El Refugio Faunístico Atinguy, de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), registró el nacimiento de un ejemplar de ciervo de los pantanos o guasu puku (blastocerus dichomotus) dentro del programa de reproducción en cautiverio.
La especie es el cérvido de mayor tamaño de América del Sur y en nuestro país se halla en peligro de extinción como consecuencia de la caza furtiva y la destrucción de su hábitat.
El ejemplar macho de 7,8 kilos, se encuentra en buen estado de salud, con todos los cuidados sanitarios correspondientes.
Reproducción
El alumbramiento se produce a partir de padres ya nacidos dentro del programa de reproducción que se desarrolla en el refugio desde 1982, a cargo de Medio Ambiente-MD de la EBY.
Con el programa, Yacyretá apunta a la cría, reproducción y conservación de la fauna silvestre y la vegetación en un predio de 100 hectáreas, situado a 10 kilómetros del pórtico de acceso a Ayolas, Misiones, en el camino que une con San Cosme y San Damián, Itapúa.
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Programa de cría
Entre sus objetivos precisamente se halla el de establecer un programa de cría en cautiverio de especies amenazadas de extinción, creando las condiciones físicas y biológicas necesarias, además del fomento de la educación ambiental.
El ejemplar del ciervo de los pantanos se suma a una serie de exitosas reproducciones desarrolladas dentro del Refugio Faunístico Atinguy con otras especies en peligro de extinción como el lobo de crín o aguara guasu, pava del monte o mytu, puma concolor o jagua pytã, jacaré overo o mariposa, tapir o mborevi, así como otras especies. Actualmente cuentan con 133 ejemplares de mamíferos, 183 aves y 93 reptiles.
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Docente ejemplar: “Se merecía celebrar el Día del Maestro”
El sueño de Isamar Cabral siempre fue enseñar y amaba mucho a cada uno de sus alumnos en la ciudad de Loreto (Concepción). “De lunes a viernes, ella hacía un recorrido de 30 a 35 kilómetros para poder llegar de una escuela a otra. Siempre estaba dispuesta a ayudar, siempre estaba con una hermosa sonrisa con la que conquistó a todos sus alumnos y que aún la recuerdan”, recordó su amigo cercano Pedro Martínez en entrevista con La Nación/Nación Media.
“Podemos decir que la querida Isamar descansa en paz”, dijo el también docente, tras darse a conocer, el miércoles pasado, la sentencia contra los dos criminales que truncaron la vida de la joven de 28 años, el 26 de abril de 2022, con el fin de apropiarse de su vehículo, cuando Isamar salió de la escuela San Rafael para dirigirse a dar clases a sus alumnos del nivel inicial en otra escuela rural en Cañada Lourdes.
Martínez afirmó que la maestra constantemente estaba capacitándose y que se ganó su puesto laboral con mucho sacrificio como todo docente rural. “Su muerte marcó mucho al departamento y a los docentes de todo el país, porque se dio dos días antes del Día del Maestro (30 de abril), día que se merecía celebrar”, resaltó.
RECORRIDO EN MOTO
Pedro indicó que en sus primeros años en la docencia, Isamar hacía el recorrido en moto y que ni las fuertes lluvias, tormentas o el intenso calor hicieron que ella flaqueara para llegar a dar clases y que, con mucho sacrificio, pudo comprarse un auto, que fue el móvil del cruel crimen.
“Ella se movilizaba primeramente en una moto y, cuando llegó ese fatídico día, ya tenía su propio auto, que luchó mucho para comprar. Era una persona llena de ilusiones, tenía muchas ganas de trabajar, muy rápidamente conquistó a todos con su bondad y amabilidad”, relató.
PAZ PARA SUS PADRES
El docente indicó que con esta condena tal vez no devuelva la gran pérdida que representa la trágica partida de la joven profesional para la institución, colegas y sus padres, pero trajo un alivio para sobrellevar la situación. Además de saber que nadie más pasará por lo mismo. “Nos vamos conformes y con una cierta paz. Esperemos que llegue esa paz para su madre doña Norma y su padre don Miguel, que no van a recuperar a su amada hija que fue segada por manos de estos criminales”, puntualizó Martínez.
