La fiscal Raquel Vera señaló este viernes que continúa la investigación sobre la desaparición de un militar. Hasta el momento se siguen analizando imágenes de circuito cerrado y se prevé una reconstrucción de lo sucedido para tratar de aclarar el caso. El uniformado desapareció mientras estaba trabajando como conductor de una plataforma de viajes.
“En este momento estamos en una etapa donde estamos colectando datos. En esta primera etapa se trabaja contrarreloj porque hay ciertas pruebas que podemos perder. Estamos tratando de reconstruir lo que pasó con base en la información que recibimos de testigos o grabaciones de circuito cerrado”, dijo la fiscal en comunicación con la radio 780 AM.
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Sostuvo que ya se hicieron varios allanamientos en el marco de la investigación, pero hasta el momento no se tienen mayores novedades sobre el paradero del militar desaparecido, oriundo de la ciudad de Luque. Su auto fue encontrado en el barrio San Vicente de Asunción.
Vara indicó que por el momento prefiere mantener cautela porque todavía hay algunas diligencias pendientes de resolución, como el cruzamiento de datos del GPS y las cámaras de circuito cerrado. Tampoco hay datos de su celular, de donde se podrían recabar informaciones sobre el desaparecido.
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“Nosotros, en primer lugar, estamos tratando de obtener todas las grabaciones, desde el lugar donde salió, en Luque, hasta ese lugar por el que pasó, de la plaza España. Si bien tenemos un circuito previo que él posiblemente realizó, igual estamos aguardando otras cuestiones”, agregó la fiscal del caso.
El militar desaparecido es Líder Javier Ríos Cañete, de 27 años, quien reside en la compañía Mora Cué de Luque. El pasado sábado fue hallado su vehículo en un barrio de Asunción; sin embargo, se desconoce el paradero del trabajador y de rango sargento primero que presta servicios en la Fuerza Aérea Ñu Guasu.
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Caso ueno: Peña, Carvallo y exdirectivos del BCP, bajo la lupa de la Fiscalía
La investigación por la crisis de Ueno Bank también alcanza a las autoridades que tenían responsabilidades sobre la supervisión del sistema financiero y a quienes ejercieron funciones en el Poder Ejecutivo durante el periodo en que se habrían producido las irregularidades.
En una causa separada de la investigación contra los directivos y empresas vinculadas al banco, el Ministerio Público analiza la actuación del expresidente Santiago Peña, del extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, y de otros integrantes del organismo regulador.
Las pesquisas buscan determinar si existieron omisiones en los controles, decisiones irregulares u otras conductas que permitieron que la entidad bancaria continuara operando pese a las alertas sobre su situación financiera.
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Peña y Carvallo, imputados y privados de libertad
Entre los principales procesados se encuentra el expresidente Santiago Peña, quien fue detenido el 6 de noviembre e imputado posteriormente por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio.
También fue imputado Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Ambos permanecen privados de libertad, de acuerdo con las últimas informaciones publicadas sobre la causa. La Fiscalía investiga las decisiones adoptadas durante sus respectivas administraciones y la posible existencia de responsabilidades relacionadas con las operaciones de Ueno Bank.
Superintendente de Bancos también fue detenido
Otro de los investigados es Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del BCP, cuya actuación quedó bajo cuestionamiento por el control ejercido sobre la entidad financiera.
Insfrán fue detenido el 12 de noviembre e imputado por presunta lesión de confianza. La representación fiscal también solicitó su prisión preventiva.
La investigación busca establecer qué información manejaban las autoridades de supervisión y qué medidas adoptaron durante el periodo en que se detectaron las primeras irregularidades.
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Exdirectivos detenidos este viernes
Las diligencias continuaron este viernes 13 de noviembre con la detención de otros dos exintegrantes del directorio del Banco Central. Uno de ellos es Miguel Ángel Mora, quien fue detenido en el marco de los procedimientos fiscales relacionados con las presuntas irregularidades en la supervisión de Ueno Bank.
También fue detenida Liana Emilce Caballero Krause, exdirectora y expresidenta interina del BCP, durante un allanamiento realizado en su vivienda. En el procedimiento se incautaron documentos y dispositivos que serán analizados por los investigadores.
Mientras que Marco Aurelio González, exprocurador general de la República y exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, quien también fue incluido en la investigación, se presentó en la sede de la Comisaría 1.ª del barrio Sajonia de Asunción.
González no fue localizado en su domicilio durante un allanamiento llevado a cabo esta mañana, por lo que se impartió orden de detención en su contra. Al llegar a la dependencia policial a bordo de una camioneta particular, se procedió a su detención en cumplimiento de la orden del Ministerio Público.
Fiscales que investigan a Peña y autoridades del BCP
El equipo de fiscales encargado de esta causa está integrado por Elena Fiore Franco, Silvia González Vester, Christian Manuel Benítez Cáceres, María Verónica Valdez, Laura Mercedes Giacummo, Ruth Karina Benítez y Marlene González. La coordinación está a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
La investigación comprende la revisión de documentos del Banco Central, decisiones del directorio, informes de supervisión y operaciones relacionadas con la colocación de fondos públicos y previsionales en ueno bank.
