“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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Este martes, agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional realizó un allanamiento en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, en prosecución del millonario robo de celulares contra unos comerciantes brasileños y detuvieron a dos sujetos. En el procedimiento se incautaron armas de fuego y otras evidencias.

Según el reporte policial, el operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el barrio 23 de Octubre, de Ciudad del Este, en el marco de las investigaciones en el caso del millonario robo a dos ciudadanos brasileños ocurrido en le kilómetro 4 de la citada ciudad. En el hecho también, fue herido un efectivo policial.

En la vivienda fueron detenidos: Alberto Britos Alcaraz, alias “Comando Russo”, de 40 años, que cuenta con una orden de captura por robo agravado, y José Eduardo Ramírez Gómez, de 37 años. Ambos fueron detenidos cuando intentaban ingresar a la vivienda que sería allanada en una camioneta sin chapa.

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Del interior del vehículo de la marca Chevrolet modelo Cruce color blanco, se logró incautar: armas de fuego de corto calibre, dos rifles portátiles de cañón largo y ⁠más de 100 municiones de distintos calibres. Así también, ⁠ropas varias camufladas, ⁠guantes, dos aparatos celulares de la marca IPhone y cargadores para armas de fuego.

Se trata del segundo allanamiento del día que realizaron en el marco de las investigaciones de los asaltos reportados la semana pasada en Ciudad del Este. En el primero detuvieron a una mujer que sería pareja de un integrante del PCC y varias armas de fuego, que serían usadas para los atracos reportados en la ciudad.

Durante el asalto contra los ciudadanos brasileños, los maleantes se alzaron con un lote de celulares de alta gama, cuyo valor estaría por los 400 mil dólares. Los comerciantes resultaron ilesos y el suboficial Emilio Esteban Cardozo, agente de la Patrulla Motorizada, fue quien recibió un disparo en la pierna.

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Este martes, agentes del Departamento de Investigaciones del Policía Nacional realizó un allanamiento en busca de personas que estarían involucras en una serie de robos y asaltos en el departamento de Alto Paraná. En el procedimiento se detuvo a una mujer y se incautaron de varias armas de fuego.

Según el reporte dado por los intervinientes, el operativo se realizado en una vivienda ubicada en el kilómetro 10, lado Acaray, a unos pocos metros de ruta PY02 en Ciudad del Este. Este allanamiento tuvo el acompañamiento del fiscal Luis Fernando Escobar, quien ordenó la detención de Debora Abigail Peña Pérez, de 27 años, quien estaba en la casa.

“Teníamos información de que en esta vivienda había armas que se utilizarían para los diversos hechos punibles ocurridos en la ciudad y que también había sustancias estupefacientes. La mujer sería pareja de un miembro del Primer Comando Capital (PCC)”, expresó en comisario Paulo Zelaya, en conferencia de prensa.

Afirmó que todas las armas incautadas de esta viviendas serán sometidas al Sistema Integrado de Identificación Balística para saber si fueron usadas para algún hecho punible. “Una de estas armas tenía el número de serie borrada. La mujer tiene un negocio de ventas de celulares en el centro de la ciudad”, apuntó.

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• Pistola marca Glock, modelo 17, Generación 4, calibre 9mm., con serie Nro. BSZP387.
• Pistola marca Beretta, modelo APX, calibre 9mm., con serie Nro. A311509X.
• Pistola marca Beretta, modelo APX, calibre 9mm., con serie Nro. A235255X.
• Pistola marca PRNC CZ, modelo APC calibre 6.35mm, lustre niquelado, con Número de Serie Borrado.
• Cuatro cargadores para pistola Beretta.
• Dos cargadores para pistola Glock, todos calibres 9mm.
• Un cargador para pistola calibre 6.35mm.
• Ciento veintiún cartuchos sin percutir del calibre 9mm.
• Cinco cartuchos sin percutir calibre 6.35mm.

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Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.

La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.

De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?

En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.

La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.

Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.

No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.

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La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.

La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.