ASÍ OCURRIERON LOS HECHOS
Según una cocinera, una de las testigos principales del caso, aquel 26 de abril de 2022, Isamar salió apurada pasadas las 11:00 porque tenía que llegar a tiempo a la otra escuela y no llegó a almorzar, pero llevó ese día la comida en una vianda. En el trayecto, la joven de 28 años fue emboscada por los acusados, cuyo fin era robarle su automóvil, pero la asesinaron y su cuerpo fue abandonado al costado de un camino a 100 kilómetros de donde fue vista por última vez.
El jueves 28 de abril, dos días después de su muerte, fue demorado Germán Clavelino Larrea, quien fue el encargado de llevar el automóvil de la educadora desde Loreto a Yby Yaú, supuestamente a pedido de Hilario Gayoso Duarte. en cuya vivienda fue hallado el vehículo. Mientras tanto, toda la comunidad de Loreto se unía masivamente para despedir a la maestra y reclamar justicia para su memoria.
El último miércoles 24 de abril, a dos días antes de su aniversario de muerte, un tribunal emitió la condena de 22 años años de cárcel para Hilario Gayoso Duarte, de 42 años, y de 25 años de cárcel para Germán Clavelino Larrea, de 33 años, los criminales que acabaron con la vida de la profesional.
DECLARARON 51 PERSONAS
El tribunal integrado por Teresa Concepción Jara Morel, Jovino Ramón González Alcaraz y Shirley Morales Escobar corroboró que el hecho de robo con resultado de muerte fue organizado y perpetrado con premeditación por los acusados. La lectura de la sentencia completa fue programada para el 2 de mayo a las 12:30. La jueza Jara Morel, presidenta del tribunal, realizó la argumentación de la sentencia refiriendo que declararon 51 personas, así como se presentaron 87 pruebas documentales y 3 pruebas periciales, además de una pericia solicitada por el cuerpo de magistrados, en el marco del juicio.
Como dijo Pedro, la recordación del Día del Maestro tendrá un gran vacío para la comunidad educativa de Loreto, aliviada por el acto de justicia, pero evocando la sonrisa de Isamar hacia sus alumnos y sus sacrificios que tuvieron por motor la pasión por la docencia, como cientos de maestros rurales que siguen luchando por un mejor Paraguay.
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Cuestionan a Abdo Benítez y exigen castigo ejemplar
Luego de las imputaciones contra el expresidente Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, como Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, aparte de Carmen Pereira, el actual diputado Mauricio Espínola, entre otros, acusándolos de filtrar informes de inteligencia, al respecto, en las redes sociales no se hicieron esperar los descargos de los usuarios, quienes criticaron al exmandatario imputado, exigiendo un castigo ejemplar.
“Ojalá se haga justicia y el cabecilla de esta gavilla de delincuentes, Mario Abdo Benítez, y todos sus integrantes terminen en la cárcel”, expresó un usuario en la red social X, a lo cual siguió el comentario de otro usuario que manifestó que el endeudamiento con las empresas constructoras de rutas asfaltadas, lo cual quedó como un clavo para el gobierno actual, es una muestra de la actitud rastrera del exmandatario.
En esa línea, remarcaron también que las acciones corresponden a la persecución elaborada por Abdo Benítez y su gabinete, a través de los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad). Lamentaron la manera en que el exmandatario habría utilizado el Estado como garrote político, con el único fin de perseguir a sus adversarios, destacando así las actuaciones de la Fiscalía contra el acusado y los miembros de su equipo.
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Esperan que condena ejemplar abra un camino de justicia
Actores principales en la defensa de los derechos humanos comentan en esta página qué puede pasar a partir de la condena a Eusebio Torres Romero por torturas durante la dictadura. Hay todavía dos decenas de casos que se podrían elevar a juicio oral. Otros 60 están para ser analizados por el Ministerio Público. El reclamo de memoria, verdad y justicia renace en estos días y siempre.
- Por Jorge Zárate
- jorge.zarate@nacionmedia.com
- Fotos AFP / Archivo / Alegría González
“¡Es un triunfo enorme realmente…! A esta sentencia hay que cuidarla todos los días hasta que quede firme”, dice María Stella Cáceres, directora del Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos celebrando la condena a 30 años al represor Eusebio Torres Romero.
El pasado 20 de febrero, resaltando que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, el Tribunal de Sentencia conformado por Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre dio un paso fundacional.
Expresó el juez Ortiz: “El bien jurídico afectado en este caso es la dignidad humana”. El juez Aguirre condenó la actitud de Torres Romero: “No mostró arrepentimiento. La policía está para protegernos y no para torturarnos”.
