El jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, Hugo Grance, señaló este martes que continúa la investigación sobre el cuerpo hallado calcinado en un auto en la ciudad de Capiatá, pero hasta el momento no hay mayores avances.
“Estamos colectando información, conversando con la familia que está aportando datos para la investigación. Estamos aguardando algunos dictámenes, en virtud al informe forense final y los informes de Criminalística”, dijo el comisario en comunicación con la radio 780 AM.
Mencionó que el fallecido, identificado como Alcides Ortega, un despachante de Aduanas de 39 años, ya habría recibido una amenaza días antes de lo ocurrido en la ciudad de Capiatá y que el caso es complejo porque el cuerpo fue encontrado en una zona despoblada.
Grance indicó que la denuncia del hecho ocurrido antes de encontrarlo calcinado fue presentada en la Comisaría de la ciudad de Nueva Colombia, departamento de Cordillera, donde aparentemente Alcides Cabral fue seguido por un grupo de personas con la intención de secuestrarlo y despojarle de todas sus pertenencias.
Lea más: Salud insiste en la importancia de la vacunación contra el COVID-19
“En el primer suceso la víctima había anunciado un abordaje de personas extrañas que lo han raptado y lo han despojado de sus pertenencias, según menciona en un audio publicado. En aquella oportunidad dice que logró escaparse y radicó la denuncia, fue atendido también por médicos del centro de salud de la zona”, agregó el uniformado.
Vecinos del barrio Naranjaisy de la ciudad de Capiatá se llevaron un gran susto luego de una terrible explosión de un vehículo en la zona, por lo que llamaron a los bomberos, quienes tras apagar las llamas, se encontraron con un cuerpo calcinado en el habitáculo. El mismo fue identificado días después como Alcides Ortega.
Puede interesarle: Inconciencia ciudadana: crean minivertedero en plena vereda de calle capitalina
Dejanos tu comentario
Gobierno activa la Operación Responsum con 4.500 efectivos contra el crimen organizado
Autoridades de organismos de seguridad del Estado presentaron la “Operación Responsum”, con acciones estratégicas y coordinadas que estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, para fortalecer la prevención, la inteligencia, investigación y la capacidad de respuesta frente al crimen organizado, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.
Dicho operativo fue presentado durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro del Interior, Enrique Riera, junto a su par de Defensa Nacional, Oscar González; además de viceministros y autoridades militares y policiales.
Le puede interesar: Informe de Peña ante el Congreso será nuevamente en horas de la noche
El ministro Riera señaló que este plan es una respuesta concreta del Estado al crimen organizado, con la capacidad y potencia de un Estado organizado, poniendo todo el poder y fuerza, tal como instruyó el presidente Santiago Peña.
Mencionó que las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, integran fuerzas combinadas a lo largo y ancho del país, con fuerzas de élite y poder de fuego suficiente, para responder a los desafíos que hoy vivimos. Estiman la participación de unos 4.500 efectivos.
Trabajo conjunto
Por su parte, el ministro de Defensa Nacional Oscar González, explicó que la presencia de las autoridades de las instituciones a cargo es para demostrar el trabajo conjunto de policías y militares en bien de la seguridad de la ciudadanía, respetando la doctrina de empleo, la naturaleza de las Fuerzas Armadas de la Nación y la misión constitucional de la Policía Nacional.
Explicó que las Fuerzas Armadas están habilitadas para enfrentar al crimen organizado, que dispone de armamentos de guerra, un entrenamiento seudo militar y el afán de ponerse por encima de la facultad soberana del Estado paraguayo.
Puntualizó que en estos casos, las Fuerzas Armadas van a trabajar conjunta, coordinada, y respetuosamente con la Policía Nacional, teniendo como objetivo la seguridad de la ciudadanía, que merece vivir en paz y tranquilidad, para que pueda garantizar su bienestar y progreso.
La “Operación Responsum” contempla la reorganización de las capacidades tácticas y de inteligencia, con despliegue focalizado en zonas estratégicas, para optimizar la intervención ante hechos de gran magnitud, reforzando además la presencia del Estado en áreas críticas.
