Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional incautaron casi 3.000 kilos de marihuana en Yasy Cañy, departamento de Canindeyú. La droga tenía como destino final Brasil y hasta el momento hay cuatro detenidos.
“El total de la carga de marihuana es de 2.894 y la droga estaba lista para la comercialización. El dueño de la carga es una persona cuyo apellido es Isasi y al enterarse de la incautación se dio a la fuga”, explicó el fiscal Carlos Alcaraz en comunicación con la radio 1080 AM.
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Sostuvo que la droga era trasladada en un camión de gran porte y adelante iba una camioneta como “puntero”, y el Ministerio Público está solicitando todos los informes correspondientes sobre los propietarios de los rodados y la situación en que se encuentran.
Mencionó que el responsable de la carga, un señor de apellido Isasi, hasta el momento continúa con paradero desconocido. Aparentemente nunca tuvo un trabajo formal y se dedicaría exclusivamente al narcotráfico y de momento continúan las investigaciones sobre el caso.
“Vamos a solicitar los informes correspondientes y vamos a pedir medidas cautelares respecto a esos vehículos. Hasta el momento tenemos cuatro personas detenidas, Isasi, quien aparece como financista, está prófugo”, agregó el fiscal de la causa.
El cargamento de marihuana fue incautado el pasado lunes en Yasy Cañy. Los vehículos y detenidos ya se encuentran en la base de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de la ciudad de Asunción y el Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso.
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Destruyen seis toneladas de droga en Canindeyú
En otro procedimiento de erradicación de cultivos ilícitos en zona de Yby Pytã, la Senad inhabilitó dos hectáreas de marihuana. La incursión se enmarca dentro del plan estratégico que busca marcar mayor presencia operativa en el departamento de Canindeyú.
Los antidrogas emplearon tareas para destruir alrededor de seis toneladas de la droga. Según datos manejados, las parcelas serían parte de todo el soporte logístico que reúnen grupos criminales de la zona.
Desde la Senad se encuentran trabajando para la instalación de otra base operativa en zona de Canindeyú, acción con la que se pretende establecer mayor capacidad de control sobre la región en términos de investigaciones y lucha contra el narcotráfico.
OPERATIVO ARAMBE II
Del 23 al 25 de abril de 2024, el Ministerio Público llevó adelante el operativo Arambe II en la lucha contra el narcotráfico, en el departamento de Canindeyú, ocasión en que se logró la destrucción de 150.000 kilos de supuesta marihuana prensada y picada.
Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024.
Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que las pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilícitas alcanzan la suma de G. 22.037.000, equivalente a USD 2.966.000.
Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.
Además, se requisaron 6.250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Paraguayos caen en Foz con más de 100 kg de marihuana
En un control aleatorio de rutina de la Receita Federal de Foz de Yguazú, Brasil, descubrieron 104,6 kilos de marihuana a bordo de un vehículo con placa paraguaya y con dos ocupantes paraguayos, el conductor y el acompañamiento, que resultaron detenidos. Fue ayer martes a la noche durante una fiscalización en la aduana de la cabecera del Puente de la Amistad.
En las fiscalizaciones fronterizas en Foz de Yguazú, los funcionarios de la Receita Federal eligen en forma aleatoria un vehículo para una inspección más minuciosa y fue de esa manera que hallaron más de cien kilos de droga, en fondos ocultos del rodado en el que estaban los dos paraguayos que quedaron detenidos y puestos a disposición judicial.
“Los ocupantes del vehículo, dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya, fueron presos en flagrancia, en el momento en que intentaban cruzar la frontera con dirección al interior del territorio brasileño con la carga ilegal”, refiere el reporte de la Receita Federal de Brasil, delegación en Foz de Yguazú. La droga fue entregada a la institución pertinente para los procedimientos de rigor.
En lo que va del año ya son varios paraguayos detenidos en la aduana del Puente de la Amistad, hacia el lado brasileño, ya sea por tráfico de armas de fuego, droga y contrabando de mercaderías varias. El 2 de abril pasado, otro paraguayo cayó detenido en Foz de Yguazú al ser descubierto llevando cuatro pistolas 9 mm, de fabricación turca.
El 18 de marzo pasado, un policía fue detenido en la aduana brasileña intentando cruzar con 80 celulares en su vehículo particular. Se trató del suboficial segundo Cristian Ariel Bareiro (29), quien quiso aprovechar su día libre para hacer contrabando de celulares. “La Receita Federal refuerza el compromiso continuo con la seguridad nacional y el combate al tráfico de drogas, colaborando estrechamente con las autoridades policiales para garantizar la aplicación de la ley de protección de la sociedad”, indicó la Secretaría de Ingresos Federales.
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IPS ya no puede cometer “los mismos errores” que dejó la administración anterior
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó, el 16 de abril pasado, una denuncia ante el Ministerio Pública al detectar, a través de una auditoría interna, una presunta rosca que solicitaba coimas a los jubilados para falsificar certificados médicos con el fin de “agilizar” los trámites en la Caja de Préstamos de la previsional. El asesor jurídico José González puntualizó las irregularidades detectadas y los desafíos que asume la institución para mejorar la transparencia.
“No podemos caer en los mismos errores que cayó la administración anterior, tenemos que ver nuestros números, todas las falencias que dejó la pasada administración, identificar a los responsables y mejorar”, señaló González en el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, detallando que esta es la segunda denuncia presentada por IPS ante la Fiscalía, luego de los reportes finales que había remitido la Contraloría General de la República (CGR) sobre otras irregularidades.
A partir de aquel informe, el presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez dispuso la realización de la auditoría, el 21 de marzo pasado, que verificó 25 solicitudes de préstamos a partir del mes de febrero, pendientes de aprobación. En tanto, la Contraloría señalaba sobre un crédito que se había sacado para pagar a los proveedores. Posteriormente se sacó otro, el cual no tenía fuente de financiación, y para saldar ese crédito se dejó de cumplir con los proveedores, por lo cual se hablaría de un monto cercano a los USD 250 millones, refirió González.
“Luego se detectaron otras irregularidades como solicitudes de embargo sobre inmuebles del IPS, cuando esto no se dispone reglamentariamente, sin mencionar que se encontró un fideicomiso totalmente descalzado”, indicó González. Aparte, durante 5 años se dejaron de certificar las deudas y, hoy en día, 5.300 títulos de créditos se están empezando a imprimir, que consisten en los aportes de obrero-patronal que se hacen por parte de las empresas, que la anterior administración no judicializó.
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“Ordenar la casa”
El asesor jurídico del IPS detalló que actualmente hay dos causas abiertas en el Ministerio Público, planteadas desde la previsional, una sobre los tres reportes que había hecho la Contraloría y la segunda sobre los resultados de la auditoría externa. “Se encuentran en etapa inicial, están en proceso de investigación, pero consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación porque se trata de hechos irregulares graves y reportes finales que ha emitido la Contraloría”, expresó González.
“Ahora tenemos que ordenar la casa. Estamos trabajando en la parte inmobiliaria, también queremos implementar un sistema donde todos los asegurados y la ciudadanía puedan saber lo que tiene IPS, cuál es el valor real de lo que están pagando y qué es lo que deberían pagar”, señaló. También se analizarían los mecanismos para realizar un control de los bienes, con lo cual se prevé la posibilidad de contar con mayor transparencia. Todo está siendo informatizado para que en corto plazo se pueda llegar a este tipo de servicios.
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