Rogelio Goiburú, director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, comenta al respecto: “Siento una enorme satisfacción y tranquilidad, sobre todo para quienes estamos hace tantos años luchando que por fin después de 35 años salga una sentencia que por la magnitud de los años de condena marca un antes y después en el tema de los delitos de lesa humanidad”.
Agrega que “es la primera vez que un funcionario de Estado recibe 30 años de condena. Sabemos que no va a cumplir la prisión en la cárcel, pero simbólicamente es importante que haya voluntad de hacer cumplir la ley, que las normas no están allí para que haya gente que las pisotee y entiendo que también le va a frenar a cualquier psicópata a la hora de querer ‘cumplir órdenes’ de torturar a los semejantes”.
HECHOS PROBADOS
El Tribunal de Sentencia consideró probado que Torres Romero, en abril de 1976, infringió torturas a físicas y psicológicas a Carlos Casco y a su esposa, Teresa de Jesús Aguilera, en ese momento embarazada, como así también a Luis Alberto Casco, hermano del primero.
“Tejuruguái (látigo, en guaraní)” era el apodo del torturador que fue reconocido por unos 20 testigos durante el juicio oral que se desarrolló desde el pasado 6 de febrero.
Torres Romero, que además de haber sido comisario, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional y abogado, intentó alegar, declarando desde su casa por teleconferencia, que los testigos lo confundían con otra persona.
Cáceres muestra su enojo con esta situación: “Es imposible que la gente se confunda. Si fuera un tipo común, todavía. Era una imagen imponente, por altura, expresión del rostro que no pasa inadvertido, no era una persona de pequeña estatura que se podía confundir… era visible, soberbio, es dificilísimo que alguien se pueda confundir”, apuntó. “Además de ser abogado, violentando todos los principios éticos”, agregó.
Para Goiburú, durante la llamada “transición democrática”, que algunos cientistas sociales juzgan terminada, “lo que no tuvimos verdaderamente es justicia. Aunque esta persona se vaya a su casa, son las barbaridades del régimen que utilizó a estos personajes las que también se exponen. Este fallo abre las puertas para seguir luchando, brinda herramientas, nos carga el tanque en la búsqueda permanente de verdad y justicia”.
OTRAS CAUSAS
El camino continúa, ya que existen otros 22 juicios que están en el Poder Judicial y otros 57 casos elevados por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) al Ministerio Público para su investigación, según reveló Rosa Palau, coordinadora del Museo de la Justicia, popularmente conocido como Archivo del Terror.
El Archivo, hallado en Lambaré el 22 de diciembre de 1992, contiene unas tres toneladas de papeles que prueban el mecanismo de represión del régimen de Alfredo Stroessner y la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para hacer lo propio en los países vecinos en el marco del Plan Cóndor.
El Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos sirvió como soporte documental a numerosos juicios realizados contra represores paraguayos, argentinos, chilenos y uruguayos por su participación en la desaparición de personas en el marco del Plan Cóndor.
“Fue un fallo sorprendente que recibimos con mucha alegría porque es aleccionador”, señala Palau. “La Justicia cumplió con las víctimas, es una reparación simbólica a todo lo que han sufrido y a los muchos que murieron sin ver esto. La tortura no prescribe, es una lección para los que siguen torturando en comisarías. Para la próxima, ya saben que tienen 30 años, sienta un precedente importante que da aire fresco a la democracia, brinda la sensación de que las cosas pueden hacerse”, celebró.
Para José María Costa, director de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que hace un seguimiento de los casos, “lo que diferencia a este de los otros juicios, el de Mario Schaerer Prono, por ejemplo, es que se realizó por el Código Procesal Penal (CPP) actual que establece el juicio oral, los otros fueron juicios escritos y por el código anterior. Aquí pudimos ver a 20 testigos y con base en ellos oír de fuente directa “fulano estuvo en la policía, fulano dirigía las torturas, etc.”, destacando la agilidad del proceso y las posibilidades de comprender una escena del crimen a cabalidad que brinda esta técnica.
Costa recuerda que los 22 casos derivados a la jueza Dina Marchuk todavía deben ser analizados para determinar su procedencia al juicio oral. “Vale decir que en muchas de esas carpetas aparece Eusebio Torres como acusado”, recordó Costa.
