Mañana 2 de setiembre se cumple el primer aniversario del enfrentamiento en la zona norte del país entre los agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y los integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), donde fallecieron dos menores de edad, familiares de algunos integrantes del EPP.

La Pastoral Social del departamento de Concepción emitió un contradictorio manifiesto que guarda relación con los hechos ocurridos el 2 de setiembre del 2020 en la zona del cerro Guazú, en el límite de los departamentos de Concepción y Amambay.

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El documento indica que lamenta “el asesinato de las niñas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba en manos de la Fuerza de Tarea Conjunta, en la serranía del Amambay” y critica “la responsabilidad de los padres y parientes (de las menores), o más bien, irresponsabilidad, por tener a tiernas niñas en un territorio de beligerancia (sic) que implica un permanente alto riesgo para la gente grande y más aún para criaturas”.

A través del escrito también critican la actuación de las autoridades nacionales, poniendo especial énfasis en la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en aquella ocasión, así como el trabajo del equipo forense que atendió el caso, más los fiscales designados.

¿Estatus de guerrilleros?

El grupo religioso centró sus cuestionamientos en el trabajo de la FTC, indicando que tienen catalogadas sus numerosas equivocaciones o falsos positivos y expresaron que los militares buscan desalentar la agricultura familiar para “dar cancha libre al agronegocio”, menciona el manifiesto aunque no tuvieron en cuenta que han sido los productores y sus trabajadores, así como la gente más humilde de esa zona del país, las principales víctimas del grupo criminal.

El documento de la Pastoral Social de Concepción concluyó con una polémica reflexión sobre el estatus del grupo criminal y un recuerdo a los secuestrados por los mismos.

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“Sentimos en carne propia los sufrimientos y nos solidarizamos con las familias de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis, pero con los criminales y terroristas es imposible negociar y pedirles clemencia. Nos preguntamos; ¿No es ya hora de darle a esta gente el status de “guerrilleros” para permitir la colaboración internacional, que, creemos, es el deseo unánime de las tres familias afectadas actualmente por el secuestro de sus miembros?”.

Esta afirmación en modo de pregunta suena bastante contradictoria, pues si bien este grupo de religiosos menciona que es imposible negociar con los criminales como el EPP y los demás grupos, otorgarle dicho estatus justamente obligará al Estado paraguayo a sentarse a negociar con ellos.

El EPP es un grupo criminal

El manifiesto con seguridad refiere al llamado “estatus de beligerancia”, que puede ser otorgado a un grupo que se encuentra en combate contra las fuerzas de seguridad de un Estado.

“Para que se pueda reconocer un estatus de beligerante, se requiere que el EPP tenga control total sobre una porción de territorio y ejerza funciones similares a la de un Gobierno, algo que no tiene”, explicó tiempo atrás el experto en seguridad Carlos Capurro.

En el derecho internacional, el reconocimiento como beligerante a un grupo armado sublevado contra el Gobierno consiste en otorgarle estatus internacional, siempre que el mencionado grupo o facción reúna unas condiciones mínimas e indispensables (control territorial, ejército, organización).

El objetivo de este estatus es reconocer a las fuerzas insurrectas los derechos necesarios para llevar adelante esa lucha, con todas las consecuencias que eso acarrea.

Familiares del exvicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el grupo criminal EPP. Foto: Archivo.

Blanqueo de asesinos y secuestradores

El grupo o facción que goce del estatus de beligerancia reconocida será considerado como sujeto de derecho internacional, pero solamente por lo que respecta a las operaciones de guerra y únicamente mientras dure la misma, y la comunidad internacional es quien atribuye el estatus a los grupos en conflicto.

Los grupos criminales ideologizados como el EPP buscan recibir los beneficios dispuestos por el derecho internacional tras la obtención del estatus de “grupo beligerante”. Además se estaría blanqueando la situación de delincuentes dedicados al terrorismo y se los colocaría en posición de negociar con el Estado Paraguayo, coincidieron en afirmar diversos analistas políticos.

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