Ciudad del Este. Agencia Regional.

Tras la inspección del cuerpo de Francisco Daniel López Peña (25), hallado esta tarde en el río Paraná, la inspección forense a cargo del doctor Eduardo Cano, confirmó que tiene una herida de bala en el tórax, con orificio de entrada y salida. Esto fue señalado a La Nación/Nación Media por el fiscal que investiga el caso, Alberto Torres.

El agente refirió que el dato revelado confirma el homicidio del hombre que estaba siendo buscado desde el pasado 19 de julio, cuando fue visto última vez en el barrio Tres Fronteras, de Presidente Franco. Asimismo, refirió que se ampliará la causa a homicidio doloso y analizará quienes de los cuatro imputados, continuarán siendo procesados.

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Cabe recordar que son cuatro los privados de su libertad como sospechosos por la desaparición de Francisco Daniel y con la confirmación del homicidio, algunos serán imputados como presuntos autores. Hay un menor de 16 años que fue desvinculado del proceso, después de haber colaborado con datos clave en la investigación, según el fiscal Alberto Torres.

El fiscal manifestó que las sospechas apuntan a uno de los detenidos, pero todavía esperará algunos informes para definir la ampliación de la imputación que inicialmente está como omisión de dar aviso.

Los vecinos del barrio Tres Fronteras se movilizaron en gran cantidad para solidarizarse con la familia y acompañar el proceso de inspección del cuerpo en una funeraria y exigieron justicia en el caso. Francisco era un estibador en la costa y en el día de su desaparición estuvo compartiendo con algunos jóvenes de su mismo barrio.

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El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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En el marco de la causa del homicidio de la niña Melania Monserrat, de 11 años, ocu­rrido el pasado 21 de julio de 2025 en la localidad de Fulgencio Yegros, Caa­zapá, continúan las dili­gencias investigativas y se hará la reconstrucción de los hechos.

La fiscal Laury Vázquez comunicó de manera oficial que se realizará la recons­trucción de los hechos a los efectos de ubicarse en el lugar donde se dio el hallazgo y contar con la participación de los testi­gos, que aportaron datos importantes a la investi­gación.

La misma destacó que esta diligencia será de suma trascendencia para escla­recer el hecho; así tam­bién, indicó a los medios de comunicación que ya se encuentra programada la pericia informática de los teléfonos celulares, incau­tados durante la investiga­ción.

Entre estos aparatos se encuentra el hallado en la vivienda de una amiga cer­cana de la víctima, que se presume también habría sido utilizado por Melania, y los celulares de ambos imputados.

La información que se pueda llegar a recuperar de estos celulares se considera clave para el caso.

En cuanto a las muestras biológicas recolectadas, la fiscala Vázquez indicó que se aguardan los resulta­dos del laboratorio forense, los cuales continúan pen­dientes, y que los mismos permitirán realizar compa­raciones con las extraídas a los imputados.

El fiscal Carlos Ramírez mencionó que la situación procesal de Marcelo Gimé­nez “no ha variado”, por lo que sigue vinculado a la causa penal, hasta tanto exista alguna evidencia que descarte por completo su participación en el homi­cidio de la niña.

“A estas alturas no podemos descartar absolutamente nada”, mencionó al ser consul­tado también sobre la posible complicidad que podría tener la madre de ambos detenidos.

Este miércoles 30 de julio dio comienzo al juicio oral y público para el agente policial Oliver Lezcano y su pareja, Ada Ruiz Díaz, quienes están acusados por el homicidio doloso del militar Líder Javier Ríos, ocurrido en enero del 2023. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por los jueces Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampo.

Desde el Ministerio Público valoran el trabajo técnico policial sobre el cual se basa la acusación y que ha sido atacado por las defensas a través de numerosos incidentes, todos ellos rechazados en etapa preliminar como también al inicio del juicio oral.

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Al inicio del juicio oral se presentaron más de 24 incidentes por parte de los acusados, numerosos de ellos relacionados a las actuaciones policiales en el marco de la investigación del asesinato del efectivo militar, quien además trabajaba de manera independiente como chofer de plataforma de transporte.

El agente policial Oliver Lezcano se fugó de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el 28 de setiembre del año pasado, donde cumplía prisión preventiva desde el 26 de enero de 2023. Su fuga fue motivo de polémica debido a que el propio ministro de Justicia, Ángel Barchini, había asegurado a pesar de no contar con pruebas que el mismo fue asesinado y desmembrado dentro de la cárcel, versión que posteriormente fue desmentida con un video por parte del procesado agente policial.

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