El presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, José Fusillo, manifestó este viernes que sigue la gran cantidad de pacientes internados en los hospitales públicos del país e insistió en que todavía no se puede hablar de un descenso de casos del COVID-19.
“En Ineram estamos completamente llenos, no tenemos camas ni siquiera para pacientes comunes. Hay una altísima ocupación de camas, los hospitales están entre un 95 y 100% de ocupación”, señaló el neumólogo en comunicación con la 650 AM.
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Sostuvo que la flexibilización pretendida por el Ministerio de Salud apunta a la “resignación” de que el virus vino para quedarse y se debe aprender a convivir con el COVID-19. A su criterio, el cuidado ya se volvió una cuestión personal, a pesar de que “no es el fuerte de la población”.
Fusillo lamentó que el Gobierno esté priorizando cuestiones económicas antes que las sanitarias en plena pandemia del COVID-19 y la situación de los hospitales del país, que están al tope y siempre al borde del colapso a causa del incremento de casos.
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“Estamos en un 30% de positivos en las pruebas realizadas, y para considerar que está bajando el número de contagio, tenemos que tener menos del 10%. En este momento de la pandemia probablemente se va a priorizar el entorno económico más que el de salud”, agregó el presidente del gremio.
Según el reporte del Ministerio de Salud Pública del jueves sobre el COVID-19, actualmente la cantidad de fallecidos es de 869. También hay 25.167 personas recuperadas desde el brote del virus en el país y la cifra total de contagio es de 41.799.
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Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Alto Paraná: Policía reforzará control en unidades de salud y sectores más inseguros
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Policía Nacional reforzará la seguridad en los hospitales públicos y en las unidades de salud ubicadas en zonas más vulnerables del Alto Paraná. La medida fue acordada durante una reunión entre autoridades de salud pública de la décima región sanitaria y el director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Jorge Ramón Aquino Aguayo.
Durante la reunión se expusieron diferentes situaciones registradas en los hospitales cabecera como el robo de pertenencias de familiares de pacientes y del personal, así como la sustracción de vehículos, teléfonos celulares y otros objetos.
En lo que se refiere al Hospital Regional de Ciudad del Este, se suman situaciones relacionadas con la presencia de personas que ingresan o permanecen en inmediaciones del hospital bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, además de episodios que involucran a pacientes con trastornos de salud mental, según se expuso en la reunión.
La preocupación también alcanza a las Unidades de Salud de la Familia, con reportes constantes de hurtos de equipos informáticos, acondicionadores de aire e incluso medicamentos. Solo la semana pasada, de una USF de Hernandarias hurtaron equipos de informática.
“Avanzamos en el uso de tecnología, tenemos sistemas digitalizados de pacientes y manejo de medicamentos, pero el hurto de los equipos nos genera un tremendo daño; un blíster de enalapril que nos roben es perjuicio grande”, refirió a La Nación/Nación Media el doctor Arturo Ramos, jefe de la APS.
Por salud pública participaron del encuentro el director médico del Hospital Regional de Ciudad del Este, doctor Francisco Paiva; el jefe de Atención Primaria de la Salud, doctor Arturo Ramos; y la asesora jurídica de la región sanitaria, abogada Selva Miranda de Ritter.
Más personal en sectores de riesgo
Ante esta situación, el director policial asumió el compromiso de coordinar acciones con los responsables de las comisarías de la zona y aumentar la presencia de agentes en los sectores de mayor riesgo.
El operativo contempla vigilancia en los hospitales y patrullajes en los alrededores de las USF ubicadas en áreas vulnerables. El compromiso es prevenir nuevos hechos delictivos y ofrecer mayor tranquilidad a quienes trabajan y acuden diariamente a los servicios de salud.
El doctor Ramos manifestó que el objetivo fue establecer un trabajo conjunto para darle mayor seguridad al servicio de salud pública, mediante una interacción entre instituciones y también con las comisiones de salud que existen varias comunidades.
Se trata de proteger los establecimientos públicos, resguardar los bienes destinados a la atención de la población y garantizar que los equipos de salud puedan desarrollar sus tareas en un entorno más seguro, sin descuidar la atención y el trato digno que requieren las personas, según lo conversado en la reunión.
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Mundial de Rally en Itapúa: operativo de salud ya está listo
El Ministerio de Salud Pública ya tiene listo el operativo sanitario que acompañará el desarrollo del Mundial de Rally 2026 en Itapúa, brindando respuesta oportuna, coordinada y efectiva, tanto a los pilotos como los aficionados.
El director general de Redes y Servicios de Salud, Dr. Gustavo Ortiz, señaló que tuvieron varios meses de planificación, sobre todo, atendiendo la presencia de 400.000 personas aproximadamente durante el evento.
“Estudiamos el terreno con el equipo de la Séptima Región Sanitaria de Itapúa y el equipo de Seme porque se realizará por tramos involucrando a localidades muy importantes”, explicó en comunicación con Alcance FM.
Destacó que para este megaevento, todos los servicios están constituidos en redes de tal manera a brindar una respuesta oportuna desde el Hospital General de Itapúa, el Hospital Regional de Encarnación, tres hospitales distritales, cuatro centros de salud, 27 USF y puestos de salud, totalizando 42 establecimientos sanitarios.
Asimismo, mencionó que estarán movilizando a más de 490 capital humano, 125 médicos, 174 enfermeras y obstetras, más de 150 paramédicos y 139 conductores y personal de apoyo.
La planificación contempla un despliegue acorde a las características y extensión de esta nueva edición del WRC, que contará con una mayor cantidad de tramos y, por lo tanto, requerirá una respuesta sanitaria reforzada y estratégicamente distribuida.
Como parte de este proceso, ya fueron acercados al Hospital General de Itapúa los equipos necesarios para fortalecer la capacidad operativa de 30 ambulancias que estarán destinadas al área intracarrera.
El operativo también contará con un móvil aéreo, helicóptero sanitario, equipado con capacidad de soporte vital avanzado (UTI), ante situaciones que requieran una evacuación sanitaria especializada.
La cobertura sanitaria será articulada mediante un trabajo coordinado entre la VII Región Sanitaria, el Hospital General de Itapúa, el Hospital Regional de Encarnación y el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (Seme), con el acompañamiento del área médica de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
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