El presidente de la República, Pedro Alliana, recibió a representantes de sindicatos docentes para articular el rescate de los fondos jubilatorios y dar continuidad al plan de beneficios docentes.

Este encuentro se da en medio un paro indefinido anunciado por varios gremios docentes a partir de hoy lunes 9 de noviembre de 2026.

La medida de fuerza es impulsada por organizaciones como la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Unión Nacional de Educadores (UNE-SN), la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica), Otep-SN y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi)

En la reunión en mandatario prometió priorizar los mecanismos de sostenibilidad para la Caja Fiscal y se coordinaron las mesas técnicas financieras orientadas al Presupuesto 2027.

El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Estado y en la ocasión se abrió canales de diálogo directo con las principales organizaciones gremiales del magisterio para articular el rescate de los fondos jubilatorios y dar continuidad al plan de beneficios docentes.

“Es reunirnos para enfocarnos en las prioridades y darles la tranquilidad como la seguridad de que vamos a poner siempre la educación en el centro de todas nuestras acciones y los beneficios para los maestros. Fue una reunión muy productiva en materia de acciones concretas que vamos a tomar y que vamos a seguir trabajando todos en equipo”, expresó el ministro de Educación, Luis Ramírez, en conferencia de prensa.

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• Mecanismo de recuperación: impulsar un proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo para garantizar la devolución total de los recursos afectados en la Caja Fiscal, el IPS y las demás cajas jubilatorias.
• Gestión del pasivo laboral: concretar la desvinculación efectiva de 1.000 docentes en diciembre y destrabar las resoluciones pendientes de quienes ya tienen el retiro aprobado pero siguen en funciones.
• Prioridades del Presupuesto 2027: financiar el crecimiento vegetativo, asegurar los fondos de gratuidad para mantenimiento escolar y elevar el piso del ajuste salarial del 5 % al 8 % mediante la reorientación de recortes estatales.

“Con relación al presupuesto que la Cámara de Diputados debe estudiar, le mencionamos al presidente la necesidad de una mayor inversión en educación, principalmente en el crecimiento vegetativo que consiste en la contratación de más profesionales del sector educativo para cubrir el déficit. Quedamos de que se van a hacer una serie de recortes y esos recortes, se va a reinvertir en educación”, detalló Silvio Piris, representante de la FEP.

Los docentes realizaron un paro y movilización este lunes debido a la crisis financiera tras la caída de Ueno Bank y la preocupación por los fondos jubilatorios de la Caja Fiscal y del IPS. Es de recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) denunció el viernes último la colocación de unos USD 60 millones de la Caja Fiscal a Ueno Bank, registrada en julio del año 2025.

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Los efectos de la crisis de Ueno Bank podrían extenderse más allá de la entidad financiera y derivar en eventuales acciones legales contra el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Estado, ante una posible falla de supervisión, señaló el economista César Addario. Advirtió que un litigio de estas características podría generar un pasivo contingente y repercutir en las tasas de interés que paga el país en los mercados internacionales.

Durante una entrevista en el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN, el economista explicó que uno de los principales riesgos para Paraguay es que los tenedores de bonos vinculados a la crisis decidan iniciar acciones no solo contra la entidad involucrada, sino también contra los organismos responsables de la supervisión del sistema financiero.

Addario mencionó que existen antecedentes de situaciones similares en Argentina y Venezuela, por lo que consideró necesario anticiparse a posibles escenarios legales. Si bien sostuvo que las reservas internacionales del país se encuentran blindadas, alertó que un litigio podría resultar costoso, generar contingencias para el Estado y terminar afectando el costo del financiamiento externo.

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En paralelo, advirtió que la situación ya tuvo repercusiones en la percepción de riesgo de Paraguay. Según explicó, el mercado castigó los bonos paraguayos y el rendimiento del título de largo plazo superó el 7 %, reflejando una pérdida de confianza entre los inversores.

El economista alertó además sobre el riesgo de que los fondos que actualmente mantienen bonos paraguayos en sus carteras comiencen a desprenderse de estos instrumentos, lo que presionaría todavía más sus precios. En ese sentido, consideró que el Gobierno debe actuar rápidamente y presentar un plan concreto a los tenedores, con explicaciones sobre el manejo de la crisis, las medidas fiscales previstas y el cumplimiento de la regla fiscal en 2028.

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La movilización docente prevista para este lunes arrancará a las 8:00 y se extenderá por tiempo indefinido, anunciaron gremios de la educación.

No levantarán la medida hasta que el Poder Ejecutivo les dé respuestas a sus exigencias como garantías urgentes para resguardar los fondos públicos y jubilatorios depositados en la Caja Fiscal.

La convocatoria es en la Plaza de Armas, ubicada frente al Congreso Nacional para los docentes de capital, Central y Bajo Chaco, y los del interior en las distintas cabeceras departamentales y distritales. El cese de actividades académicas afectará a las instituciones educativas públicas de todo el país.

Los educadores exigen explicaciones claras sobre el destino de los recursos previsionales, la devolución de los fondos comprometidos y garantías para proteger las jubilaciones. El reclamo apunta a esclarecer las responsabilidades de quienes autorizaron las operaciones financieras cuestionadas, y a que las autoridades investiguen las presuntas irregularidades denunciadas por el Ministerio de Economía y Finanzas ante el Ministerio Público.

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Sostienen que la movilización busca defender sus derechos, proteger sus futuras jubilaciones y exigir transparencia en el manejo del dinero público.

“Vamos a salir a exigir que el gobierno actual nos garantice la devolución del dinero de la Caja Fiscal. Son 60 millones de dólares que están en riesgo de perderse y con eso prácticamente, la Caja Fiscal está en quiebra”, expresó Silvio Piris, de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay (FEP).

Recordó que el aporte jubilatorio subió un 3% más para fondear la Caja Fiscal. “Y es inaceptable que este dinero se pierda”, subrayó.

Asimismo, exigirán que se garantice la devolución de los 350 millones de dólares de IPS. Por otro lado, pedirán que se agilicen las vinculaciones de los compañeros que tienen resolución de jubilación.

“Es importante destacar que si no nos movilizamos, principalmente los docentes activos, también le convocamos a los jubilados porque son los más perjudicados, ya que no saben hasta cuándo van a cobrar su haberes, y los docentes activos no sabemos si vamos a poder jubilarnos, ya que la Caja Fiscal está prácticamente en quiebra”, lamentó el gremialista.

Además, invitan a padres de familia y a toda la ciudadanía a acompañar la manifestación, bajo la consigna de defender una educación digna y el bienestar de los trabajadores de la educación.

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La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.

Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.

Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.

“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.

El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.

Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.

Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.

La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.

“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.

El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.

A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.

El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.

En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.

Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.

“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.