La jueza Rosarito Montanía, a pedido del fiscal Deny Pak, solicitó la extradición de Diego Marset, detenido en Brasil y quien es hermano del prófugo Sebastián Marset. El pedido de Pak fue presentado el pasado 3 de enero luego de la detención del imputado registrada en una lujosa vivienda en Foz de Yguazú, Brasil.
La solicitud del Ministerio Público se basa en el tratado de extradición entre países que integran el Mercosur establecido en la Ley 2753/2005, y se hace especial énfasis en mantener la prisión preventiva de Diego Marset mientras avanza el proceso para su comparecencia ante la Justicia paraguaya, por medio de la extradición.
En febrero de 2022, Diego Marset fue imputado y obtuvo una orden de captura en el marco de la operación contra la presunta organización criminal que lideraban su hermano y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico (ya detenido). También la pareja del presunto capo narco, Gianina García Troche, estaba alistada en la orden emitida por la Justicia paraguaya.
En el marco de la operación denominada León 23, desplegada desde julio pasado en Santa Cruz, donde Sebastián Marset se encontraba residiendo y desarrollando sus actividades, la Policía boliviana buscaba también a su hermanastro Diego Nicolás Alba Marset, quien tenía tres identidades presumiblemente falsas, incluyendo una cédula paraguaya, según la investigación.
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Detienen al hermano de la presidenta de Perú por presunta corrupción
La policía de Perú detuvo este viernes al hermano y al abogado de la presidenta del país, Dina Boluarte, por su presunta vinculación con una trama de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos, anunció la Fiscalía.
Un equipo especial de fiscales contra corrupción “detuvo a Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda y otros investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias”, indicó el Ministerio Público en la red social X.
Boluarte, hermano mayor de la mandataria peruana, fue detenido en su apartamento, en el este de Lima. La Fiscalía lo acusa de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de “dádivas económicas”, según precisó el poder judicial en un comunicado.
Los funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior. Desde sus cargos captaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría Nicanor, de 64 años.
La organización “habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte” asumiera como presidenta el 7 de diciembre, añadió el poder judicial. Boluarte negó los señalamientos mientras era conducido, esposado, a prisión tras el allanamiento a su apartamento. “Niego absolutamente todo, soy inocente”, dijo a los periodistas.
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“Poder de facto”
Junto a Boluarte fue detenido el abogado de la presidenta y seis personas más en distintos operativos realizados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín. En el marco de esas acciones fueron allanados “26 inmuebles”, dijo por su parte la Fiscalía.
Castañeda representa a la mandataria peruana en la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes. Según las autoridades judiciales, Nicanor Boluarte sacó provecho del “poder de facto” que le otorgó su hermana para “instrumentar las prefecturas y subprefecturas” en su beneficio.
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Mientras que Castañeda presuntamente cumplía el rol de “operador legal” de la red de corrupción. La mandataria peruana quedó expuesta a un nuevo escándalo tras el proceso que enreda a su hermano. Boluarte, de 61 años, está siendo interrogada por el llamado Rolexgate y enfrenta otra investigación judicial por la represión de las protestas que siguieron a su investidura.
En el marco del primer proceso, la Fiscalía allanó en marzo su vivienda y el despacho presidencial en busca de las joyas que, según Boluarte, pertenecen a un gobernador que se las cedió en calidad de préstamo. La presidenta está bajo sospecha de “enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos”.
El jueves, el gobierno anunció sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que realizó la operación de registro contra la jefa de Estado y detuvo a su hermano, alegando razones operativas.
Si finalmente la Fiscalía decide acusarla, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución. La mandataria asumió el poder en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso.
Tras su juramentación, estallaron protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública. En las revueltas murieron 50 personas presuntamente a manos de policías y militares. A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Fuente: AFP
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Ecuador aprueba la extradición en referendo
La extradición en Ecuador impulsada por el presidente Daniel Noboa como medida de lucha contra el crimen organizado fue aprobada el domingo por un 72% de la votación en una jornada violenta, según un sondeo a boca de urna divulgado en vivo por el canal Teleamazonas.
El Sí a favor de la extradición, una de las once preguntas propuestas por Noboa, recibió un 72% de apoyo, mientras que el No captó 25% de la votación total, incluidos blancos y nulos, según la encuesta a boca de urna de la empresa Infinity Estrategas contratada por el gobierno, de acuerdo con la televisora.
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Principales puntos
Las once preguntas planteadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el referendo de este domingo apuntan a permitir la extradición de connacionales, endurecer condenas contra el crimen organizado, crear judicaturas especializadas y restablecer el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
La interrogantes, a las que los ecuatorianos responderán “Sí” o “No”, serán resueltas mediante un referendo (cinco) y consulta popular (seis), apuntan a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.
Referendo
- Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado.
Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.
- Permitir la extradición.
La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.
- Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional.
Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.
- Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales.
En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.
- Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.
La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.
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Consulta popular
- Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles.
Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.
- Incremento de penas para diez delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.
Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró “terroristas” a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.
- Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo.
- Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas.
- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías.
- Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado (incautados).
De ganar el Sí en el referendo, las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial. En el caso de la consulta popular, las propuestas deberán ser debatidas y aprobadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría pero está dispersa.
Fuente: AFP.
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Secuestros del EPP: piden a la Argentina otorgar la extradición de miembros del clan Villalba
“No son perseguidos políticos, no tienen partido, son criminales comunes”, afirmó este viernes el ministro del Interior, Enrique Riera, en referencia a los 4 miembros del clan Villalba retenidos en la Argentina, sindicados de formar parte del brazo logístico del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Asimismo, Riera extendió su agradecimiento a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del vecino país, quien el pasado fin de semana anunció que el gobierno de Javier Milei retirará el estatus de refugiados políticos a los hermanos María Rosa, Mirian Viviana, José Mariano Villalba Ayala, así como a Tania Villalba Ayala, quien sería hija de Laura Villalba Ayala (detenida en 2020).
