El Centro de Convenciones de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) del campus de San Lorenzo será sede de la primera edición del bootcamp de ciberseguridad denominado HackCamp, el próximo 21 de diciembre. El mismo es organizado por la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de la Facultad Politécnica de la UNA.
El megaevento de ciberseguridad promete ser uno de los bootcamp más interesantes del año, en donde se desarrollarán varios temas en torno al tema central: la ciberseguridad. Si bien se desarrollará solo en una jornada, la misma estará dividida en dos fases: la primera serán talleres prácticos en donde se dará la introducción y las herramientas de cada tema, mientras que la otra fase será un concurso de juego interactivo entre todos los participantes del evento.
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“El bootcamp es una metodología de aprendizaje que busca ser inmersiva, que los participantes puedan vivir la experiencia mientras se forman. El bootcamp contará con talleres donde se van a mostrar herramientas de manera que se puedan detectar las vulnerabilidades de un sistema o detectar ataques de delincuentes cibernéticos, pero también cómo los profesionales pueden defenderse de estos cirberataques”, explicó Fátima Barrios, directora de TIC de la Facultad Politécnica de la UNA en comunicación con La Nación/Nación Media.
Durante el bootcamp los participantes deberán formar equipos para el concurso. La competencia se trata de que un equipo busque las debilidades o vulnerabilidades del otro equipo para realizar los ciberataques o tratar de hackear, mientras que el otro debe defenderse, fortificando sus defensas y mitigar los ataques.
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El evento se encuentra abierto a estudiantes de carreras en tecnologías, así como para profesionales del área y todo público interesado en adquirir conocimientos y habilidades para la protección de datos manejados en tecnologías que se usan en la actualidad y que justamente son blancos de ciberdelincuentes. Los interesados en participar del evento pueden solicitar mayores detalles al (0992) 404-504 con la Dirección de TIC de Politécnica. El evento será lanzado el próximo 21 de octubre en la UNA.
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Cuando el antisemitismo se disfraza de ciberseguridad
- POR JUAN CARLOS DOS SANTOS G.
- juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
La crisis de Ueno Bank abrió una discusión que Paraguay necesitaba tener: cómo se protegen los datos biométricos en el sistema financiero y quién responde cuando algo falla.
Era un debate para auditores, reguladores y abogados. Pero en las redes empezó a circular otra cosa, un relato que sacó el foco del banco y de sus responsables y lo puso en un blanco externo: el origen israelí de los sistemas de validación que usa el sector.
Nos lo quisieron vender como una repentina preocupación por la privacidad de la gente. No lo es. Es el viejo prejuicio antisemita con ropa nueva, adaptado a la era de los algoritmos.
Y el argumento ni siquiera se molesta en disimular: el peligro ya no estaría en cómo se diseñó el servidor ni en quién administra la base de datos, sino en la nacionalidad de quienes escribieron el código. Lo repitieron ciertos medios y activistas políticos, varios de ellos hablando a cámara con el rostro tapado.
Técnicamente, cualquier base centralizada de datos biométricos (rostro, huella o iris) trae un riesgo serio: si se filtra, no hay manera de cambiar una huella como se cambia una contraseña. Eso es cierto y siempre lo fue. Sin embargo, en Paraguay nadie parecía preocupado.
Desde hace décadas, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional guarda las huellas de prácticamente toda la población, y esos registros hace rato que fueron escaneados y pasados a sistemas digitales centralizados. Nadie montó una cruzada moral por eso. Nadie habló de vigilancia masiva. El escándalo apareció recién cuando el debate tocó a empresas de origen israelí.
Ahí está el doble estándar. Si la solución de reconocimiento facial viene de Estados Unidos, de Europa o de Asia, la discusión se queda donde debe: en la norma, en el contrato, en el costo. Si viene de Israel, un país con una industria de ciberseguridad y defensa de primer nivel, aparecen de golpe los fantasmas de siempre: el “control global”, el espionaje oculto, la conspiración financiera. Un contrato de software pasa a ser una amenaza a la soberanía nacional.
Cuando un banco entra en problemas, o cuando la política se desgasta, buscar un culpable afuera sale barato. Sirve para repartir la atención y dejar a los responsables locales en segundo plano.
Atar a la tecnología privada a teorías sin sustento técnico no solo envenena la conversación sobre cómo modernizar el sistema financiero. También normaliza un discurso que señala a las personas por su origen nacional y cultural, algo que ya sabemos adónde conduce cuando nadie lo frena a tiempo. Estos relatos fueron amplificados por portales vinculados a Rusia y a Irán, con un intento bastante torpe de enganchar el caso con las guerras que Israel libra en su región.
Entre las mentiras que circularon: que la empresa de seguridad biométrica contratada por Ueno Bank formaba parte de un acuerdo nacido con el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén, y que esa misma empresa sería responsable de la muerte de un millón de personas en Gaza. Ni la relación ni la cifra tienen sustento alguno.
La seguridad informática se audita con protocolos de cifrado, estándares internacionales y leyes claras, no con consignas. Decir que el riesgo de un sistema biométrico depende de la bandera de sus ingenieros no protege la privacidad de nadie. Lo único que confirma es que el antisemitismo siempre encuentra un ropaje nuevo, esta vez tecnológico, para justificar la misma sospecha y la misma exclusión de siempre.
