El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, ofició este miércoles una conferencia de prensa para manifestar su posición de rechazo a la imputación formulada en su contra por el Ministerio Público por supuesta producción de documentos falsos para beneficiar a una empresa en el marco de una licitación municipal en su época de concejal.

“El día de ayer, entre gallos y medianoche, hemos sido notificados por llamarlo así, a través de medios de prensa, que hemos sido imputados. Hablaré de la parte política, porque esto es una imputación selectiva y política. Es tan simpático que los autores, según la Fiscalía, los propietarios de la empresa Empo estén sobreseídos, pero nosotros, en ese entonces concejales, estamos siendo imputados”, cuestionó el jefe comunal esta mañana.

Rodríguez mencionó que si es que se basan en el acta de imputación al que tuvieron acceso, formulada por la fiscala Stella Mary Cano, también debe estar imputado el actual diputado Hugo Ramírez. “Aquí está la resolución donde él había firmado el cambio de razón social, así como también debe estar imputado el concejal Julio Ullón, porque él pidió el cambio de razón social, fue a su pedido”, sostuvo.

El jefe comunal añadió que las citadas personas no están imputadas porque se trata de un proceso selectivo y que afecta lastimosamente a “quienes se encuentran trabajando por la ciudad de Asunción”. “Siguiendo con la misma línea, deben estar imputados los ordenadores de gastos de ese momento que tampoco aparecen, otra muestra más de la selectividad. Esto es un problema de la mafia de la basura, cosa que a nosotros como intendente y concejales no nos interesa. Solucionen ustedes sus problemas y negocios, y déjennos trabajar tranquilos”, fustigó.

Por otra parte, el intendente imputado recordó que hace tiempo viene denunciando a través de medios de comunicación y sus redes sociales que existía una campaña sucia en su contra. “Y algunos amigos de la prensa manifestaban que era una especie de delirio de persecución. Yo no creo en las brujas, pero de que las hay las hay. Está más que demostrado que esto es una imputación selectiva, sin pies ni cabeza, en el solo afán de coaccionar y amedrentar tanto a concejales como al intendente. Quiero decirle a cada uno que está detrás de esto, si creen o piensan que nos van amilanar o golpear, están muy equivocados porque estamos seguros de que hacemos cosas correctas y como deben ser”, continuó.

En ese sentido, Rodríguez desafió a sus denunciantes a demostrar con pruebas lo que dicen. “Porque detrás de cada uno de nosotros están nuestros familiares, amigos y parientes que se preocupan por nosotros. Nosotros no vamos a tolerar que quieran manchar nuestro buen nombre. Nos encontramos cada vez más unidos y fortalecidos, tanto concejales como intendente, que quieren una ciudad en orden y una Asunción mejor para los ciudadanos”, culminó.

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La agente fiscal Stella Mary Cano presentó imputación contra el exintendente Mario Ferreiro, contra el intendente Óscar Rodríguez, nueve concejales y la exdirectora de Contrataciones de la Municipalidad de Asunción en el marco de una licitación en la cual fue beneficiada la empresa recolectora Empo Ltda. mediante documentos de contenido falso.

Mario Ferreiro Sanabria, Óscar Rodríguez, Javier Pintos, Fabiana Benegas, Mariano Cáceres, Antonio Gaona, René Calonga, Augusto Wagner, Félix Ayala, María Laura Schiavo, Ireneo Román y Elena Alfonsi fueron imputados por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos, en base a la denuncia hecha el 19 de octubre del 2018, en referencia a la ejecución del contrato suscripto por Empo Ltda. para prestación de servicios de disposición final de residuos, sólidos, urbanos y de servicios complementarios.

Según el acta de imputación, Ferreiro en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Asunción, Óscar Rodríguez, como presidente de la Junta Municipal en ese momento, los concejales, y María Laura Schiavo, jefa de Departamento de Contratos de la Municipalidad, habrían permitido el uso del certificado de cumplimiento tributario de contenido falso y con ello, indujeron en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad, para lograr el pago de G. 1.701.107.120 a la empresa Empo Ltda. y Asociados. Las personas mencionadas habrían tenido participación en el hecho según lo expuesto en la investigación fiscal.

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