De los 34 fallecimientos registrados en las últimas semanas, 28 no contaban con la vacuna. Mientras que el 77% de los hospitalizados tampoco estaban inmunizados. Foto: Archivo/Nadia Monges.
Incremento de fallecidos e internados guardan relación directa con no vacunados
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La nueva ola emergente de COVID-19 tiene una relación directa con personas no vacunadas. Así lo revelan las cifras expuestas hoy viernes por el Ministerio de Salud a través de la dirección de Vigilancia de la Salud. Los números y datos reflejan que aquellas personas no vacunadas requieren mayor asistencia médica, son responsables del mayor índice de fallecimientos y del mayor número de nuevos casos de coronavirus.
Tomando como medida el último mes, se tiene un total de 630 casos confirmados a nivel país. Según la directora de Vigilancia de la Salud, la doctora Sandra Irala, en las últimas 4 semanas, la gran mayoría de los casos se trata de personas no vacunadas, la nueva ola que se viene dibujando en el país pertenece a personas que no se aplicaron sus dosis de inmunización.
“Es un rebrote importante de la enfermedad para nuestro país, representa la tercera ola de casos. La característica común con los demás casos crecientes en el resto del mundo es que se deben a personas que no se han vacunado”, explicó la doctora Irala.
A su vez, aclaró que la vacuna impide los contagios en grandes proporciones y que si se alcanza la cifra de 80% de inmunizados, los 300 casos en promedio se reducirán en importante medida. La menor cantidad de casos se traduce en menos hospitalizados, por lo que el sistema de salud estará equilibrado.
La variante predominante de preocupación es la delta representando el 98% de los casos, y que registró 24 nuevos casos. De 380 pacientes infectados con esta variante, entre julio a noviembre de este año, 30 fueron hospitalizados y 7 fallecieron. Esto expone los mayores índices de contagio que representa la cepa delta, pero no necesariamente indican una mayor severidad de la enfermedad, según explicaron desde Vigilancia de la Salud.
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Foto: Gentileza
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La licenciada Silvia Gavilán, encargada distrital del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), habló de las estrategias aplicadas en Concepción para evitar un brote de sarampión, por las cercanías con el distrito de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), donde se confirmaron los primeros casos de la enfermedad.
Se están intensificando las campañas de vacunación domiciliaria y se insta a los padres a facilitar el trabajo a los vacunadores, de modo a que los niños completen el esquema de inmunización.
“Nosotros estamos en alerta epidemiológica. Es de público conocimiento que hay un brote de sarampión, inició con un primer caso, ahora ya tenemos cuatro casos confirmados. Y es un departamento demasiado cercano a lo nuestro”, señaló al canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.
Según informes de la zona, los padres se rehúsan a la inmunización ya sea por creencias religiosas o no confían en los biológicos o simplemente no quieren acercarse a los vacunatorios.
“Nosotros mensualmente recibimos planillas del PAI nacional, niños pendientes de vacunación, con números de teléfono y nombre de la madre. Se les pide que se acerquen al vacunatorio si no se acercan se les vuelve a llamar. Si los padres son responsables, le pasan la ubicación al vacunador y el vacunador se va a vacunarle en la casa”, subrayó.
El diputado Rodrigo Gamarra indicó que, si se confirma que Mario Abdo tiene guardado en islas fiscales dinero vinculado al saqueo durante la pandemia, no solo es corrupción, sino también crimen moral y lesa humanidad. Foto: Archivo
Abdo offshore: CGR y Fiscalía no deben ignorar las denuncias, señalan
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El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la Justicia paraguaya debe actuar, sin pactos ni silencios tras la grave denuncia periodística realizada por un medio argentino, donde se publicó que el expresidente Mario Abdo Benítez tendría dinero escondido en paraísos fiscales.
A su criterio, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado ante las graves denuncias sobre las presuntas cuentas bancarias del exmandatarioen el paraíso fiscal de Seychelles (África).
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que de confirmarse el incremento patrimonial familiar y que gran parte de ese dinero fue durante la pandemia no solo se estaría hablando de corrupción, sino de algo más grave como crimen moral y de lesa humanidad.
El hecho resultaría sumamente grave, ya que se confirmaría que Abdo Benítez escondió 21 millones de dólares en cuentas offshore mientras era presidente y después de salir, el país se encuentra ante uno de los escándalos más inmorales de toda nuestra historia.
“Si ese dinero está vinculado al saqueo que sufrimos durante la pandemia, cuando la gente moría sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos, lo que nos pasamos gritando y denunciando, entonces no hablamos solo de corrupción, hablamos de crimen moral y de lesa humanidad. No tiene perdón de Dios”, sentenció.
Recordó que durante la pandemia el pueblo gritaba que estaba siendo asaltado en plena tragedia nacional; sumado al silencio y complicidad de algunos medios, el expresidente y su entorno habrían estado transfiriendo millones a las Islas Seychelles. “Hoy, esas denuncias ya no son meras sospechas que deben ser investigadas”, señaló.
Sin pactos ni silencio
Gamarra destacó que también se evidencia que Abdo Benítez usó el poder para perseguir a sus adversarios. Entonces, ahora debe explicar cómo multiplicó aparentemente su patrimonio en paraísos fiscales. “La Justicia debe actuar, sin pactos ni silencios y la Contraloría y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado”, precisó.
Agregó que si este caso no es investigado y la ciudadanía lo deja pasar “estamos diciendo que robarle al pueblo en su momento más doloroso se puede ignorar y salir impune. La Fiscalía debe actuar de oficio y esclarecer lo antes posible este escándalo nacional y mundial”, concluyó.
Trump decidió retirar a Estados Unidos de la OMS, pero el Departamento de Estado precisó que las enmiendas a los reglamentos del año pasado todavía eran vinculantes para el país.Foto: Fabrice Coffrini/AFP
Trump retira a EE. UU. de las reformas de OMS para combatir pandemias
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El gobierno del presidente Donald Trump informó este viernes que Estados Unidos rechaza los cambios acordados en 2024 por los países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las medidas para combatir las pandemias por considerar que violan su soberanía.
En cuanto regresó al poder el pasado 20 de enero, Trump decidió retirar a Estados Unidos de este organismo de la ONU, pero el Departamento de Estado precisó que las enmiendas a los reglamentos del año pasado todavía eran vinculantes para el país.
El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, muy crítico con las vacunas, arremetieron en un comunicado contra los cambios. “Corren el riesgo de una interferencia injustificada” en el “derecho soberano nacional a elaborar nuestra política sanitaria”, dicen.
“Anteponemos a los estadounidenses en todas nuestras acciones y no toleraremos políticas internacionales que infrinjan la libertad de expresión, la privacidad o las libertades personales de los estadounidenses”, añaden.
Rubio y Kennedy desvincularon a Estados Unidos de una serie de enmiendas a los reglamentos sanitarios internacionales que proporcionan un marco legal para combatir enfermedades, acordadas el año pasado en la Asamblea mundial de la salud en Ginebra.
Las enmiendas introducen la noción de “urgencia pandémica” y más “solidaridad y equidad”, según la OMS.
En su oposición a las enmiendas, Rubio y Kennedy también estiman que los cambios “no abordan adecuadamente la susceptibilidad de la OMS a la influencia política y la censura, especialmente de China, durante los brotes”.