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Patrimonio digital
Por: Adelaida Alcaraz
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.
El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.
Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.
Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.
Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.
Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.
“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.
El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.
La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.
Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.
Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.
Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.
La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.
El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.
Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.
La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.
La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.
El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.
La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.
Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.
Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.
En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.
El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.
La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.
La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.
El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.
Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.
Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.
Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.
“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.
Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.
De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.
En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.
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La Corte refuerza la prevención de riesgos digitales e invita a una nueva capacitación
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invita a sus funcionarios a participar de la segunda jornada de capacitación en ciberseguridad, una iniciativa que busca fortalecer la prevención de ataques informáticos y promover el uso seguro de las herramientas digitales dentro de la institución.
La actividad tendrá lugar el jueves 29 de octubre, de 13:00 a 14:30, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, en el marco del Mes de la Ciberseguridad, que se conmemora internacionalmente durante octubre.
Luego de la buena respuesta registrada en la primera jornada, se espera una mayor afluencia de participantes en este nuevo encuentro, que abordará cuestiones clave para la protección de los datos y los sistemas informáticos del Poder Judicial.
Herramientas
Durante la capacitación, los asistentes podrán adquirir herramientas para reconocer amenazas cibernéticas, identificar riesgos, manejar adecuadamente información sensible y prevenir incidentes de seguridad. También se hará hincapié en la importancia de resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos institucionales.
La propuesta forma parte de la campaña integral de concienciación en ciberseguridad dirigida a los funcionarios judiciales y está a cargo de la Dirección de Ciberseguridad y Protección de la Información (DCPI), responsable de impulsar acciones de formación para reducir los riesgos digitales dentro de la institución.
La participación está abierta a los funcionarios interesados. La inscripción se realizará en línea mediante el escaneo de un código QR al inicio del taller.
Las jornadas cuentan con la aprobación del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad informática institucional.
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Pasos clave para proteger el dinero ante el robo o hackeo del teléfono celular
Tras el robo de celular y posterior vaciamiento de cuentas bancarias a un periodista, abogados expertos en ciberseguridad delinean las tres primeras medidas a tener en cuenta. El primer paso es contactar con la entidad bancaria y bloquear tu cuenta en los primeros minutos para salvar tus fondos y luego cerrar cesión de todas tus cuentas, para evitar que accedan a tus datos.
El abogado Stephan Vysokolán, experto en protección de datos personales, brindó las pautas críticas para reaccionar a tiempo y cómo evitar que los delincuentes accedan a nuestra información confidencial.
“Cuando me roban el teléfono, lo primero es buscar alguna forma de contactar con el banco y luego buscar algún otro teléfono o computadora e ingresar a mi correo y cerrar sesión de su Gmail, de su Hotmail o de cualquier otra herramienta que tenga en el teléfono y evitar que el ladrón pueda acceder a esa información”, expresó Vysokolán, en entrevista con “Cuenta Final”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Reacción inmediata
- Contactar de inmediato con el banco: esta es la medida más urgente para bloquear el acceso a las cuentas y detener transferencias fraudulentas. Si el robo ocurre durante el horario de atención al público, acudir presencialmente a cualquier sucursal.
- Cierre remoto de sesiones de correo electrónico: utilizando cualquier otra computadora o el teléfono de un tercero, el afectado debe ingresar urgentemente a sus cuentas de correos u otras plataformas y forzar el cierre de sesión en el dispositivo robado. Esto evita que los asaltantes accedan a correos que sirvan para reestablecer contraseñas financieras.
- Realizar la denuncia policial: acudir a la comisaría para dejar constancia del robo y realizar los trámites correspondientes. Es importante no perder tiempo acudiendo primero a la comisaría y dejar para después el contacto con el banco.
Facilitar las claves
El especialista refirió que muchos usuarios cometen la imprudencia de almacenar contraseñas bancarias o códigos PIN en notas básicas dentro del teléfono sin ningún tipo de seguridad. Al hacer esto, ante un robo, se le facilita todo el trabajo al delincuente.
“Cuando yo en mi teléfono celular almaceno datos que tengan que ver con mi contraseña de alguna cuenta bancaria, algún PIN de acceso a una billetera electrónica de forma muy básica o no protejo esa información, tengo que entender que yo estoy facilitando también que ante un eventual robo”, señaló.
Recomendó implementar barreras de seguridad como el desbloqueo mediante huella dactilar, los códigos PIN y la autenticación de doble factor, con el objetivo de dificultar el acceso no autorizado a la información personal y financiera. “Si yo le voy poniendo esquemas de protección de mis datos a ese delincuente, es probable que no le sea tan fácil acceder a mi cuenta bancaria”, sostuvo.
Argumentó que es necesario fortalecer la conciencia ciudadana sobre el valor de la información y la responsabilidad que implica compartirla, tanto en plataformas digitales como en las actividades cotidianas. “Tenemos que comenzar a entender que nuestro dato es un activo. La información es el petróleo del futuro”, enfatizó.