La Patrulla Caminera es una de las instituciones fuertemente afectadas por la pandemia del coronavirus que derivó en una cuarentena obligatoria, para impedir una propagación masiva del virus. Los ingresos se vieron disminuidos en un 90%, lo que repercute principalmente en el rubro de mantenimiento.

“Hubo una caída del 90% en los ingresos”, reveló el abogado Luis Christ Jacobs, director nacional de la Patrulla Caminera, quien dijo que esta situación incide negativamente sobre todo en lo relacionado a reparaciones de las unidades patrulleras y otros pagos como una parte de los salarios, realizados con recursos de fuente 30.

Jacobs destacó que la Patrulla Caminera acompaña activamente los controles de circulación desplegados diariamente tanto para dar cumplimiento a la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno así como de las leyes de tránsito. Comentó que las infracciones a las leyes de tránsito siguen sancionándose, pero no alcanzan ni el 10% de lo que era antes de la cuarentena. “Poco movimiento hay y eso repercute en los ingresos”, ratificó.

Recordemos que en cuanto a controles de documentaciones, recién a partir del 1 de junio, los agentes fiscalizadores volverán a ser rigurosos para habilitar a la circulación vial de vehículos y conductores a nivel nacional. Esto, considerando que la Patrulla Caminera decidió ampliar hasta el 31 de mayo la consideración temporal para aplicación de sanciones por la portación de licencias y habilitaciones vencidas.

Días pasados el titular de la Patrullera Caminera dio a conocer una resolución en la que argumenta que la medida obedece a la pandemia del nuevo coronavirus que también afecta la operatividad de los municipios.

“La situación es que hay muchos municipios que no están funcionando por culpa de que la gente como casi todas las instituciones está regulando la cantidad de personal que va a trabajar. Y también para evitar aglomeración de personas en los municipios se decidió emitir esa disposición. A partir del 1 de junio recién se va a exigir los documentos actualizados”, había explicado Jacobs en comunicación con La Nación.

Los vencimientos de los documentos: registros de conducir y habilitación vehicular son fijados por cada municipio. Algunos establecen fecha de caducidad en enero, otros en marzo, en tanto muchos lo hacen en junio. “Eso depende de cada municipio”, acotó Jacobs.