El ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), cuestionó la falta de celeridad de la justicia con respecto al robo de energía reportado por el ente. En los últimos cinco años se formalizaron 60 denuncias, pero un solo caso recibió una condena. El reclamo fue planteado incluso a instancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Hay unas 60 denuncias presentadas en el ámbito judicial desde el año 2019 a la fecha creo que hay solo un condenado por sustracción de energía eléctrica. El presidente de la Ande se reunió esta semana con el fiscal general y el presidente de la Corte”, señaló a la 1000 AM.
Con respecto al procedimiento realizado el día de ayer miércoles a una criptominería ilegal en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí, confirmó que la empresa generaba una pérdida de G. 800 millones por mes a la Ande. “En lo que va de este 2024, esta es la intervención número 11, con estas intervenciones se evitan una pérdida de G. 6.500 millones por mes”, indicó.
Detectaron conexión directa
Rolón manifestó que los propios pobladores fueron quienes hicieron la denuncia debido a los constantes problemas en el servicio. “Personal técnico, con asesoría jurídica llegaron al lugar, se solicitó el allanamiento y se constató una conexión directa en media tensión, de manera irregular”, remarcó.
El funcionario de la Ande explicó que en el citado establecimiento se encontró una potencia de más de 3 megavatios y más de 700 máquinas de criptominería. Según el informe de la Ande, en el lugar se encontró un transformador de 45 kVA de pantalla y otro transformador de 3.150 kVA que alimentaba a las máquinas procesadoras de criptomonedas que fueron incautadas como parte del proceso de investigación por el ilícito de sustracción de energía eléctrica detectado en dicho local.
Para las autoridades resulta claro que una de las principales causas de los inconvenientes que afecta la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico constituyen estas actividades ilícitas, que además ocasionan un grave daño patrimonial a los intereses de la institución.
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Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.
Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.
Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
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“No tenemos el metrobús”
“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.
Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.
Refuta argumento de la prescripción
Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.
Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.
Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.
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Miguel Ángel Báez se integra al Consejo de Itaipú por designación del Poder Ejecutivo
Mediante un reciente decreto emitido por el Poder Ejecutivo, se ha oficializado la designación de Miguel Ángel Báez, actual presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), como nuevo integrante del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. Este movimiento refuerza la presencia de liderazgos técnicos en la entidad, en un momento clave para la gestión energética del país.
La incorporación de Báez se produce en reemplazo de Héctor Richer, marcando un ajuste puntual en la estructura de mando. No obstante, se confirmó que el expresidente de la estatal eléctrica, Félix Sosa, no abandonará la entidad, sino que continuará formando parte del Consejo, garantizando así la permanencia de su experiencia en las deliberaciones de la binacional.
Con este nuevo nombramiento, el Consejo de Administración de Itaipú, por la margen paraguaya, queda conformado por un equipo de alto perfil que incluye a Carlos Fernández Valdovinos, Claudia Centurión, Félix Sosa, Javier Giménez, Roberto Rodríguez, Rubén Ramírez Lezcano y el recién incorporado Miguel Ángel Báez.
En un esfuerzo complementario por trazar una hoja de ruta clara para el sector, el presidente Santiago Peña ha establecido un plazo de 30 días para la conformación de una mesa energética. Este nuevo espacio tendrá la misión fundamental de debatir y definir las acciones estratégicas que marcarán el futuro energético del país, buscando soluciones integrales a los desafíos de infraestructura y demanda eléctrica.
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Niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela: ¿qué dice la ley sobre los límites de la disciplina?
Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.
Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.
La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.
¿Hasta dónde puede llegar la disciplina?
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?
En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.
La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.
Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.
No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.
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El caso queda bajo investigación
La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.
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ARRN celebra apertura de la Ande para que el sector privado impulse la generación nuclear
Por Lourdes Torres
lourdes.torres@nacionmedia.com
La creciente demanda de energía eléctrica por parte de las industrias, está obligando a Paraguay a buscar nuevas fuentes de generación. Por ello, la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) destacó que la Ande está mostrando una apertura para que el sector privado participe en la generación y consumo de energía nuclear, mientras el Gobierno prepara el marco legal para habilitar esta alternativa emergente.
En esta segunda entrega de la entrevista con el Diario La Nación/Nación Media, el titular de la ARRN Dr. Jorge Molina y el vicepresidente el Dr. Eduardo Galiano, mencionaron que de acuerdo a estimaciones, la Ande registra pedidos empresariales e industriales por 6.000 MW.
Por ello, sostienen que el país necesitará sumar todas las fuentes posibles de generación eléctrica para acompañar el crecimiento de la demanda. Los reactores modulares aparecen como una alternativa dentro de una matriz que también contempla gas, solar e hidroelectricidad.
No obstante, señalaron que la inversión necesaria para un reactor modular pequeño (SMR) de hasta 300 MW podría alcanzar miles de millones de dólares. Ante el alto costo, el Gobierno analiza un esquema en el que empresas privadas puedan participar como generadoras o consumidoras de energía.
Por ello, las autoridades de la ARRN se reunieron con el nuevo presidente de la Ande, Miguel Báez Reyes, con quien intercambiaron pareceres, estrategias, ideas, conceptos. Señalaron que durante la charla notaron que el presidente está muy abierto al diálogo nuclear como parte práctica e ineludible de lo que sería una futura matriz energética integrada al sistema nacional.
“Notamos que está abierto a que actores externos a la Ande, por ejemplo, del sector privado asuman un rol protagónico en la introducción de la energía nuclear al Paraguay. Cosa que lógicamente nos ponen muy contentos porque creo que estamos en muy buena sintonía en esas ideas de que, probablemente, la Ande sola no va a poder, sino que va a necesitar un empuje del sector privado, del sector empresarial. Por ello creo, que vamos por buen camino”, mencionó Galiano.
Al respecto, Molina ratificó que la intención es dejar aprobado el marco legal y avanzar con el Acuerdo Bilateral 123 antes del cambio de Gobierno; de tal modo que con el nuevo, simplemente arranque con la ejecución del proyecto. “La idea es que se comience a implementar en el próximo Gobierno, no necesariamente por parte del Estado, porque sabemos que el Estado no tiene dinero porque cuesta muy caro. Hablamos de miles de millones de dólares por el SMR de 300 MW”, acotó.
Molina remarcó que la ecuación en este caso tiene dos variantes, el que genera y el que consume. “Tenemos a los actores privados que quieran dedicarse a la generación y venta de energía nuclear, por un lado; y por otro, actores privados que sean compradores de esa energía nuclear. Entonces, al escuchar de parte de la Ande una predisposición, una apertura y apoyo también, es un cambio de paradigma, no es poca cosa, porque siempre la Ande fue por ley, un ente monopolio”, remarcó el Dr. Galiano.