Una riña entre internos del Penal “Padre Juan Antonio de la Vega”, de Emboscada, terminó en un cateo del pabellón “D” parte baja –que fue donde se produjo la pelea entre internos– de donde se incautaron bebidas alcohólicas y armas blancas de realización casera. Se desconoce el motivo de la riña que por fortuna no tuvo víctimas que lamentar, solo algunos heridos por la utilización de objetos punzantes.
El operativo de revisión general dentro de la parte baja de dicho pabellón fue llevado adelante por guardias penitenciarios y efectivos policiales. Las personas privadas de libertad (PPL) que resultaron heridas y que iniciaron la riña fueron derivadas al departamento de sanidad del establecimiento penitenciario.
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Posteriormente, las PPL por procedimiento de seguridad y como medida preventiva un total de tres personas fueron detenidas y aisladas por oponerse al procedimiento de control y requisa efectuado por los funcionarios penitenciarios, quienes con la voz de alerta de la pelea, ingresaron a la zona a detener el incidente, que por suerte no terminó con la muerte de alguna persona.
Durante el operativo realizado en el Pabellón “D” baja, se incautaron de piedras, maderas, cuchillos y estoques, lanzas, todas ellas de fabricación casera. Además, de bebidas fermentadas, también de fabricación casera.
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Se pondera la gran cantidad de objetos punzantes encontrados en poder de los internos de una sola parte del pabellón, algunos de ellos hechos con base en varillas de hierro, maderas y hasta partes de rejas que a simple vista se ven muy filosos y peligrosos.
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Venezuela: vacían la temida cárcel El Helicoide ante protestas por traslado de presos
El centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones del país. El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.
El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún había personas encarceladas ahí.
El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, según confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos. La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.
Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros.
“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.
“Totalmente vacío”
El lugar habría quedado “totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos”, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez (1999-2013) y falleció en esta cárcel en 2021.
Durante la noche, este colectivo volvió a acercarse a El Helicoide para realizar una vigilia como lo han hecho desde hace 147 días para pedir por la liberación de los presos políticos.
“Seguimos insistiendo: estas personas no tienen por qué estar detenidas, y mucho menos someter a sus familias a la incertidumbre de preguntarse cómo están”, dijo el comité en X.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de esta cárcel, semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y ciudades vecinas.
Los alrededores de la prisión lucían tranquilos durante el día. Uno de los agentes encargados de la vigilancia del lugar indicó a una periodista de la AFP que “ya no quedaba nadie” en el interior.
El miércoles, familiares protagonizaron en el exterior del Helicoide escenas de llanto y desesperación por no saber del paradero de sus seres queridos, ante una barrera de uniformados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que “las autoridades no han publicado un listado oficial”.
Esta ONG precisó que en El Helicoide había más de 70 prisioneros.
El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de “otros centros de tortura” es fundamental que “el Estado cambie su política represiva”. “De lo contrario es puro show”, señaló al recordar que cuando estuvo ahí vio personas durmiendo en las escaleras y “con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies”.
Fuente: AFP.
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Fiscalía y querella piden 7 años de cárcel para Héctor Grau, acusado de agresión contra Benjamín Zapag
El fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga y el abogado querellante, Ricardo Preda, solicitaron siete años de cárcel para Héctor Iván Grau, acusado como autor del delito de lesión grave tras la brutal agresión sufrida por Benjamín Zapag en el interior de una discoteca de Asunción, en noviembre del 2022.La petición tanto del Ministerio Público como de la querella adhesiva, se realizó durante los alegatos finales.
El fiscal del caso indicó que no quedan dudas sobre la participación de Grau como autor de la lesión grave. Asimismo, señaló que la agresión redujo considerablemente el uso de los sentidos de la víctima durante un largo periodo.
García de Zúñiga cuestionó los resultados de la junta médica, que había concluido que la lesión sufrida por Zapag no fue de gravedad. En contrapartida, resaltó la declaración del médico tratante del joven, quien sí determinó que el daño fue severo.
Además, manifestó que los padres declararon como testigos e indicaron que el joven requirió varios meses de reposo, permaneció encerrado en su habitación y solo pudo volver a practicar deportes después de cuatro meses. Agregaron que la víctima sentía miedo y que las secuelas le impidieron llevar una vida normal.
Por su parte, el abogado Ricardo Preda, representante de la familia Zapag y querellante en este juicio oral y público, solicitó igualmente la pena de siete años de prisión para Grau, al considerar que se probó plenamente la responsabilidad del acusado en el hecho.
La acusación refiere que, en noviembre del 2022, cuando la víctima se disponía a salir del baño del local nocturno, fue interceptada por Marcello Fretes, quien le gritó en la cara; acto seguido, Grau lo golpeó en el rostro en varias ocasiones.
Según la Fiscalía, las lesiones provocadas incluyeron una fractura orbitomalar en el lado izquierdo. Esta requirió una cirugía bajo anestesia general para realizar la reducción abierta de la fractura y la reconstrucción del piso de la órbita izquierda mediante el uso de una malla, placas y tornillos de titanio.
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Venezuela: cientos de presos toman una cárcel para denunciar “torturas”
Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.
Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.
Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.
Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.
En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.
Fuente: AFP.
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Policía Nacional e Interpol detuvieron a elemento clave vinculado al caso Dakovo
Agentes del Departamento de Interpol Asunción procedieron a la detención de un hombre que contaba con una orden de captura nacional e internacional, por violación a la Ley de Portación y Tenencia de Armas y su vinculación con la Ley de Crimen Organizado.
Se trata de un sujeto de 32 años, identificado con las iniciales G.R.G.M., quien fue capturado en una operación de alta precisión, llevada a cabo en la vía pública de la ciudad de 3 de Febrero, departamento de Caaguazú.
Según las investigaciones, entre septiembre de 2022 y mayo de 2023, el detenido figuraba como propietario de la firma “Caza y Pesca El Dorado” (San Antonio), un local comercial de donde adquirió legalmente un lote de 2.007 armas de fuego y 150 municiones, el cual posteriormente fue desviado de manera ilegal.
Durante las fiscalizaciones de la Policía Nacional y la Dimabel se constató que la supuesta casa comercial era una fachada inexistente en la dirección declarada.
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Las pesquisas confirmaron que 53 de esas pistolas fueron incautadas en poder de facciones criminales en Brasil, mientras que 1.954 armas de fuego permanecen con paradero desconocido.
La orden de detención fue emanada por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Primer Turno, a cargo de la abogada Lici Teresita Sánchez, y contempla una expectativa de pena de hasta 10 años de prisión.
De manera institucional manifestaron que esta captura representa un golpe de alto valor estratégico dentro de la estructura investigada en el marco del Caso Dakovo, la mayor operación contra el tráfico de armas en la región.
El caso Dakovo, destapado a fines de 2023, fue una investigación entre Brasil y Paraguay contra el tráfico de armas. Con su captura, la Policía Nacional reafirma su compromiso en desmantelar los brazos logísticos del crimen organizado transnacional.
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