QUÉ SIGUE
María Stella Cáceres entiende que el fallo “parece que hubiera reverdecido el espíritu de solidaridad entre las víctimas, que ojalá se mantenga. Siento que se ha inyectado energía e interés en las nuevas generaciones y ha tenido un impacto internacional muy importante”, comenta. Cáceres es esposa del educador, abogado y activista de los derechos humanos Martín Almada, descubridor del Archivo del Terror y Premio Nobel Alternativo.
“Esta situación nos alienta a seguir en el Museo de las Memorias agendando las visitas de las escuelas porque mostrar esa mínima parte del sistema ayuda a que la gente se haga una idea. En realidad, casi toda esa cuadra en que está el Museo se practicaba la detención ilegal y la tortura. También nos alienta a mantener la red internacional por la verdad y la justicia activa para que esto no vuelva a ocurrir nunca pero nunca más”, dice.
Rogelio Goiburú, cuyas excavaciones durante casi dos décadas permitieron recuperar 44 cuerpos, de los que se identificaron cuatro, entiende que el fallo lo moviliza a “investigar, hablar con familiares y víctimas, siempre buscando testigos, gente, militares, policías. Tengo como 30 lugares para ir a excavar, pero necesitamos un compromiso del Estado, presupuesto para ir al trabajo, necesitaríamos unos 30.000 dólares anuales”, reclamó.
“Tenemos tres sitios donde presumiblemente puede estar papá (Agustín Goiburu, político colorado opositor a Stroessner, desaparecido por el Plan Cóndor en 1977)”, cuenta.
“Con los recursos que me dieron, la mitad usé en Caaguazú” en una excavación de 2022 buscando los restos de 10 campesinos desaparecidos en marzo de 1980. “Tengo que seguir allá porque estamos con cosas nuevas y, aunque no encontramos los cuerpos, tengo nuevos indicios de qué es lo que pudo haber pasado. Parece que sacaron de ahí (donde buscaron) y los tiraron en otra parte, que ya sé dónde puede ser”, comenta.
“Estoy muy entusiasmado, a pesar de las dificultades y las trabas. Viví 40 años en el exilio y siempre quise venir a la patria. Estoy demasiado feliz, es un logro de todos, de los luchadores, de la sociedad, de la gente que ama su historia. Así que seguiremos luchando inspirados en nuestros héroes militares y civiles de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, del 47″, apuntó.
Una mirada especial
Hay varias lentes captando el juicio, los testimonios de las víctimas, la impasividad del acusado Eusebio Torres Romero desde la teleconferencia, las manos, los gestos, pero entre ellas se destaca la mirada de Alegría González.
“Mis dos abuelos fueron represores”, dice esta joven perteneciente al colectivo internacional Historias Desobedientes, compuesto por familiares de quienes fueron represores o los avalaron desde situaciones de poder, que se comprometen con la verdad y la justicia.
“Dos dimensiones conviven en mi posición. Una colectiva, que va en la militancia para que los crímenes se esclarezcan, y una dimensión afectiva, que me encuentra desde el otro lado, que no puede evitar pensar en qué hubiera pasado si mis abuelos hubieran pasado este proceso judicialmente”, sostiene en diálogo con La Nación/Nación Media.
Su abuelo materno, César Benítez Bogado, fue delegado de gobierno en tres departamentos durante la dictadura, en San Pedro, Ñeembucú y Paraguarí. Su bisabuelo paterno fue jefe de investigaciones antes de Pastor Coronel. Su tío abuelo, José Alberto “Icho” Planás, figura en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) entre los 3.336 beneficiarios de las más de 7 millones de hectáreas de tierras destinadas para la reforma agraria que Stroessner repartió a políticos, militares y favorecedores.
“(A Eusebio Torres) su hijo lo estaba defendiendo. Entonces allí toma dimensión lo importante que es nuestra posición para poder acelerar hechos de justicia”, señala. “Pensé en hablarle al hijo y decirle que está este tipo de posibilidad que nosotros tomamos. Fue difícil no tener rabia cuando el hijo estaba escuchando esos testimonios con mucho detalle. ¿Qué emociones y qué distancia y frialdad uno se pone para tener esa posición?”, cuestiona.
NO PRESCRIPCIÓN
Para González, el fallo “fue súper importante, tardío pero contundente. Deja muy claro que estos crímenes no prescriben”, apunta.
“Nací en el 95 en lo que fue la transición, postransición y en mi educación tampoco esto fue cuestionado. No era muy hablado, era como un punto en la historia donde no se analizaban las secuelas que dejó en nosotros. Esto como macro, pero en lo micropolítico tuve un quiebre familiar, pero siento que es un camino que sigue mucha gente en Argentina, Brasil, España, El Salvador, hay acciones concretas que el colectivo trata de acompañar en cada territorio”, cuenta.
