La denuncia contra la empresa EMPO SA, encargada de la explotación del vertedero municipal Cateura, se inició con la junta de firmas para el cierre definitivo de la planta residual, encabezada por la ciudadana Rosmary González. Según la denunciante, ya existen serias irregularidades a las que incurrió EMPO SA, desde la falsificación de documentos para cobrar a la Municipalidad de Asunción por el servicio de tratamiento de residuos.

“Como siempre la municipalidad se encarga de pagar por el servicio de tratamiento de basuras, para ir a cobrar la empresa debía presentar su factura legal, pero como adeudaba una millonaria cantidad de dinero al fisco como EMPO SA y no podía solucionar ese problema con Hacienda. Entonces, la empresa consiguió con los concejales municipales que se dé una adenda en el contrato y se homologó para cambio de denominación como EMPO LTDA y con la factura de LTDA pudieron cobrar”, relató González, quien afirma que desde hace 18 años la empresa opera de forma irregular.

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Vista aérea incendio Cateura bomberos. Foto: Carlos Juri.

En la era Enrique Riera como intendente de la Municipalidad de Asunción, la empresa ganó la licitación hace 20 años para el tratamiento de las basuras. A los dos años de iniciar el trabajo en Cateura, EMPO SA ya debía cerrar por incumplimiento de contrato, porque no cumplieron con una serie de trabajos sociales, adquisición de maquinarias y mejoramiento del medio ambiente que debían desarrollar con la comunidad aledaña a la planta de tratamiento residual, señalaron los denunciantes.

“Antes de tener la denominación LTDA. EMPO ya cobraba con una factura falsa, encima de eso utilizaron el cheque y luego culparon a la contadora, a quien denunciaron y a quien se le imputó por el caso. Pero EMPO siguió cobrando con los documentos falsos. Todo esto ocurrió en el 2018”, refirió la denunciante en conversación con La Nación.

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También en Contraloría

La denuncia fue realizada ante la Junta Municipal de Asunción por la ciudadana Rosmary contra la empresa denominada EMPO LTDA y Asociados por incumplimiento y quebrantamiento de la mayoría de las cláusulas del contrato de concesión. Solicitó los documentos de las condiciones de la licitación del servicio de recolección de residuos sólidos. Expuso también las irregularidades a las que incurrió la empresa EMPO para el cobro a la comuna capitalina correspondiente al mes de febrero 2018.

La denuncia también fue realizada ante la Contraloría en el 2018, por delito ambiental y desacato a ordenanzas municipales de Asunción. La contraloría solicitó la intervención del registro sanitario de Cateura, así como también solicitó intervención por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), por la comisión de hecho punible de producción de documentos no auténticos cometidos por la firma Empo Ltda.

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La recomendación que emitió la contraloría en el mes de octubre del 2018 fue la suspensión de todo trámite relacionado con el pago del servicio de disposición final de basura en el municipio y con referencia a hechos cuya dilucidación dependía de trámites en curso.

“Hicieron caso omiso a dicha recomendación y así siguieron las irregularidades. Luego, en el mismo mes de octubre del 2018 se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía Barrial N° 2 contra Mario Ferreiro y otros por producción de documentos no auténticos y otros. También se dio conocimiento a la Junta Municipal para dejar en conocimiento sobre la denuncia formal”, explicó la denunciante.

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En noviembre del mismo año la Contraloría emitió un nuevo dictamen –debido a la denuncia– y recomendó a la Municipalidad de Asunción a través de su Junta Municipal que inicie de inmediato el trámite para la rescisión del contrato de referencia. Además, instó al inicio de la ejecución de la garantía correspondiente a la etapa de explotación prevista en el artículo N° 32 del PBC.

“Todas estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta y hoy día estamos viviendo las consecuencias de la inoperancia e inacción en síntesis de la corrupción de nuestras autoridades. La denuncia penal se encuentra en la Unidad Penal N° 3, Sede 1, con la fiscala Stella Mary Cano esperando se dé la imputación de todos los involucrados”, señaló González.

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