Indicó que es una estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, proteger a la población y preservar el orden público mediante una actuación articulada y sostenida. Asimismo, es para optimizar la intervención ante hechos de gran magnitud, reforzando además la presencia del Estado en áreas críticas.
Como parte de esta política de fortalecimiento institucional, la Policía Nacional avanza también en la creación de las Agrupaciones de Acciones Tácticas Departamentales, una nueva estructura especializada destinada a brindar apoyo táctico en todo el territorio nacional y consolidar una respuesta más rápida, coordinada y eficiente en favor de la seguridad de la ciudadanía.
Siga informado con: La unidad colorada pisa suelo chaqueño rumbo a las municipales generales
Dejanos tu comentario
Títulos falsos: comisión especial trabajará en varias etapas
El senador Patrick Kemper preside la comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, y este miércoles presentó un informe al pleno de la Cámara de Senadores sobre el esquema de trabajo que desarrollarán los integrantes de la comisión durante las indagaciones. En este sentido, indicó que el trabajo estará dividido en varias partes.
“Va estar dividido el trabajo, inicialmente en varias etapas, que va ser presentado en nuestra próxima reunión de la semana que viene, nuestra primera reunión de trabajo formal. Queremos dividir ese trabajo en varias etapas donde primero abordaremos un diagnóstico institucional y normativo, se definen los objetivos generales específicos, cuáles son las instituciones que van a ser parte del proceso de investigación o recabación de información”, refirió el senador durante la sesión ordinaria.
Te puede interesar: Finca 66: Contraloría Ciudadana ratifica denuncia contra Miguel Prieto
En este sentido, la comisión involucra al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Secretaría de la Función Pública, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones.
“Creemos poder completar un mapa institucional, una matriz de competencia, una matriz de responsabilidades legales, nos costó mucho encontrar un lugar donde tengamos toda la información junta, y creemos que ese va ser uno de los aportes dentro de nuestro informe final”, expuso Kemper.
Además, se desarrollará una etapa “para tener un censo nacional de universidades, instituciones y carreras, ya que nos cuesta mucho poder encontrar en un solo lugar todo. Estamos preparando una batería de informes que probablemente vamos a comenzar a enviar desde mañana o el viernes, para poder tener informaciones oficiales de instituciones que son parte de este proceso”.
Como resultado de esa etapa de informes, el objetivo es desarrollar una base de control académico, también definir las falencias, y en una siguiente etapa avanzar en una auditoria forense de títulos y certificados con el fin de identificar la autenticidad documental. También se incluye la investigación sobre un posible esquema de venta o comercialización, donde se pretende determinar sobre la intermediación para la obtención de los títulos.
Ya en el informe final, el senador señaló que el objetivo es dejar un plan nacional de acción “donde se pueda tener un informe técnico, un informe jurídico, un informe legislativo, de responsabilidades, una base de riesgo institucional, una agenda legislativa para presentar al pleno del Senado”.
Leé también: Gobierno impulsa la “Nueva Ruralidad” para transformar el desarrollo del campo
Dejanos tu comentario
Finca 66: Contraloría Ciudadana ratifica denuncia contra Miguel Prieto
Desde la Contraloría Ciudadana se ratificó la denuncia realizada hace dos años, sobre un supuesto montaje en la licitación en la mensura judicial de la finca 66, en la administración de Miguel Prieto al frente de la municipalidad de Ciudad del Este. El abogado Víctor Núñez, miembro de la Contraloría Ciudadana, adelantó que se realizará la ampliación de la denuncia penal en contra del exjefe comunal.
“Nosotros hemos denunciado hace dos años la famosa licitación para la mensura judicial de la finca 66 de Ciudad del Este, al descubrir que fue todo un montaje para dilapidar los recursos de la municipalidad”, explicó en entrevista con la 650 AM.
La organización realizó la denuncia por graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en ese entonces, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, que conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, fue por la suma de casi G. 2.700 millones.