Uno de los aspectos centrales es determinar desde cuándo las autoridades conocían los problemas financieros de la entidad y si las medidas adoptadas fueron suficientes y oportunas.
Durante las explicaciones ofrecidas tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, el entonces titular del BCP, Carlos Carvallo, reconoció que las investigaciones técnicas habían comenzado en junio de 2026, a partir de operaciones crediticias con empresas vinculadas. Sin embargo, los investigadores también examinan antecedentes y advertencias que podrían remontarse a periodos anteriores.
La Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal en el ejercicio de las funciones públicas de supervisión y control. Con las nuevas detenciones, la causa continúa ampliándose.
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Caso Ueno: quiénes son los 27 imputados por las presuntas irregularidades financieras del banco
La causa penal por las presuntas irregularidades financieras de Ueno Bank avanza con 27 personas inicialmente imputadas, entre ellas directivos de la entidad y representantes de sociedades vinculadas que habrían participado en operaciones crediticias irregulares.
Las investigaciones también apuntan a determinar si estas maniobras se realizaron con el conocimiento, la complicidad o la omisión de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), organismo responsable de supervisar el funcionamiento de la entidad financiera.
El Ministerio Público abrió la investigación luego de recibir una comunicación del organismo regulador sobre supuestas irregularidades detectadas durante la supervisión del banco, cuyo procedimiento de resolución fue dispuesto el 2 de noviembre.
La Fiscalía formuló el acta de imputación el 4 de noviembre, en el marco de la causa N.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Entre los principales investigados está Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente de Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlaba Ueno Bank.
Los 27 imputados de la causa
Entre los imputados se encuentran directivos y exdirectivos de Ueno Bank y de empresas vinculadas con el Grupo Vázquez. Los cargos corresponden a antecedentes societarios y perfiles de los directivos publicados durante la investigación.
- Federico Miguel Vázquez Villasanti: vicepresidente primero de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez.
- Juan Manuel Gustale Cardoni: presidente de Ueno Bank.
- Julio Daniel Rey Fernández: exvicepresidente segundo de Ueno Bank.
- Diana Leticia Mongelós González: vicepresidenta segunda de Ueno Bank.
- Mariana Torres Rubiani: exdirectora titular de Ueno Bank.
- Alejandro Gómez Abente: director titular de Ueno Bank.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller: director titular de Ueno Bank y vicepresidente primero de Ueno Seguros.
- Miguel Ángel Almada Frutos: exsíndico titular de Ueno Bank.
La lista continúa con representantes, directivos y accionistas de empresas vinculadas.
- José Augusto Sala Cardozo: presidente y representante legal de MOWI S.A.
- Sergio Amado Pizurno Zsarán: vicepresidente de MOWI S.A. y director titular de Grupo M S.A.
- Vanessa Esther Godoy Ayala: presidenta de Grupo Hendy S.A.
- Óscar Urdapilleta: vicepresidente de Grupo M S.A.
- César Javier Mengual Mazacotte: presidente de Grupo Hendy S.A.
- Miguel Ángel Garay: director titular de Grupo Hendy S.A.
- César Manuel Astigarraga Lambaré: presidente y CEO de ITTI S.A.E.C.A.
- Luis Ernesto Angulo Rivera: vinculado a Grupo M S.A.
- Guillermo Vázquez Muniagurria: director titular de Grupo M S.A.
- Diego Sebastián Gómez Arce: presidente de Grupo M S.A.
- Luis Fernando Ríos Espínola: vicepresidente de TUIU S.A.
- André Gayol Pires: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
- Nicolás S. Di Iorio Olivares: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
- Rodrigo Ramón Franco Ortiz: presidente y representante legal de TUIU S.A.
- Mauro Vargas Wildberger: presidente y accionista de FRANDEDE S.A., además de accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Cecilia Domínguez Elizeche: vicepresidenta de FRANDEDE S.A.
- Martín Vargas Wildberger: accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Gloria Villasanti Farinha: presidenta de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Raúl Fernando Sánchez Gómez: director titular de AIME S.A. Corredores de Seguros.
La imputación alcanza a personas con distintos grados de vinculación con las operaciones examinadas. Su inclusión en la causa no implica que todas hayan sido detenidas ni que exista una responsabilidad penal demostrada.
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Préstamos millonarios y movimientos entre empresas
La investigación se concentra en un presunto esquema de operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026, mediante préstamos y sobregiros concedidos a sociedades vinculadas.
Según los antecedentes fiscales, una parte de los recursos habría sido transferida entre distintas empresas para financiar operaciones diferentes de los destinos originalmente declarados.
Uno de los movimientos investigados corresponde a la adquisición de una cartera crediticia por USD 74,4 millones, operación que habría involucrado a Vinanzas S.A. y otras sociedades vinculadas con el grupo empresarial.
La Fiscalía busca determinar el origen y destino de los fondos, las garantías utilizadas y la eventual responsabilidad de quienes participaron en las operaciones.