“Se portó, habló con nosotros, nos fuimos a verla y nos recibió muy bien. Está dispuesta a ayudarnos, a llevar adelante el cumplimiento de este objetivo. También agradecemos como institución al Senado paraguayo, que se solidarizaron con esta causa y felicitaron a la ministra Bullrich. En la Argentina no es un tema menor que un cuerpo legislativo, por unanimidad, se solidarice con las víctimas y felicite al Gobierno argentino”, comentó.
Las afirmaciones de Riera fueron respaldadas por los familiares y las víctimas de secuestros perpetrados por el EPP. “Queremos agradecer al gobierno argentino porque escucharon el reclamo, tanto de la Fiscalía y del Ministerio del Interior paraguayo. Todas las víctimas tenemos siempre ansia y dolor. Actúan con extrema crueldad, no muestran compasión hacia las personas”, dijo Diego Zavala, hermano del exsenador Fidel Zavala, quien también fue raptado por el grupo criminal y posteriormente liberado.
Asimismo, acotó: “queremos que se desmantele esto, queremos justicia. Hemos insistido, pero no tuvimos eco en otras administraciones anteriores, entendemos que debemos respetar la soberanía del vecino país, pero esta vez hemos tenido eco. Los responsables de los crímenes deleznables deben ser juzgados, traídos a Paraguay”.
Mientras que Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morínigo, quien aún permanece secuestrado por los criminales, indicó que ya no sabe “qué decir, bastante ya sufrimos. Se cumplieron 10 años (del secuestro de su hijo) en este 2024. Quiero agradecer a todas las autoridades que han luchado con nosotros, la lucha continúa y a lo mejor llegará el momento en que venceremos y esto renueva mis esperanzas”.
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Agregó, además, que “estos criminales no se colocan en nuestro lugar. Son 10 años de dolor, en que extraño a mi hijo, de llanto, cada día miro su foto. Había perdido la esperanza, pero ahora de nuevo la tengo porque las autoridades están con nosotros, esto es importante, me dieron un corazón nuevo”, dijo.
Seguidamente, indicó: “estoy llevando mucho sufrimiento como mamá. Queremos ver las caras de estos criminales, inútiles y que paguen la pena que merecen”, dijo la madre del suboficial secuestrado.
La exsenadora colorada Mirta Gusinky, madre de Cecilia Cubas, víctima del EPP, puntualizó que “el 21 de setiembre del año 2004 fue secuestrada (su hija), estamos luchando por la justicia, muchos están en la cárcel, pero aún siguen muchos fuera”, aseguró.
Recordó que el crimen de su hija fue horrible. “Mi hija fue encontrada en un túnel en la ciudad de Ñemby, ella fue enterrada viva. Estos sujetos a quienes enfrentamos son crueles, ante todas las calamidades que cometieron, pedimos que sean sometidos a la justicia paraguaya, que los juzgue y si tienen que ser condenados, que sea con las penas máximas”, pidió.
Gusinky afirmó, además, que no piden nada injusto. “Lastimosamente no tenemos en Paraguay la cadena perpetua, llegan a cumplir la mitad de sus penas y ya tienen derecho a salir. Nuestras vidas dedicamos a la justicia y a las ansias de justicia. No sé si es mejor tener esperanzas de poder recuperarlos o ya no recuperarlos nunca más (a los secuestrados) y solamente conformarse que sean castigados (criminales EPP)”, lamentó.
También participaron de la conferencia realizada por el Ministerio del Interior y otras instituciones del sistema de seguridad paraguayo, las hijas del exvicepresidente de la República, el liberal Óscar Denis; y las del ganadero Félix Urbieta, ambos también secuestrados por el grupo criminal.
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Clan Villalba se encuentra bajo custodia de la justicia argentina, sostiene fiscal
El fiscal Antisecuestro Federico Delfino indicó que los cuatro retenidos del clan Villalba se encuentran bajo custodia de la justicia argentina. Detalló que los sindicados de formar parte del brazo logístico del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se exponen a penas de hasta 15 años de prisión por asociación terrorista.
“Estaban en la provincia de Buenos Aires. Se los detiene por un pedido de la justicia paraguaya a fin de que sean sometidos a una extradición por asociación terrorista en nuestro país, este hecho punible tiene una expectativa de pena de 5 a 15 años. Ellos están bajo ciertas obligaciones que le imponen el Conare y también le impuso el juzgado federal en la Argentina, están con vigilancia”, sostuvo en una entrevista con la 1020 AM.
Se trata de María Rosa, Mirian, Tania y José Villalba Ayala, hermanos de Carmen Villalba (líder de la banda criminal recluida desde 2003 por secuestro). “La participación de ellos se da en cuanto al adoctrinamiento que se le brinda a las criaturas. Salen de Argentina de forma legal, ingresan a nuestro país de forma clandestina, van al teatro de operaciones y dejan a los menores ahí, para que reciban el entrenamiento militar de guerrilla”, manifestó a la 730 AM.
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Las afirmaciones de Delfino surgieron tras el anuncio realizado por la ministra de Seguridad del vecino país, Patricia Bullrich, quien sostuvo que el gobierno de Javier Milei retirará el estatus de refugiados al clan Villalba para impulsar el proceso de extradición.
“Tengo información oficiosa de que el propio presidente Milei podría, a través de un decreto, suspender ese refugio. Es una de las vías, de acuerdo a la legislación argentina, pero no estoy seguro. El tema del refugio se maneja a un nivel más alto, cada país tiene su regla para levantar el refugio. Ahí estarían actuando los representantes políticos de nuestro país”, dijo.