El programa Dri-Calle del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) continúa con abordajes en calle y coberturas en coordinación con Fono Ayuda, por lo que intensificó sus acciones y monitoreos en calle.

Esto, mediante el Dispositivo de Respuesta Inmediata Calle (Dri-Calle), con el objetivo de brindar protección inmediata a niñas, niños y adolescentes en situación de calle principalmente y otras vulnerabilidades.

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En el mes de noviembre, Dri-Calle realizó 664 abordajes a niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración, monitoreados en las ciudades de Asunción y Área Metropolitana. Logrando de esta manera las siguientes acciones:

La derivación de 48 niños, niñas y adolescentes a centros de salud, hospitales y especialidades de todo tipo; además, en algunos casos, se inició el proceso de desintoxicación programada por el uso de sustancias psicoactivas.

Otras 76 derivaciones de niños, niñas y adolescentes en situación de calle a sus respectivos domicilios. También fueron encontrados 23 referentes adultos que fueron derivados a sus comunidades de origen. Y a la vez, se llevaron a cabo 2 derivaciones al Centro Abierto Refugio del Programa Painac para protección inmediata de niños, niñas y adolescentes.

Mientras que 26 referentes indígenas fueron derivados al Indi para realizar varias gestiones. Las derivaciones fueron coordinadas con el equipo del Espacio de Protección Inmediata de la Terminal de Ómnibus de Asunción.

También otros 46 niños, niñas y adolescentes recibieron los servicios del Centro de Atención Integral (CAI) del Mercado Municipal de Abasto. En tanto que fueron reportadas 39 coberturas de vulneración de derechos, ingresadas mediante el servicio 147 Fono Ayuda.

Asimismo, 404 que acompañaban a sus padres en la Plaza de Armas recibieron servicios del Minna, tales como alimentación, kits de higiene, protección inmediata, acceso a consultas médicas coordinadas con el Ministerio de Salud.

Los monitoreos se realizan de lunes a lunes, en los focos (lugares de concentración de niñas, niños y adolescentes) donde se observa situación de trabajo infantil; además de las coberturas a reportes realizados al servicio 147 Fono Ayuda.

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De esta manera, también se recuerda a toda la ciudadanía que ante el conocimiento de algún niño, niña o adolescente en situación de vulnerabilidad, favor denunciar o contactar al 147 Fono Ayuda o al 911 de la Policía Nacional.

El agente fiscal Rodolfo Hiram Colmán, de la Fiscalía zonal de la ciudad de Carapeguá, formuló imputación contra Alcides Sosa Báez, intendente de Acahay, por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y abuso de documentos de identidad. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del actual jefe comunal.

Según las pesquisas, los hechos imputados ocurrieron en la municipalidad de dicha ciudad entre los años 2016 y 2020 y resultaron víctimas los denunciantes Melquiades Ayala, Aldo Ayala y Rubén Benítez.

La imputación tiene sustento en varios allanamientos simultáneos en la comuna, en la casa de Eduardo Espínola, y asimismo en la vivienda del intendente Sosa, lo cual derivó en la incautación de diversos documentos, computadoras portátiles, entre otros.

Sosa Báez, en lugar de proteger los intereses de la comuna en su rol de autoridad, habría configurado un esquema para delinquir junto a su funcionario Vicente Torres, administrador financiero y tesorero; Myrian Martínez de Espínola, consultora contratada y esposa del otro presunto implicado; Eduardo Espínola, quienes en conjunto habrían utilizado la identidad de los denunciantes para la creación de empresas, a fin de desviar fondos y obtener beneficios patrimoniales ilícitos.

La denuncia fue realizada por dos de los afectados el miércoles 18 de noviembre, alegando que Eduardo Espínola (quien está imputado en la presente causa), había realizado un trabajo de contabilidad para los denunciantes y que en el 2016 ambos, en vista de que no contaban con réditos en sus negocios, decidieron cerrar, por lo que solicitaron a Espínola que realice las gestiones pertinentes para dar de baja todas sus documentaciones contables.

No obstante, en julio del 2020, Melquiades Ayala, quien era beneficiario de la ayuda que brinda el Estado, denominado cobro por tercera edad, se acercó como para cobrar en dicho contexto; sin embargo, no pudo hacerlo, lo que llamó su atención y realizó averiguaciones para saber el motivo por el cual le habían cancelado.

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Tras ello, tuvo conocimiento de que el mismo era considerado proveedor del Estado y que su empresa supuestamente generaba grandes ganancias. En ese orden de cosas, Aldo Ayala revisó el estado de su negocio y también pudo corroborar que nunca fue cancelada su contabilidad y que producía grandes ingresos.

Ambos denunciantes manifestaron que accedieron a documentos referentes a la denuncia a través del portal de transparencia, y que se pudieron percatar de que las transacciones realizadas por sus empresas, que no existen, eran con la municipalidad de Acahay.

Igualmente, Rubén Benítez presentó denuncia por lo mismo, acusando a Eduardo Espínola. Expresó además que se desempeñó como chofer del mismo, mediante lo cual pudo observar reuniones con otros implicados en el caso, entre ellos el ahora procesado Alcides Sosa, cuya casa era visitada por Espínola, quien salía de allí con cheques.

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Ante el excesivo relajamiento de la ciudadanía con respecto a las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, el Ministerio de Salud impondría ciertas restricciones de actividades para las fiesta de fin de año. Preocupa bastante el repunte de cifras del COVID-19, luego de semanas de relativo control de los números.

Así explicó este lunes el viceministro de Salud Integral del Ministerio de Salud Pública, el Dr. Julio Borba, en conversación con la 800 AM. El alto funcionario mencionó que la presente “semana epidemiológica” se tendrá como parámetro para ver qué medidas se tomarán desde el interior de la cartera para intentar ralentizar nuevamente el contagio que volvió a acelerarse en las últimas dos semanas.

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“Vamos a evaluar esta semana considerando que es una preocupación lo que se podría generar en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Hay peligro de nuevos brotes de la enfermedad. Debemos mirar a los países vecinos. En Argentina nunca disminuyeron los casos positivos y en Brasil últimamente se da una suerte de rebrote de la enfermedad”, expuso.

A criterio del galeno, esto se da claramente por el relajamiento de las medidas y mencionó que es justamente eso lo que se quiere evitar en nuestro país. “Las fiestas de fin de año son una etapa especial para nosotros donde la gente busca juntarse o cenar juntos al menos, o visitar familiares. Creo que algún tipo de medidas debemos tomar pero todo dependerá de cómo se comportan en esta semana epidemiológica y a partir de allí, miraremos los números para tomar las medidas correspondientes”, refirió.

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Por otra parte, el médico se refirió a lo suscitado en el balneario “La Garza” de Caacupé, donde se observó aglomeración, descontrol y farra. En ese sentido, mencionó que existe un excesivo relajamiento en varios lugares que –lastimosamente– condice con el aumento de casos positivos que se está registrando. “Luego de 8 semanas que veníamos sosteniendo relativamente las cifras e incluso con cierta disminución, tuvimos otra vez un repunte en las últimas dos semanas”, comentó.

El Dr. Borba volvió a insistir en no bajar la guardia en esta situación, teniendo en cuenta que la cuarentena sigue y las medidas como uso de tapabocas, distanciamiento social, no “cambian bajo ningún punto de vista”. “Es preocupante el relajamiento que se da. Justamente estuve hablando con el Dr. Jara, director de la Región Sanitaria de Cordillera, quien me contó que los números del COVID-19 están aumentando de forma importante el Hospital Regional de Caacupé”, dijo.

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