La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que apelará ante el TAS las sanciones impuestas por la FIFA, tras los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 que la Albiceleste perdió contra España.

La decisión tiene lugar luego de que la Cámara de Apelaciones de la FIFA reducirá el castigo del defensor Nahuel Molina de siete a cuatro partidos de suspensión y disminuirá la multa en su contra de 90.000 a 60.000 dólares.

Pero mantuvo el castigo y la sanción económica al volante Leandro Paredes (10 encuentros y 90.000 dólares). También la multa a la propia AFA (más de 321.000 dólares) por cánticos discriminatorios de los hinchas albicelestes.

“Los próximos pasos a seguir en defensa de los derechos del futbolista (Paredes) y de la AFA serán solicitar los fundamentos de las decisiones y con ellos recurrir al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) para una nueva revisión”, indicó la federación en un comunicado divulgado el viernes.

La AFA aseguró que acudirá a la máxima jurisdicción del deporte porque entiende que “cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación”.

Los futbolistas argentinos fueron sancionados por protagonizar una reyerta con sus rivales al final de la final que España venció en la prórroga 1-0 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, el 19 de julio.

La FIFA también sancionó en su momento al mediocampista Thiago Almada, de River Plate, quien ya pagó su fecha de suspensión.

A Molina, jugador del Atlético de Madrid, le queda uno de los cuatro cotejos de penalización y estaría en condiciones de regresar al equipo nacional en la primera ventana internacional de 2027.

En cambio, Paredes ya cumplió con tres partidos y se perderá los cotejos de la fecha FIFA de noviembre, cuando la Albiceleste se enfrentará a Uruguay y Costa Rica.

Tras los últimos amistosos del año, el capitán de Boca Juniors aún tendría otros cinco encuentros pendientes.

El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) implementarán progresivamente nuevos procedimientos de trazabilidad y control aduanero para el transporte internacional de cargas menores entre Foz de Iguazú, Brasil, y Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias, en Paraguay. La medida se enmarca en el protocolo bilateral suscrito entre ambos países en el marco del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT).

El cronograma establece que desde el 1 de noviembre se exige el Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) para las exportaciones brasileñas comprendidas en el acuerdo y destinadas al régimen de importación menor (IM05) en Paraguay. Del 3 al 15 de noviembre habrá un periodo de transición para que los operadores se adecuen, mientras que desde el 16 de noviembre se exigirán integralmente todos los requisitos.

Además, las operaciones de exportación desde Brasil deberán registrar los datos de embarque en el módulo de Control de Carga y Tránsito (CCT) del Portal Único Siscomex, conforme a los procedimientos de la Receita Federal brasileña.

Los transportistas habilitados por la Dinatran deberán registrarse ante la DNIT como Personas Vinculadas a la Actividad Aduanera (PVAA), bajo la modalidad Empresa de Transporte - Carga Menor Terrestre. Para ello, primero deberán obtener la autorización de sus unidades de transporte y posteriormente completar los trámites aduaneros correspondientes.

Entre los requisitos figuran el registro de al menos tres vehículos mediante el Formulario 604 y la posterior habilitación PVAA a través del Formulario 621, para lo cual se deberá acreditar la titularidad de al menos un vehículo y contar con patente comercial vigente. Los contribuyentes con RUC activo realizarán el trámite mediante el sistema Marangatu, mientras que las empresas extranjeras podrán utilizar los servicios en línea de la DNIT sin clave de acceso.

La implementación será gradual y coordinada entre las autoridades de ambos países, con el propósito de facilitar la adaptación de los transportistas y mantener la fluidez del tránsito fronterizo. La DNIT también anunció la elaboración de guías para orientar a los operadores sobre los procedimientos de registro y habilitación, que estarán disponibles en sus canales institucionales.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán emitió un comunicado agradeciendo el apoyo recibido por Paraguay ante la expansión global del “autoritarismo chino”. El pronunciamiento guarda relación con la sanción aplicada al ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, situación que es calificada por el gobierno de Lai Ching-te como una injerencia a la soberanía y la política exterior.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán expresa nuevamente su más enérgica condena y rechaza categóricamente estas medidas, que constituyen una injerencia abierta en la soberanía y la política exterior de otros países, contraria a los principios del derecho internacional, y ponen de manifiesto la naturaleza autoritaria de China y sus prácticas de intimidación y coerción”, refiere.

Entre las sanciones aplicadas a Villate figuran, por ejemplo, la prohibición de ingresar a su territorio, la inmovilización y el bloqueo de cualquier bien mueble, inmueble u otros activos que posea dentro de su jurisdicción, y el veto explícito para que organizaciones, empresas o ciudadanos en territorio chino realicen transacciones comerciales, colaboren o desarrollen actividades con él.

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En el comunicado también agradecen el apoyo otorgado por Belice ante las sanciones aplicadas a su canciller, Francis Fonseca. “El primer ministro de Belice, John Briceño; el canciller Francis Fonseca; el ministro paraguayo Gustavo Villate; así como los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, han reafirmado, sin dejarse intimidar por las amenazas y presiones, su firme compromiso de permanecer junto a Taiwán. Asimismo, han sostenido que Belice y Paraguay son Estados soberanos e independientes y que el ejercicio autónomo de sus facultades en materia de política exterior constituye un principio y un consenso de la comunidad internacional. Ciudadanos de ambos países también han expresado su apoyo al mantenimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán, por lo que Taiwán expresa su sincero agradecimiento a los gobiernos y pueblos de Belice y Paraguay”, indica.

Manifiesta además que “el Departamento de Estado de los Estados Unidos también ha manifestado que permanecerá firmemente junto a sus aliados y socios, incluido Taiwán, para promover la prosperidad, la seguridad y los valores democráticos compartidos. Asimismo, ha expresado su oposición a los actos de coerción y vulneración de la soberanía que China ejerce contra los países del hemisferio occidental por ejercer sus derechos soberanos. Esto demuestra que Estados Unidos y Taiwán, junto con Belice y Paraguay, integrantes del campo de las democracias libres, seguirán avanzando hombro con hombro”.

El documento expresa a la vez que “reiteramos que Taiwán es un Estado soberano e independiente y que Taiwán y la República Popular China no están subordinadas entre sí. China no tiene derecho a inmiscuirse en las relaciones diplomáticas de Taiwán con otros países. Sus intentos de intimidar y aislar a Taiwán, Belice y Paraguay no harán más que convertirla en objeto de burla ante la comunidad internacional”.

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Añade que “Taiwán mantiene con Belice y Paraguay una relación de cooperación y desarrollo entre socios sólidos y confiables. A lo largo de los años, la cooperación bilateral ha logrado resultados en diversos ámbitos, entre ellos la tecnología agrícola y pesquera, la infraestructura, la salud pública, el comercio y la inversión, la educación superior y el bienestar social. Estos vínculos continúan profundizándose y elevándose a nuevos niveles”.

Señala finalmente que “los gobiernos y las altas autoridades de Belice y Paraguay han expresado firmemente su apoyo a Taiwán en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en diversos organismos internacionales. Nuestros países comparten intereses y destinos, y mantienen una amistad sincera y profunda. Taiwán continuará trabajando de la mano con Belice y Paraguay para impulsar un desarrollo compartido basado en el beneficio mutuo, hacer frente conjuntamente a la expansión global del autoritarismo chino y defender los valores universales de la democracia, la libertad, los derechos humanos, el Estado de derecho y la autodeterminación de los pueblos”.