En las orillas del río Paraguay fue hallado el cuerpo del joven Ezequiel Barrios, de 19 años, luego de la intervención del fiscal Giovanni Grisetti. El sábado se había denunciado la desaparición del mismo.
Según declaraciones de familiares, se habría ahogado en las intersecciones de 44a. Proyectada y Parapití de Asunción, en la zona del río Paraguay. Y fue encontrado en la zona de Itá Enramada luego de varios días de búsqueda.
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El fiscal había remitido oficios solicitando la colaboración de policías y buzos a fin de que se realice la búsqueda. El operativo se centró en el destacamento de la Prefectura General Naval de Sajonia, Zanja Hu, Itá Enramada, Km 9 y Puerto Pabla, según informó el Ministerio Público.
Las búsquedas se realizaron en superficie y por buceo. Además se realizó la inspección médica forense de los restos en presencia del hermano del desaparecido así como de otros familiares que se hallaban en el lugar. Tras el hallazgo, el cuerpo fue entregado a los familiares.
Denuncia
Los familiares y vecinos del Bañado Sur solicitaron en principio el apoyo de la FOPE de la Policía Nacional para iniciar la búsqueda. Finalmente la comunidad se movilizó para iniciar por cuenta propia la búsqueda del muchacho, ya que solo recibieron respuestas negativas por parte de las autoridades.
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Fiscalía pidió a la Corte celeridad y evitar que caso de Rafael Filizzola quede impune
La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola. La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no.
Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.
“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.
Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.
“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.
El caso “Comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.
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Atraían a extranjeros con falsas citas y luego los asaltaban en Ciudad del Este
Dos extranjeros fueron víctimas de violentos asaltos y privación de libertad en Ciudad del Este, en hechos que tendrían un mismo patrón: contactos pactados mediante una aplicación de citas que terminaron con los hombres trasladados hasta el barrio San Rafael, donde fueron interceptados por grupos armados.
Desde el Ministerio Público informaron este jueves que los casos, ocurridos en julio, derivaron en la imputación de siete personas, seis hombres y una mujer, por los presuntos delitos de robo agravado, asociación criminal y privación de libertad.
“Tres de los sospechosos fueron detenidos durante allanamientos realizados el 19 de agosto, mientras que los otros cuatro permanecen prófugos y tienen órdenes de captura”, informó la Fiscalía.
Detalles
El primer episodio ocurrió el 6 de julio, cuando un ciudadano brasileño acordó encontrarse con una persona que utilizaba el perfil de “Wilson”. El supuesto contacto lo recogió en el microcentro y lo llevó hacia la zona baja del barrio San Rafael. Allí, un grupo de entre ocho y diez personas lo habría encañonado y retenido durante varias horas.
Los delincuentes le quitaron un iPhone 15 Pro Max y dinero en efectivo y, según la denuncia, lo obligaron a realizar transferencias por unos 8.000 reales, además de gestionar préstamos.
Diez días después se habría producido un segundo ataque. Esta vez, un ciudadano francés contactó mediante la misma aplicación a un usuario identificado como “Lucas”. Tras ser recogido en un hotel de Foz de Yguazú, fue llevado hasta San Rafael, donde un grupo de entre 10 y 12 personas lo habría golpeado y despojado de su teléfono, calzados y tarjetas bancarias.
La víctima fue trasladada posteriormente hasta una zona boscosa cercana al río Paraná, donde permaneció retenida durante más de ocho horas.
La investigación permitió reconstruir parte de los recorridos mediante cámaras de seguridad y vincular una de las motocicletas utilizadas con uno de los sospechosos. Con esos datos se realizaron allanamientos en San Rafael, donde fueron incautados una motocicleta, teléfonos celulares, cascos, prendas de vestir, calzados y otros objetos que podrían estar relacionados con los hechos.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para dos de los imputados, arresto domiciliario para la mujer y la declaración de rebeldía y captura de los cuatro sospechosos que siguen sin ser localizados.
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Metrobús: fallo de la Corte sobre rescisión de contrato podría ampliar responsabilidad de Wiens
La fiscal Yeimy Adle indicó que el Ministerio Público aguarda el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al millonario litigio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota Engil para ampliar o no la cifra del daño patrimonial causado por el exministro abdista Arnoldo Wiens. Esto, en el marco de la causa por el fallido proyecto metrobús.
“El MOPC le intimó a Mota Engil a que renueve la garantía de fiel cumplimiento del contrato. La firma Mota Engil le envía una primera nota y le indica que no renovará esa garantía porque en ese momento no se estaba cumpliendo con el contrato”, relató la agente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, sobre la cronología de los hechos en el año 2018, cuando se inicia el gobierno de Mario Abdo Benítez con la gestión de Wiens.
Adle manifestó que “el MOPC le envía otra nota a la empresa diciendo que rescindirá el contrato, entonces la empresa le remitió otra nota al MOPC indicando que no está de acuerdo, pero que renovará la garantía. Paraguay o el MOPC ya no le contestó esa nota y directamente rescinde el contrato y ejecuta la garantía anterior”.
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La agente fiscal acotó: “Todo esto se discute en el laudo arbitral y el arbitraje dice que no se cumplió con la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, entonces el contrato fue rescindido de manera correcta, pero en el siguiente párrafo le condena a Paraguay a pagar casi 5 millones de dólares porque no debió cobrar la garantía, teniendo en cuenta que no se estaba cumplimiento fielmente con el contrato en atención a las obras del acta de entendimiento”.
De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
“Esto no introducimos como perjuicio dentro de la acusación contra Wiens, porque el Paraguay apeló y ahora está en discusión en la Corte Suprema de Justicia y hasta que eso quede firme o no, no podemos introducirlo dentro de nuestra investigación porque debe ser objetiva”, mencionó.
Desde el Ministerio Público sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.
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Acusan y piden juicio oral para hermano de político liberal
El fiscal de Fernando de la Mora, Armin Echeguren, presentó una acusación por abuso sexual en niños y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación a juicio oral y público del proceso penal contra el hermano de un político liberal, quien aspira a la intendencia de una ciudad del Departamento Central.
La acusación fue radicada ante el juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, quien ya fijó la audiencia preliminar para el próximo 28 de agosto a las 08:30. En dicha diligencia judicial se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
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El representante de la Fiscalía reabrió la causa y, tras hallar elementos de prueba contundentes, presentó la acusación formal contra el procesado, miembro de una familia liberal con antecedentes en la función pública en los más altos cargos electivos. Entre las pruebas ofrecidas se encuentran diversos testimonios y pericias de profesionales que evaluaron a la víctima.
Asimismo, el abogado Luis Fernando Ayala presentó una querella adhesiva en representación de la madre de la víctima, quien actualmente tiene 11 años de edad. La querella se sumó al pedido de que el proceso sea elevado a juicio oral y público.