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Fiscales encargados de la investigación
El equipo del Ministerio Público está integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi, Yeimy Adle, Ruth Benítez, Luz Guerrero, Luis Piñánez y Belinda Bobadilla Biscouto, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
Los investigadores también desarrollan diligencias patrimoniales destinadas a identificar bienes y recursos que eventualmente puedan ser utilizados para reparar los perjuicios ocasionados a los afectados.
En paralelo, se realizaron allanamientos y se solicitaron medidas cautelares sobre cuentas y bienes de sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.
Investigación podría alcanzar a más personas
El Ministerio Público informó posteriormente que las pesquisas se ampliaron y que se identificaron aproximadamente 35 personas y 37 empresas relacionadas con los movimientos financieros examinados.
Esto no significa que todas ellas estén imputadas, sino que sus vínculos y operaciones forman parte del análisis fiscal. La investigación continúa abierta y no se descarta la presentación de nuevas imputaciones conforme se incorporen elementos de prueba.
El caso Ueno Bank mantiene así un frente judicial centrado en las operaciones financieras de la entidad y las sociedades vinculadas, mientras la Fiscalía intenta reconstruir el destino de los recursos y establecer eventuales responsabilidades penales.
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Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña
La fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Verónica Valdez, indicó que el Ministerio Público aguarda una autorización judicial para proceder al peritaje del teléfono celular del expresidente de la República, Santiago Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor, en el marco de la causa Ueno Bank.
“Todavía no tenemos un resultado porque debe realizarse un proceso técnico con autorización judicial, entonces, una vez que tengamos esa autorización, vamos a poder conocer el contenido del teléfono”, dijo en una conferencia de prensa acompañada por sus colegas Nancy Salomón y Francisco Cabrera.
El Ministerio Público incautó un teléfono celular de Peña el pasado domingo 8 de noviembre, luego de que el exmandatario, destituido vía juicio político, haya negado en reiteradas ocasiones (durante su audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú y en su declaración ante la Fiscalía) poseer o utilizar un aparato móvil.
El proceso se concretó mediante el aporte de informaciones extraoficiales que indicaban que el economista contaba con comunicación libre en su lugar de reclusión. El aparato celular fue encontrado oculto en su equipaje dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde cumple prisión preventiva.
Desde el órgano extrapoder detallaron que los procedimientos en la causa judicial que salpica al expresidente de la República y en la otra referente a los directivos de Ueno Bank, que se encuentran ligadas entre sí, se centran actualmente en la recolección de elementos probatorios, la reconstrucción del esquema de operaciones y la preservación precautoria de bienes para su eventual recuperación a favor del Estado paraguayo.
Con relación a la detención de los exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Emilce Caballero Krause y Miguel Ángel Mora, concretado este viernes, la agente mencionó que durante el allanamiento de sus respectivas viviendas se logró “obtener elementos que consideramos relevantes para el avance de las investigaciones”.
Valdez agregó que “se recabaron documentos, también dispositivos electrónicos, y se dispuso la detención de las tres personas que serán citadas a fin de que presten declaración indagatoria si lo consideran o se abstengan y posteriormente se tomarán las determinaciones que el equipo considere pertinentes”.
A la vez, los agentes reiteraron que la calificación legal actual es de carácter provisional. La ausencia momentánea de imputaciones por tipos penales más severos, como por ejemplo lavado de dinero o asociación criminal, no restringe la investigación de estas conductas a medida que surjan nuevos elementos.
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Caso Dalia López: comitiva fiscal se constituye en el BNF
Una comitiva de la Fiscalía y la Policía Nacional realizó un procedimiento en la mañana de este viernes en la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF). La diligencia se llevó a cabo en el marco del caso vinculado con Dalia López y la recuperación de dinero incautado en poder de la empresaria durante su detención.
Durante el juicio oral, que finalizó la semana pasada, López admitió la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano. La empresaria fue condenada a dos años de prisión, aunque la ejecución de la pena quedó suspendida.
Con el procedimiento judicial se pretende recuperar fondos millonarios incautados que estarían guardados en una caja de seguridad que a su vez está en el interior de la boveda del banco.
La fiscala Matilde Moreno encabezó la comitiva del Ministerio Público que ingresó al Banco Nacional de Fomento (BNF) en prosecución a la investigación de dicha causa.
“Si recuerdan, al momento de su detención hubo un dinero que fue incautado y es ese dinero que en estos momentos estamos poniendo, cumpliendo la resolución del Juzgado de Garantías que llevó adelante la audiencia preliminar. Nada tiene que ver con el caso Ueno Bank”, aclaró la agente del Ministerio Público.
Dalia López Troche fue condenada a 2 años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la pena, como instigadora de la producción de documentos no auténticos. La sentencia fue dictada en procedimiento abreviado por el juez penal de Garantías, Francisco Acevedo.
López debe abonar la suma de US$ 110.000 además de otros G. 200 millones, que serán distribuidos entre 13 entidades de beneficencia y para el tratamiento médico de una niña, en concepto de reparación del daño social, según lo resuelto por el juzgado a cargo de la causa.