de 2017

“Este proyecto fue presentado en el año 2017; hemos hecho una audiencia pública en donde hemos recibido mucho apoyo de las organizaciones civiles, de derechos humanos, pero los medios me criticaron bastante por los costos que ello implicaba”, explicó el diputado.

Además, mencionó que la normativa quedó estancada y pidió a su colega adherirse a la iniciativa ya presentada.

Señaló que su proyecto proyecto quedó en el freezer y espera que su colega Rejala se adhiera al mismo. "En su momento me asusté bastante por los costos que implicaría la implementación de este mecanismo de castración; también está la posibilidad de una constituyente que posibilite la castración quirúrgica, que se presenta como la opción más barata”, agregó.

La serie de violaciones y asesinatos de niños en las últimas semanas, fueron un detonante para que se instale, nuevamente, el debate sobre la conveniencia o no de aumentar las penas o impulsar, directamente, la castración para los culpables de abuso y asesinato a menores.


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