La Policía Nacional logró identificar a la mujer asesinada en la ciudad de Ñemby el martes, presumiblemente por su pareja. Se trata de Ana Paula Jara Acosta, de 22 años de edad, y en el mes de julio pasado ya había denunciado que intentaron matarla.
La fiscal Yrides Ávila explicó este miércoles que la mujer recibió al menos dos disparos de arma de fuego a la altura de la cabeza y vivía en el barrio Tacumbú de Asunción. Aparentemente, el supuesto autor citó a la víctima en la ciudad de Ñemby para acabar con su vida.
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“Estamos confirmando varios aspectos y tenemos mucho que hacer, como descartar la información que manejamos en segunda instancia. La víctima presenta dos disparos en la cabeza, testigos dicen que escucharon tres disparos”, manifestó la fiscal en comunicación con la radio 1080 AM.
Mencionó que la pareja llegó hasta el barrio La Lomita de la ciudad de Ñemby a bordo de una motocicleta, posteriormente empezó una fuerte discusión y el autor del hecho terminó acabando con la vida de Acosta Jara con disparos de arma de fuego.
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“Entendemos que su presencia (de la víctima) fue circunstancial en la ciudad de Ñemby porque no vivía por el lugar. Sostenemos que el hecho de haberla citado en el lugar ya era con esa intención, concurrir a un sitio armado es por algo, portar un arma es por algo”, agregó Ávila.
De acuerdo con datos de la Fiscalía, suman al menos 29 los casos de feminicidio ocurridos en el país en lo que va del año, lo que preocupa de sobremanera a organizaciones sociales y autoridades. Los casos ocurridos dejaron ya más de 55 huérfanos.
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Sistema 911 registra 80 % de llamadas de no emergencia
Este sábado, la Policía Nacional informó que el Sistema 911 recibió más de 4.800 llamadas en la jornada anterior y que el 80 % fue de no emergencia, retrasando la ayuda a las personas que realmente necesitan. Un total de 2.933 personas llamaron, pero no contestaron a las operadoras.
Según el reporte de la institución, el sistema policial recibió ayer viernes un total de 4.856 llamadas, aunque de este número 3.829 fueron de no emergencias. Situación que retrasa la asistencia a las personas que necesitan como los casos de violencias familiar.
El desglose de llamadas muestra que 2.933 contactos fueron de personas que ingresan al sistema de emergencia y no contestan; de este número, 2.055 llaman y cortan de inmediato; 481 contactan, pero seguidamente quedan en silencio y 397 ingresan al sistema involuntariamente.
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En tanto que 221 personas llamaron para pedir información, 205 fueron ciudadanos en aparente estado de inestabilidad metal, 205 llamadas equivocadas, 181 contactos fueron de niños jugando, 42 juzgamiento inadecuado, 32 operativas, 5 mensajerías, insultos fueron 4 llamadas y uno fue por dispositivo automático.
El informe también señala que 1.021 contactos fueron por personas que realmente requirieron asistencia: 152 por violencia familiar, 147 por polución sonora, 126 perturbación a la paz pública, 91 accidentes de tránsitos, 75 fueron pedidos de auxilio y 437 por otros códigos.
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Gobierno activa la Operación Responsum con 4.500 efectivos contra el crimen organizado
Autoridades de organismos de seguridad del Estado presentaron la “Operación Responsum”, con acciones estratégicas y coordinadas que estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, para fortalecer la prevención, la inteligencia, investigación y la capacidad de respuesta frente al crimen organizado, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.
Dicho operativo fue presentado durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro del Interior, Enrique Riera, junto a su par de Defensa Nacional, Oscar González; además de viceministros y autoridades militares y policiales.
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El ministro Riera señaló que este plan es una respuesta concreta del Estado al crimen organizado, con la capacidad y potencia de un Estado organizado, poniendo todo el poder y fuerza, tal como instruyó el presidente Santiago Peña.
Mencionó que las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, integran fuerzas combinadas a lo largo y ancho del país, con fuerzas de élite y poder de fuego suficiente, para responder a los desafíos que hoy vivimos. Estiman la participación de unos 4.500 efectivos.
Trabajo conjunto
Por su parte, el ministro de Defensa Nacional Oscar González, explicó que la presencia de las autoridades de las instituciones a cargo es para demostrar el trabajo conjunto de policías y militares en bien de la seguridad de la ciudadanía, respetando la doctrina de empleo, la naturaleza de las Fuerzas Armadas de la Nación y la misión constitucional de la Policía Nacional.
Explicó que las Fuerzas Armadas están habilitadas para enfrentar al crimen organizado, que dispone de armamentos de guerra, un entrenamiento seudo militar y el afán de ponerse por encima de la facultad soberana del Estado paraguayo.
Puntualizó que en estos casos, las Fuerzas Armadas van a trabajar conjunta, coordinada, y respetuosamente con la Policía Nacional, teniendo como objetivo la seguridad de la ciudadanía, que merece vivir en paz y tranquilidad, para que pueda garantizar su bienestar y progreso.
La “Operación Responsum” contempla la reorganización de las capacidades tácticas y de inteligencia, con despliegue focalizado en zonas estratégicas, para optimizar la intervención ante hechos de gran magnitud, reforzando además la presencia del Estado en áreas críticas.
Indicó que es una estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, proteger a la población y preservar el orden público mediante una actuación articulada y sostenida. Asimismo, es para optimizar la intervención ante hechos de gran magnitud, reforzando además la presencia del Estado en áreas críticas.
