El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputa­ción contra el intendente de Luque, Carlos Echeve­rría (ANR), por los delitos de intervenciones peligro­sas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El pro­ceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Ceci­lia Ocampos, de Luque.

En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quie­nes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desem­boca en el cauce del arroyo San Juan.

El escrito del acta de impu­tación refiere que con­forme a los datos recolec­tados se tienen elementos de sospecha que hacen pre­sumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficien­cias en el sistema de seguri­dad vial; es decir, una nula señalización de adverten­cias de peligro e instalacio­nes de protección a peato­nes y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.

Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de intendente munici­pal de Luque, Echeverría sería la persona respon­sable de dirigir y ejecu­tar obras para la segu­ridad vial de la ciudad y, en ese sentido, no habría realizado las debidas dili­gencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclu­sive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omi­sión que generó el falle­cimiento de ambas muje­res”, refiere el escrito.

Ahora el Juzgado Penal de Garantías deberá admi­tir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposi­ción de medidas cautela­res donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que seguirá al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión y silencio por el acoso personal que dice sufrir de la oposición, que lo acusó de burlarse del país. “He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe”, dijo Sánchez en un mensaje al país desde el palacio de la Moncloa.

Concluía así la incertidumbre que se abrió el miércoles cuando Sánchez anunció que se daba unos días para meditar su renuncia, criticando el “acoso y derribo” de la derecha y la ultraderecha a su familia después de que se conociera la apertura de una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por presunta “corrupción”.

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Asiduo a los golpes de efecto políticos, Sánchez canceló su agenda pública hasta este lunes, anulando su aparición en mitines durante el primer fin de semana de campaña para las cruciales elecciones regionales del 12 de mayo en Cataluña, donde los socialistas buscan desalojar del poder a los independentistas.

“Mostraremos al mundo cómo se defiende a la democracia, pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo sereno y democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España”, continuó.

Por la noche, en una entrevista en la televisión pública, Sánchez explicó que su mujer le pidió no abandonar: “fue la primera que me dijo que que no dimitiera”, explicó.

Asimismo, reclamó “acabar con los insultos de la vida pública”, pero se mostró pesimista: el acoso “se va a redoblar”, estimó.

En su mensaje al mediodía, Sánchez dijo que las manifestaciones en Madrid y otros puntos de España este fin de semana habían “influido decisivamente” en su decisión de seguir. De haber dimitido Sánchez, España se hubiera encaminado a unas nuevas elecciones generales, un año después de las de julio pasado.

La decisión de Sánchez provocó expresiones de alivio entre los socialistas y críticas duras del resto de partidos.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular, calificó el anuncio de “bochorno” y “ridículo”, y acusó a Sánchez de burlarse de los españoles. “Le ha tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles”, sentenció.

“Hemos asistido a una comedia, a una cortina de humo (...) un acto electoral de cinco días”, dijo el presidente regional catalán Pere Aragonés, de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), un partido aliado de los socialistas en el Congreso español y enemigo en el ámbito regional.

El anuncio de Sánchez le permitirá salir de su retiro para incorporarse a la campaña electoral de Cataluña, un bastión de votos para él.

“Durante estos cinco días hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional”, lamentó el líder de la formación de extrema derecha Vox, Santiago Abascal.

La investigación contra la esposa de Sánchez, bajo secreto de sumario, fue abierta por una denuncia de la asociación Manos Limpias, próxima a la extrema derecha. La Fiscalía pidió que se archivara la demanda y Manos Limpias admitió que se basó exclusivamente en informaciones de prensa.

Según el medio digital El Confidencial, el tribunal indaga los vínculos de Begoña Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para un rescate durante la pandemia de covid-19, que finalmente consiguió.

En su carta a la ciudadanía divulgada el miércoles, Sánchez, que gobierna con la extrema izquierda y el apoyo de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, repudió las “denuncias tan escandalosas como falsas”, que a su juicio emanan de una campaña llevada a cabo por “intereses derechistas y ultraderechistas (...) que no aceptan el veredicto de las urnas”.

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Es una “estrategia de acoso y derribo”, prosiguió el mandatario, cuyas medidas, como una ley de amnistía para independentistas que participaron en el intento de secesión de Cataluña en 2017, han chocado con un rechazo frontal de la oposición de derecha.

Fuente: AFP

Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.

“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.

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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.

Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.

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La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.

A través de su abo­gado, Claudio Lovera, la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia pre­sentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudame­ricano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgi­miento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.

“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompaña­dos en su oportunidad, así como los que fueran recopi­lados en el marco de la acti­vidad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministe­rio Público emita un pro­nunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el docu­mento presentado ante el Ministerio Público.

Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allana­mientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superinten­dencia de Bancos ante la negativa de estas institu­ciones en proveer infor­mación. En estos proce­dimientos se incautó una serie de documentos.

Estas diligencias realiza­das en el pasado dan cuenta que el órgano investiga­dor sostiene que en deter­minados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.

Pese a esas primeras medi­das, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cual­quier otra iniciativa ten­diente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La pri­mera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.

Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alca­raz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.

La Conmebol quiere recu­perar los fondos que le per­tenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confede­ración en administraciones anteriores; ya se recupera­ron USD 128 millones gra­cias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.

El banco de la familia Zuc­colillo se expone a sancio­nes penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.