Emylce Ana Giménez, juez de primera instancia de la Niñez y la Adolescencia quien también interina en lo Civil y Comercial en la ciudad de Itakyry, Alto Paraná, comunicó a Édgar Olmedo, presidente del Instituto Nacional del Indígena (Indi) que se procederá al desalojo de la comunidad indígena Ka’a Poty 1, liderada por Marta Isabel Díaz Martínez, y están ocupando parte de algunos inmuebles en la colonia Tape Yke desde el 14 de agosto pasado, cuando tras algunos incidentes y dando cumplimiento a una medida cautelar, ingresaron al lugar.

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Luego de varios reclamos por parte de los propietarios de las tierras adquiridas en 1994 por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), finalmente se emitió una orden de desalojo para el grupo de aproximadamente 30 familias, que ingresó al lugar valiéndose de la medida cautelar y de un título de propiedad presuntamente irregular.

Marta Isabel Díaz Martínez es reconocida como líder de la comunidad indígena Ka'a Poty 1 del distrito de Itakyry. Foto: Pánfilo Leguizamón.

Expresidente condenado por estafa

El documento que data de julio de 1996, llevaba la firma de Valentín Gamarra, extitular del Indi, procesado y condenado por estafa. Las autoridades del Indert explicaron que no existían dudas acerca de la validez de los títulos que otorgaron a los colonos, por lo que consideran irregular la presencia de la comunidad indígena en el lugar.

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La misma afirmación la había hecho en el 2019, la extitular del Indi, Ana María Allen, quien afirmó que al Indi le habían vendido los papeles de unas tierras que no existían.

Un proceso de mensura judicial para determinar la ubicación verdadera del inmueble estaba siendo llevado a cabo, hasta que fue paralizado por incidentes presentados por los colonos, afirmó el actual titular del Indi.

El cartel que fue colocado en la entrada de la propiedad en litigio. Foto: Pánfilo Leguizamón.

No se pudo realizar el desalojo

El documento hecho llegar a Olmedo en fecha 14 de setiembre de 2021, indica que en caso de no abandonar voluntariamente el inmueble, se procederá al desahucio de la señora Marta Isabel Díaz Martínez, así como cualquier otro ocupante que se encontrare en el lugar.

La comunicación fue realizada a efectos que funcionarios del Indi acompañen el procedimiento judicial pero hasta el momento el procedimiento de desalojo no se pudo llevar a cabo por la situación climática de estos días, sumada a la demora en las diferentes notificaciones y los recientes cambios de las autoridades policiales de la zona, afirmaron representantes de los propietarios afectados.

Alrededor de 30 familias permanecen de manera precaria en parte de las propiedades de pequeños productores en la colonia Tape Yke. Foto: Pánfilo Leguizamón.

Zona de permanente conflictos

Itakyry, con cerca de 16 mil habitantes, es el quinto distrito más poblado del departamento de Alto Paraná y se encuentra ubicado a 435 kilómetros al este de Asunción.

La zona es uno de los lugares donde de manera frecuente se producen conflictos entre colonos, indígenas y campesinos por la tenencia de tierras.

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El más reciente y cuyo pico de tensión llegó a su máximo nivel, hasta ahora, el pasado 14 de agosto, es el de la colonia Tape Yke, en el límite entre los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú, donde pequeños productores establecidos desde hace más de dos décadas en la zona, denunciaron el atropello a sus propiedades por parte de un grupo de indígenas de la parcialidad Ava Guaraní, pertenecientes a la comunidad Ka’a Poty 1, quienes reclaman que esas propiedades se encuentran asentadas en sus tierras ancestrales.

En esa ocasión el grupo liderado por Marta Díaz, apoyado por activistas de organismos de Derechos Humanos, se instaló en un camino vecinal para luego ingresar a parte de las propiedades de las que ahora se ordenó su desalojo.

El grupo de pequeños productores de la colonia Tape Yke reclamó ante la Justicia lo que considera una invasión a su propiedad privada en un conflicto que ya lleva tres años. Foto: Pánfilo Leguizamón.

Oenegés llaman a resistir orden judicial

Georgia Arrúa, senadora del Partido Patria Querida se manifestó en sus redes sociales sobre esta situación y en contra de las oenegés que no están de acuerdo con esta nueva medida judicial y acusan de violar las leyes a la jueza que emitió la nueva orden de desalojo.

“Y vean cómo ONGs que creen tener la última palabra, llaman a la desobediencia y convocan a incautos para resistir la orden judicial. La finca del Indi nunca fue ubicada y tiene número distinto a la finca de los colonos! El titular del Indi es responsable de lo que pueda suceder”, escribió la legisladora.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora criticó a las autoridades por no solucionar la problemática de la tierra y permitir que los indígenas sean engañados, siendo llevados a tierras que no les pertenecen y que no les van a pertenecer, además de perjudicar a los propietarios, quienes están en el lugar desde hace décadas.

Líderes operan para negociar con tierras

“La precariedad no le beneficia a nadie”, dijo la legisladora para luego exponer en un video, el modus operandi de los líderes que operan para invadir tierras ya sean privadas o fiscales para luego negociar con ellas. “Si son del Indi, todo es más rápido”, dijo un líder indígena en una parte del video exhibido durante la sesión en Senadores.

El presidente del Indi manifestó días pasados que, acataría lo dispuesto por la Justicia y que las anteriores autoridades de la institución deberían responder penal y civilmente en caso de hallarse irregularidades en los títulos de propiedad que poseen sobre las tierras en conflicto en la colonia Tape Yke, distrito de Itakyry.

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