Como parte de esta política de fortalecimiento institucional, la Policía Nacional avanza también en la creación de las Agrupaciones de Acciones Tácticas Departamentales, una nueva estructura especializada destinada a brindar apoyo táctico en todo el territorio nacional y consolidar una respuesta más rápida, coordinada y eficiente en favor de la seguridad de la ciudadanía.
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Títulos falsos: comisión especial trabajará en varias etapas
El senador Patrick Kemper preside la comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, y este miércoles presentó un informe al pleno de la Cámara de Senadores sobre el esquema de trabajo que desarrollarán los integrantes de la comisión durante las indagaciones. En este sentido, indicó que el trabajo estará dividido en varias partes.
“Va estar dividido el trabajo, inicialmente en varias etapas, que va ser presentado en nuestra próxima reunión de la semana que viene, nuestra primera reunión de trabajo formal. Queremos dividir ese trabajo en varias etapas donde primero abordaremos un diagnóstico institucional y normativo, se definen los objetivos generales específicos, cuáles son las instituciones que van a ser parte del proceso de investigación o recabación de información”, refirió el senador durante la sesión ordinaria.
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En este sentido, la comisión involucra al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Secretaría de la Función Pública, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones.
“Creemos poder completar un mapa institucional, una matriz de competencia, una matriz de responsabilidades legales, nos costó mucho encontrar un lugar donde tengamos toda la información junta, y creemos que ese va ser uno de los aportes dentro de nuestro informe final”, expuso Kemper.
Además, se desarrollará una etapa “para tener un censo nacional de universidades, instituciones y carreras, ya que nos cuesta mucho poder encontrar en un solo lugar todo. Estamos preparando una batería de informes que probablemente vamos a comenzar a enviar desde mañana o el viernes, para poder tener informaciones oficiales de instituciones que son parte de este proceso”.
Como resultado de esa etapa de informes, el objetivo es desarrollar una base de control académico, también definir las falencias, y en una siguiente etapa avanzar en una auditoria forense de títulos y certificados con el fin de identificar la autenticidad documental. También se incluye la investigación sobre un posible esquema de venta o comercialización, donde se pretende determinar sobre la intermediación para la obtención de los títulos.
Ya en el informe final, el senador señaló que el objetivo es dejar un plan nacional de acción “donde se pueda tener un informe técnico, un informe jurídico, un informe legislativo, de responsabilidades, una base de riesgo institucional, una agenda legislativa para presentar al pleno del Senado”.
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Según jueza, investigación determinó que no fueron los dueños quienes atentaron contra Canela
Este martes, la jueza Carmen Román, quien ordenó la restitución de Canela a sus propietarios originales, informó que la medida fue tomada tras una investigación que duró seis meses y que determinó que la familia original de la perrita no fue la que ocasionó el daño. Hasta el momento está imputado un adolescente que sería vecino de los propietarios.
Según la magistrada, hace seis meses el Ministerio Público abrió la investigación en el caso y fue la familia la que solicitó en su momento que Canela les sea devuelta. En ese periodo de tiempo se pudo constatar que sus dueños intentaron involucrarse y colaborar con el tratamiento de la afectada, pero no le permitieron.
Existe una carpeta fiscal en la que se presentaron todas las evidencias como circuito cerrado, testimonios testificales, información de la institución que asistió a la can y hay un menor de 17 años imputado en el caso.
“Canela sufrió esas agresiones, pero no fue en el entorno familiar y no fueron hijos de los dueños los que provocaron este daño, no fue así, esa información está totalmente tergiversada. Toda la presión mediática que afectó muchísimo, porque la información era que este adolescente le puso la bomba en la boca”, detalló la jueza, en entrevista con NPY.
Cómo ocurrió el hecho
La jueza aseguró que lo mismo está ocurriendo ahora que se libró esta orden, porque la información que está siendo divulgada es que Canela volverá con sus agresores. “En todo momento le pidieron para que puedan dar en adopción a la perrita y la familia original se había negado”, afirmó.
Además, explicó que el hecho fue provocado por un adolescente del barrio que vive a cuadras de la casa de la familia y que pasaba por ahí, como era motivo de fiestas de fin de año, utilizó un explosivo en este caso un cebollón. “Prendió la pirotecnia la cual tiró y Canela salió de la casa detrás de ese destello. No pasó dentro del domicilio, ella cruzó la calle”, manifestó.
Agregó que al ver lo ocurrido, la familia asistió a su perrita e incluso hicieron llegar su aporte monetario para su tratamiento. “Luego les llegó la prohibición de que se puedan acercar, lo que les imposibilitó seguir el proceso de recuperación e intervenciones a la que fue sometida”, resaltó.
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Desacato
Román resaltó que existe una ley que obliga a las personas a cumplir los mandatos judiciales y que en el caso de que no entreguen a Canela, la persona que la tiene estaría en desacato.“Existe una resolución fundada argumentada y existe una ley que nos obliga a todos a cumplir lo que establece un mandato judicial. Se llegó a la conclusión de que no fueron los dueños los que generaron esa agresión, entonces, no existe una razón del por qué sacarle de su entorno familiar”, finalizó la jueza.
Canela había sido sometida a varias cirugías, incluida la colocación de una prótesis mandibular, y se encontraba en proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria especializada luego de que sufriera graves heridas al estallar un “cebollón” en su hocico el 1 de enero pasado.
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