“Implicó para mí quiebres, dolores, pero debo separar culpas y vergüenzas. Me paro aquí y trato de asumir socialmente esta impunidad en la que murieron mis abuelos”, dice con valentía.
“Hay más de 100 torturadores vivos a los que nadie les toca”
Rogelio Goiburú apunta que en el informe de la CVJ se señala la existencia de 695 victimarios represores. “Muchos se murieron, (Alcibiades) Brítez Borges, (Sabino Augusto) Montanaro, hetaiteréi la omano”, recuerda.
Vale señalar que Pastor Coronel, Alcibiades Brítez Borges, Lucilo Benítez (Kururu Pire), Camilo Almada Morel (Sapriza), Juan Martínez, Alberto Cantero, Agustín Belloto, Francisco Ortiz Téllez y unos pocos más fueron condenados en menos de una decena de procesos.
En buena parte de los casos, las condenas impuestas no se cumplieron porque los represores fueron beneficiados con el arresto domiciliario por ser mayores de 70 años.
El dictador Alfredo Stroessner y su exministro del Interior Sabino Augusto Montanaro, principales ejecutores de la brutal represión, murieron impunes.
RECORDATORIOS
El periodista e investigador Nemesio Barreto publica constantemente en sus redes recordatorios de esa impunidad. “Esta semana murió otro torturador: Ramón Alfredo Villalba García de Zúñiga (Alias Bota Puku), terror de los campesinos. ¡Murió impune!”, se queja. “Dirigía una empresa de seguridad en Hernandarias, su hijo era cuñado de Nicanor (Duarte Frutos, expresidente), así que lo protegieron”, comenta.
“Son muy pocos los condenados. Personalmente hice como 50 denuncias de las que no prosperó ninguna”, lamenta. “Hasta hoy perciben haberes en un edificio que está en Brasil casi Rodríguez de Francia con total impunidad”, agrega.
“Llegamos a presentar con Ananías Maidana y Joel Filártiga una demanda contra los Estados Unidos por entrenar y proteger a gente como Campos Alum, Felipe Neri Saldívar… Unos 10.000 presos políticos pasaron por la Técnica, el sistema represivo devoró a miles de personas”, recordó.
“No hay registros de los detenidos en el interior porque en total fueron 272 los centros de detención que hubo en el período 1954/89. El tema es que no hay listas departamentales de detenidos porque, por ejemplo, el Archivo de Caaguazú que se encontró en diciembre del 90, dos años antes de los Archivos del Terror, terminó desapareciendo”, expuso.
“Solo una pequeña parte se integró al Archivo del Terror. Es una carpeta que tiene unas 400 páginas. Hubo acciones para borrar el accionar policial-militar, inclusive edilicios. Se demolieron sótanos en la 3.ª en la delegación de Cordillera, Investigaciones sobre Presidente Franco se remodeló. En Independencia y Presidente Franco estaba la cámara de tortura, ahí se usaba la picana, era el centro que después se convirtió en una casa comercial”.
Para Barreto, el fallo que condenó a Eusebio Torres “es más simbólico que otra cosa. Su hijo va a apelar y, en fin, no va a ir preso, para que quede firme tendrán que hacer milagros para que se resuelva en un par de años, cosa que no creo porque no queda bien que un hombre de 90 años entre a prisión”, expuso.
Entiende que “no es mucho lo que se puede hacer con los que quedan libres y están fuertes. Los nacidos en la década del 50 que eran cadetes, en Investigaciones, la Tercera, la Técnica, 5.ª; 7.ª y 8.ª, son un centenar de torturadores vivos que nadie les toca”.
Su hermano Abilio Barreto fue asesinado en el 1966 y Nemesio fue preso ya con 16 años por primera vez en 1972: “Me secuestraron en Caacupé. Estuve siete meses en un sótano. Ligué como todo el mundo, me hundieron una costilla, me arruinaron un riñón, me rompieron el cráneo con la cachiporra, creo que sobreviví porque cuando joven uno aguanta más cosas, más que aquellos veteranos que caían, yo lo vi a Eusebio Torres”, relata.