Te puede interesar: Fuerza Republicana ratifica el respaldo a la Lista 1 en agasajo a sus candidatos
“Del análisis bastante profundo que hicimos, de las documentaciones que accedimos del portal de la Dirección de Contrataciones Públicas, pudimos detectar que fue un absoluto montaje. Se licitó la mensura judicial y se contrató a una empresa, todos los rubros contratados que se refiere el contrato tienen el mismo monto, de 277.300.000 (guaraníes)”, detalló. Con relación a los involucrados en este “esquema” el abogado señaló que en principio el principal responsable es el intendente de ese entonces, pero que también existen otras personas involucradas.
“Los denunciados encabeza Miguel Prieto y todas las personas que participaron, cabe al Ministerio Público verificar quiénes participaron de ese montaje. La abogada Nidia Silguero de Prieto, ella dictaminó que la contratación de la empresa Geocad, que dice previo dictamen de la asesoría jurídica, y ella era la directora jurídica en ese entonces de la municipalidad de Ciudad del Este”, apuntó Núñez.
Leé también: Núñez cuestiona proyecto de divorcio exprés: “Estará enlenteciendo algunos casos”
Dejanos tu comentario
Según jueza, investigación determinó que no fueron los dueños quienes atentaron contra Canela
Este martes, la jueza Carmen Román, quien ordenó la restitución de Canela a sus propietarios originales, informó que la medida fue tomada tras una investigación que duró seis meses y que determinó que la familia original de la perrita no fue la que ocasionó el daño. Hasta el momento está imputado un adolescente que sería vecino de los propietarios.
Según la magistrada, hace seis meses el Ministerio Público abrió la investigación en el caso y fue la familia la que solicitó en su momento que Canela les sea devuelta. En ese periodo de tiempo se pudo constatar que sus dueños intentaron involucrarse y colaborar con el tratamiento de la afectada, pero no le permitieron.
Existe una carpeta fiscal en la que se presentaron todas las evidencias como circuito cerrado, testimonios testificales, información de la institución que asistió a la can y hay un menor de 17 años imputado en el caso.
“Canela sufrió esas agresiones, pero no fue en el entorno familiar y no fueron hijos de los dueños los que provocaron este daño, no fue así, esa información está totalmente tergiversada. Toda la presión mediática que afectó muchísimo, porque la información era que este adolescente le puso la bomba en la boca”, detalló la jueza, en entrevista con NPY.
Cómo ocurrió el hecho
La jueza aseguró que lo mismo está ocurriendo ahora que se libró esta orden, porque la información que está siendo divulgada es que Canela volverá con sus agresores. “En todo momento le pidieron para que puedan dar en adopción a la perrita y la familia original se había negado”, afirmó.
Además, explicó que el hecho fue provocado por un adolescente del barrio que vive a cuadras de la casa de la familia y que pasaba por ahí, como era motivo de fiestas de fin de año, utilizó un explosivo en este caso un cebollón. “Prendió la pirotecnia la cual tiró y Canela salió de la casa detrás de ese destello. No pasó dentro del domicilio, ella cruzó la calle”, manifestó.
Agregó que al ver lo ocurrido, la familia asistió a su perrita e incluso hicieron llegar su aporte monetario para su tratamiento. “Luego les llegó la prohibición de que se puedan acercar, lo que les imposibilitó seguir el proceso de recuperación e intervenciones a la que fue sometida”, resaltó.
Te puede interesar: Inicia misión médica con especialistas estadounidenses y paraguayos en Capiatá
Desacato
Román resaltó que existe una ley que obliga a las personas a cumplir los mandatos judiciales y que en el caso de que no entreguen a Canela, la persona que la tiene estaría en desacato.“Existe una resolución fundada argumentada y existe una ley que nos obliga a todos a cumplir lo que establece un mandato judicial. Se llegó a la conclusión de que no fueron los dueños los que generaron esa agresión, entonces, no existe una razón del por qué sacarle de su entorno familiar”, finalizó la jueza.
Canela había sido sometida a varias cirugías, incluida la colocación de una prótesis mandibular, y se encontraba en proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria especializada luego de que sufriera graves heridas al estallar un “cebollón” en su hocico el 1 de enero pasado.
Lea también: Defensa Animal rechaza que Canela sea devuelta al hogar donde le destrozaron el hocico