Tributación, Fiscalía y Contraloría anunciaron una línea de trabajo para llevar adelante investigaciones de posibles enriquecimientos ilícitos con relación a los patrimonios descomunales que varios funcionarios manifestaron poseer en sus declaraciones juradas.

En la mañana de hoy se realizó la primera mesa de trabajo entre instituciones investigadoras y contraloras del Gobierno con relación a las declaraciones juradas publicadas recientemente. El encuentro tuvo lugar en la sede central de la Fiscalía General del Estado.

Dicha mesa estuvo integrada por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez; el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana; el viceministro de la Subsecretaría de Tributación, Óscar Orué, y fiscales de Delitos Económicos. La reunión se realizó con el objetivo de trazar acciones de trabajo en relación con los análisis y exámenes de las declaraciones juradas que la Corte Suprema hizo públicas la semana pasada.

“No vamos a dar impunidad a nadie”

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, señaló que “se propició esta primera mesa de trabajo a fin de articular con las demás instituciones las acciones a seguir”.

“Queremos ver la trazabilidad y los tipos de informes que serán necesarios para establecer, de manera ágil, una línea de análisis e investigación. El tiempo establecido no significa impunidad, sino que esos informes sean eficaces, resaltando que en todos los casos se agotarán todas las líneas investigativas. Es un arduo trabajo, pero no vamos a dar impunidad a nadie”, sostuvo la encargada de la Fiscalía.

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“Buscaremos no cometer los mismos errores”

Por su parte, el contralor general de la República, Camilo Benítez, señaló que se deben establecer criterios objetivos a fin de establecer parámetros y el universo de los primeros análisis a ser realizados.

“Esta mesa será determinante con los controles cruzados para establecer esos criterios unificados a la hora de valorar hechos como enriquecimiento. Lo que buscamos es no cometer errores del pasado, como enviar dictámenes que luego sean rechazados por el Ministerio Público por no contener los datos necesarios o no estar basados sobre la misma línea de investigación penal, que sean informes eficaces”, dijo.

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Sobre el tiempo estimado, el contralor explicó que “estos análisis serán sumados al planeamiento que tiene la Contraloría anualmente, más aquellos pedidos de otras investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de denuncias abiertas anteriormente que están en curso y que son como 40 causas”.

“Ahora, sumado a la lista que enviará también la Subsecretaría de Tributación, pero pondremos todos nuestros esfuerzos de luchar contra la impunidad como dijo la fiscala general del Estado. Si nos ubicamos en nuestro planeamiento, en el que está inserta parte del universo de nombres ya publicados en los medios”, agregó.

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Plan de auditoría tributaria

Por su parte, Daniel Faria, director de Fiscalización Tributaria en la Subsecretaría de Tributación, resaltó que además de los análisis patrimoniales de la Contraloría General de la República, explicó que ellos también aportarán con un mecanismo de control cruzado a través de un Plan de Auditoría, donde tomarán a los contribuyentes determinados y donde se analizarán para establecer el nivel de riesgo, creando diferentes perfiles de riesgos que ayudarán a seleccionar de mejor manera e impulsar de forma inmediata los exámenes de declaración jurada.

Todas las declaraciones serán cotejadas, solo que se van señalando indicadores de riesgos a cada uno, como por ejemplo la capacidad de endeudamiento y el crecimiento patrimonial. Los casos que serán investigados son hechos de corrupción en general y no se circunscribirán a un solo tipo.

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Sobre la oficiosidad

Desde el Ministerio Público mencionaron que si bien deben actuar de oficio ante la sospecha de comisión de delitos o crímenes, se encuentran condicionados al “principio de legalidad”, que significa que deben existir hechos concretos de la comisión de un hecho punible.

“Esto está previsto en el artículo 18 del CPP, el que establece básicamente que el Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que haya suficientes indicios fácticos de la existencia de los mismos”, indican.

Esto también va en consonancia con el artículo 285 del Código Procesal Penal que dice que la denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal. Que la denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho, con indicaciones de actores y partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos probatorios que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.

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