“La picana era muy dolorosa. Tenía un regulador de voltaje que funcionaba con un teléfono viejo al que le daban manija y el voltaje subía a medida que daba vuelta la manivela. Creo que en el Museo de las Memorias hay un teléfono de esos. Después estaba la pileta, en la que el primer torturado tenía agua limpia, pero imagínate el quinto después de que hicieran allí sus necesidades. A veces estábamos 15 esperando para pasar. Los policías estaban en calzoncillos y se sentaba uno en el pecho o en el vientre y te daba la terrible sensación de muerte. Uno lo hacía para ganar tiempo. Allí es donde te declaras comunista, decís tengo las armas en mi casa, cualquier cosa se dice para salvarse, pero ellos sabían, estaban entrenados por los yankees que dominaban entonces y dominan ahora”.
Galería del terror
Aquí algunos de los torturadores en la reseña de Nemesio Barreto:
Felipe Nery Saldívar (Recuadro
Fue un torturador experto en dolor humano. Murió en febrero de 2022, vivió una vejez tranquila en su casa. Sus muchas víctimas lo recuerdan destrozando con placer la espalda de los torturados, era diestro con el tejuruguái y valiente con el indefenso. Murió impune como tantos otros de su estirpe.
Blas Schembori González
Murió impune. La ética sometida a referéndum puede desembocar en resultados imprevisibles: una mayoría coyuntural puede convertir a las víctimas en culpables, tal como ha ocurrido con la película “7 cajas”, de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori. En esta película aparece una reivindicación del comisario Blas Schembori (+), quien trabajó en la Guardia Presidencial y en la Comisaría Sexta (Mariscal López y Kubitschek). El temible don Blas Pucú nació en 1941, con C.I. N.º 203.691, falleció el 8 de diciembre de 2009.
Juan Carlos Hermosa
Torturador y locutor. Era el seudónimo del comisario José León Hermosa Campora, fue uno de los más temibles de la policía estronista. De día era locutor de radio y de noche torturador. Era, en cierto modo, como “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”, novela de Robert Louis Stevenson.
Robert K. Thierry
El coronel Robert K. Thierry llegó a Paraguay primero con la cobertura de “comerciante”, especializado en técnicas de interrogatorios (tortura), entró al país en 1949 con pasaporte número 85.506. Por orden del Gobierno de los Estados Unidos creó la División de Asuntos Técnicos, más conocida como la Técnica, que regenteó el temible Antonio Campos Alum. Thierry nació el 17 de enero de 1909 y murió en San Diego, California, el 23 de noviembre de 1979. Thierry se casó con Vashti Bell Hodge (1913-1981) el 27 de febrero de 1937.
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Obras ferroviarias en Encarnación siguen, pero hay conversación pendiente con Argentina
Ya en 2020 se dio inicio a las obras para la construcción de 7,5 kilómetros de vía férrea desde la estación, empalme puente internacional, en la cabecera del puente San Roque González de Santa Cruz, hasta el barrio Santa María de la ciudad de Encarnación, donde se debe construir una estación de cargas, según datos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Consultado por el avance de la obra, el presidente de la EBY, Luis Benítez, manifestó que esta obra ya fue adjudicada en 2012 y que desde que asumió el gobierno actual, en agosto, se reforzaron los trabajados para que las vías lleguen a su tramo final.
“Desde agosto, cuando nosotros asumimos, hemos avanzado. Hoy están las empresas trabajando y nosotros hemos hablado con ellos. Pero sí, hay una discusión pendiente con Argentina, como parte de la agenda bilateral que vamos a tener una vez que designe al nuevo director”, dijo.
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Recordó que esta obra tiene una vigencia de prácticamente 13 años, que anteriormente el riel era de madera y hoy es de hierro, y que la intención es darle celeridad para terminar y entregar a Encarnación, tal como lo estipula el tratado.
En la zona, ya se realizaron trabajos de tasación y expropiación en tiempo y forma. Incluso algunas familias ya fueron indemnizadas y trasladadas, quedando una cantidad mínima a ser atendidas; esto denota que hay avances y que se trabaja con seriedad, según autoridades de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).
Los trabajos están a cargo de la empresa contratista Consorcio Vial Paraguayo (CVP) por un monto de USD 20 millones. La firma del acta se realizó en febrero de 2020 con un plazo de ejecución de 360 días. Parte del Plan Terminación Yacyretá (PTY) prevé la construcción de una vía ferroviaria en el tramo comprendido desde el Puente Internacional Encarnación - Posadas hasta el distrito de General Artigas.
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