La fiscal Natalia Chávez señaló que la mujer que intentó matar a sus hijos y luego quitarse la vida será sometida a estudios psicológicos y psiquiátricos. La misma podría ser imputada por el Ministerio Público, en caso de reunirse los elementos para una causa. El hecho sucedió durante la tarde del martes.
“Voy a pedir al Juzgado una evaluación psiquiátrica y psicológica dentro del requerimiento fiscal a los efectos de constatar su estado de salud mental. Estamos analizando la posibilidad de una imputación, la mujer ya quedó detenida”, explicó este miércoles la fiscal del caso en comunicación con la radio 1020 AM.
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Mencionó que la mujer podría ser imputada por producción de riesgos comunes, atendiendo el arma que tenía consigo y la intención de matar a sus hijos y posteriormente quitarse la vida. También podría ser procesada por violación del deber del cuidado.
Chávez indicó que se comunicó con la mujer que dio aviso a la Policía Nacional sobre la intención de la abogada, que estaba trasladando a sus hijos a la ciudad de Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú, desde Santa Rita, departamento de Alto Paraná, a bordo de su camioneta y mediante eso se pudo evitar el plan.
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“Me comuniqué con la persona que dio aviso a la Policía de Alto Paraná, me dio los pormenores, le pedí que envíe las capturas de los mensajes. Efectivamente, la señora iba con sus dos hijos hacia la zona de Pastoreo y ahí ejecutaría su plan e inclusive pidió que el velorio se realice allí”, agregó la fiscal del caso.
La Policía Nacional detuvo a una mujer que pretendía matar a sus hijos en la ciudad de Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú. La sospechosa fue capturada mientras se dirigía al lugar donde iba a acabar con la vida de sus dos hijos y quedó a disposición del Ministerio Público.
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Accidente en Villa Morra: una mujer motociclista terminó gravemente herida
Un automóvil terminó volcado y una mujer resultó gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido a tempranas horas de este miércoles sobre la avenida Mariscal López casi República Argentina, barrio Villa Morra de Asunción.
El percance involucró a dos vehículos, un automóvil y una motocicleta. De acuerdo con las primeras informaciones, una mujer salía de una estación de servicios a bordo de su moto y fue embestida por un automovilista que terminó volcado.
El conductor del automóvil quedó en el lugar con una herida en el brazo. El mismo logró salir del interior del rodado por propios medios a través de la ventanilla. La motociclista sufrió severas lesiones a raíz del fuerte impacto y fue derivada al Hospital de Trauma.
El vehículo afectado, un Toyota Vitz, quedó sobre la avenida Mariscal López con dirección a Fernando de la Mora, lo que generó que el tránsito se viera resentido en la zona. La motocicleta salió despedida yendo a parar sobre la vereda.
Presuntamente, la motociclista habría cruzado la arteria de manera imprudente, por lo que el chofer del auto realizó una brusca maniobra para tratar de evitar la colisión y volcó.
Los bomberos, además de asistir a los heridos brindando los primeros auxilios, trataron de evitar un siniestro mayor conteniendo la pérdida de combustible con arena. Tanto el automóvil como la moto quedaron con serios daños materiales.
Tomó intervención en el caso, la comisaría jurisdiccional para los trámites de rigor. Asimismo, se comunicó al Ministerio Público a fin de iniciar una investigación sobre las circunstancias del percance a fin de definir responsabilidades.
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Tras allanamientos en Asunción, incautaron drogas, dinero en efectivo y detuvieron a una mujer
Este martes, la Policía Nacional realizó una serie de allanamientos en el barrio San Felipe de la ciudad de Asunción, donde detuvieron a una mujer e incautaron cocaína tipo crack, marihuana y dinero en efectivo. Las intervenciones se realizaron ante la gran cantidad de niños que están expuestos al consumo de sustancias.
Según el reporte policial, los procedimientos se realizaron en tres viviendas que fueron reportadas como centros de acopio y distribución de sustancias ilegales. En ellas salían y entraba varias personas presuntamente adictas y en varias ocasiones atentaron contra personas trabajadoras de la zona.
“Se trata de una zona bastante delicada por la situación de los ciudadanos que residen acá y otro factor detonante de este allanamiento es la cantidad de criaturas que hay. Es un lugar apto para este tipo de criminalidad, en este domicilio en particular encontramos una cantidad importante de sustancias”, detalló el fiscal Cristian Ortiz, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, en NPY.
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Durante el procedimiento fue detenida Avelina Ibáñez de Aveiro, de 49 años, por supuesta transgresión a la Ley N.º 1340/88 y sus modificatorias, de tráfico ilícito desustancias estupefacientes. “Realizamos tres allanamientos en total en forma simultanea”, manifestó.
Durante el procedimiento fueron incautados 18 gramos de supuesto clorhidrato de cocaína, distribuidos en 36 dosis; 33 gramos de supuesta cocaína tipo crack, distribuidos en 98 dosis; 188 gramos de supuesta marihuana picada; tres aparatos celulares y dinero en efectivo.
El procedimiento se realizó en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas – SUMAR, acompañado por personal del departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos – División contra el Tráfico Urbano Asunción. Todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
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Detienen a una mujer en Atyrá por microtráfico
Una mujer fue detenida durante el allanamiento de una vivienda en el barrio María Auxiliadora de Atyrá, departamento de Cordillera, donde fueron incautados cocaína y marihuana. Los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) intervinieron un foco de microtráfico.
En el procedimiento fueron incautados 135,5 gramos de clorhidrato de cocaína y 349 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo, dos balanzas de precisión, un teléfono celular, una cámara con WiFi, un cúter y otros elementos vinculados a la distribución de drogas.
La cocaína incautada representa aproximadamente 271 dosis. Sumando las porciones de marihuana incautadas, el procedimiento permitió retirar del circuito de distribución callejera más de 600 dosis de drogas. Durante el allanamiento fue detenida Ada Jazmín Florentín Insfrán, de 34 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público.
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El procedimiento estuvo encabezado por la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad, bajo la coordinación del agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Cordillera, Gedeón Escobar.
La intervención permitió retirar de circulación una importante cantidad de sustancias destinadas al narcomenudeo y afectar directamente un punto de distribución de drogas en la zona.
Estas acciones forman parte de los trabajos que viene realizando la Senad en el marco del combate el microtráfico en todo el territorio nacional, atacando los puntos de venta y retirando las drogas de circulación.
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