José Fusillo: “Tenemos hospitales llenos y con los mismos requerimientos”
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El presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, José Fusillo, señaló este viernes que la gente debe entender que no es culpa de los doctores la falta de medicamentos, especialmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente “Juan Max Boettner” (Ineram).
“Estamos siempre al tope y con muchos pedidos de camas, eso también genera un poco de ansiedad. A veces ya no queremos hablar porque la gente dice que infundimos miedo, pero la situación es esa, tenemos hospitales llenos y con los mismos requerimientos”, lamentó el neumólogo en comunicación con la 800 AM.
Sostuvo que los profesionales luchan mucho para poder dar abasto, pero muchas veces terminan frustrados por varias situaciones. El jueves último, en el Ineram estaban buscando para internar a un médico de 36 años por la falta de camas.
Fusillo indicó que hay mucha sobrecarga en las camas de terapia intensiva, el jueves hubo 10 altas y este viernes amanecieron llenas nuevamente ante el aumento de casos del COVID-19. Incluso hay pacientes esperando para ser internados en cuidados intensivos, esto sumado a la falta de medicamentos e insumos.
“Los respiradores están todos ocupados, las máquinas de alto flujo también. Faltan diuréticos y sedantes para cuidados intensivos, además de antibióticos, broncodilatadores y salbutamol. La gente insulta o se molesta cuando no tenemos esos insumos, pero es algo que no es nuestra culpa. Tienen que entender eso”, agregó el profesional.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud del día jueves sobre el COVID-19, la cantidad de fallecidos llegó a 1.796. También hay 60.086 pacientes recuperados y la cifra total de contagio alcanza 85.477 desde el brote del virus en el país.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. Foto: Archivo
Fiscalía imputa a empresario y decenas de personas por fraude de G. 1.200 millones al IPS
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Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.
El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.
La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.
De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.
Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.
“Voces del Alama”: organizan espectáculo a beneficio de Fundación Renal del Paraguay
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Para el próximo 24 de octubre se tiene previsto el espectáculo benéfico “Voces del Alma”, a favor de la Fundación Renal del Paraguay (Frepa). Cada año se realiza este tipo de actividades para recaudar fondos y seguir ayudando a pacientes renales que día a día luchan para salir adelante con sus tratamientos.
El encuentro se realizará en el Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. Voces del Alma es una producción original (dirección ejecutiva y general) de José Mongelós, con la dirección musical de Rodrigo Quintas y la producción de Jimena Ramírez. Se contará con actuación estelar de Andrea Valobra, orquesta y bailarines.
La presentación tendrá un duración de 120 minutos e iniciará puntualmente a las 21:00. Para más información pueden contactar a las redes sociales de Frepa. También, tienen habilitado el número para ayudas e información (0971) 856-111.
Frepa es una organización que no recibe apoyo gubernamental, que desde el año 1999 cada ayuda a la salud renal de la gente necesitada, especialmente niños que están siguiendo sus tratamientos en el Hospital de Clínicas y el Hospital de Itauguá. Este semestre donó equipos de tratamiento para las máquinas de Hemodiálisis al Hospital de Lambaré, niños de Acosta Ñu y Clínicas.
Además, mensualmente asisten a pequeños pacientes con medicamentos, provisión de catéter, insumos, estudios clínicos y pago de análisis especializados de preparación para trasplantes. También, asisten con dinero para costear alimentación y traslado desde sus casas hasta los hospitales para dializarse.
El encuentro será el 24 de octubre. Foto: Gentileza
El juez Humberto Otazú citó en audiencia preliminar a Miguel Prieto (foto) y a los otros 10 acusados por supuesta lesión de confianza en el caso vinculado a "Tajy". Foto: Archivo
Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
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El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Foto: Gentileza
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.