Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) explicaron que el sector se encuentra preparando un documento que plasmará las necesidades del rubro para presentarlo al presidente electo, Santiago Peña. Enrique Duarte, titular del gremio, explicó que los industriales consideran que la impunidad en las instituciones debe terminar para tener un país serio, puesto que Paraguay en estos momentos está en la mira de la inversión mundial.
“Tenemos que lograr que la impunidad termine, necesitamos que impere la ley, que todo el sector del Estado las haga cumplir y a los miembros de la sociedad civil. Lo principal que nosotros le vamos a pedir es que las instituciones funcionen”, dijo a la 650 AM. Acotó que así nos convertiríamos en un destino predecible y donde los capitales se puedan radicar.
Agregó que con ello la economía informal o subterránea caería, dando paso a la prosperidad económica. “Así va a regir la prosperidad, la generación de empleos para nuestra gente”, consideró. A su vez, comentó que se debería ir atacando los problemas desde su base, y no ir buscando solucionar aquellas situaciones que se van “por las ramas” y que este rubro cuenta con cifradas esperanzas en que se puede lograr la inflexión hacia el cambio. Duarte dijo que es sabido que toda transición es dura, pero que se tendrá que trabajar entre todos. “Vamos a prestar toda nuestra colaboración para que los logros sean reales, no vamos a trabajar en forma mezquina, sino en forma colaborativa y buscando el desarrollo del país. Estamos seguros de que Santiago es una opción sumamente válida y de cambio real”, subrayó.
Lamentó lo ocurrido en los últimos días con las manifestaciones violentas y pidió que las disconformidades sean resueltas dentro del diálogo, evitándose así la destrucción de infraestructuras que finalmente son nuestras. “No podemos más permitir esto, todos debemos colaborar. Tenemos que expresar nuestras diferencias en el ámbito del diálogo y no del enfrentamiento”, apuntó.
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El miserable corporativismo en busca de la impunidad
La sociedad es testigo y está consciente del perverso juego de protección corporativa de dos cadenas de medios de comunicación a favor de quien fuera su aliado y proveedor –a través del Estado– en el periodo presidencial 2018-2023, y que el juicio anticipatorio de la historia ya ha condenado como el más corrupto de toda la transición democrática. Los tribunales de la república, llegado el momento, solo habrán de confirmar esta sentencia inapelable ante la abrumadora contundencia de las pruebas incriminatorias, no solo en los ministerios del Ejecutivo, sino, y especialmente, en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, cuyas actuales autoridades tienen la responsabilidad moral de aventar las suciedades que todavía se encuentran camufladas debajo de la alfombra.
Desde el primer día de su mandato, advertíamos al presidente Santiago Peña que el mayor desafío que tiene por delante era moralizar nuevamente las instituciones públicas, al tiempo de devolverles eficacia –esto es, lograr los objetivos deseados– en el cumplimiento de sus cometidos fundamentales. Todos los esfuerzos del gobernante y su equipo envían señales inequívocas de que se encuentran en ese camino: el de la rectitud y la capacidad realizadora, mal que les pese a los agoreros del fracaso ajeno. Pero, en la otra ribera, todavía queda una tarea pendiente, y estamos convencidos de que no tardará en ejecutarse.
Aprobados en el Congreso de la Nación los proyectos que tienen categoría de política de Estado y que apuntan directamente a derribar las históricas injusticias sociales, la Auditoría General del Poder Ejecutivo debe exponer a la consideración ciudadana el cuantioso perjuicio de la administración anterior al patrimonio que es de todo el pueblo. Sabemos que se trata de una investigación que requiere pericia, seriedad y cotejo de una voluminosa documentación, para que no queden resquicios o flancos débiles a los que les encantaría disparar a las dos corporaciones mediáticas que decidieron apostar por la impunidad cómplice, presionando y hostigando tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Corte Suprema de Justicia. Y lo hacen con una alevosía que ni siquiera inmuta a ningún periodista de esos medios, quienes, sin embargo, pretenden erigirse en los abanderados de la trasparencia y la integridad.
Los mismos han pisoteado sin ningún escrúpulo ni pudor las reglas más elementales del periodismo, con tal de manipular los hechos, enmascarar la realidad y distraer la atención de los delitos más repugnantes y miserables perpetrados en agravio de miles y miles de familias, de condiciones humildes, quienes, en medio del llanto de la impotencia, veían cómo sus seres queridos morían por la insensibilidad de un Gobierno que prefirió desviar 1.600 millones de dólares, antes que aliviar el dolor de un pueblo asediado por la pandemia del covid-19. Fallecieron por falta de insumos, medicamentos, camas para terapias y, lo más triste, de oxígeno. El resultado fatal, al 15 de agosto de 2023, cuando Mario Abdo Benítez entregó el poder, fue de 19.880 decesos. Muchos de ellos pudieron ser evitados, si no fuera tanta la angurria, la improvisación y la dureza de corazones de quienes pensaron exclusivamente en sus bolsillos y no en el sufrimiento de la población. Los escasos hospitales de contingencia solo fueron montados con el propósito de propiciar las fotografías en los medios amigos y así continuar con el despilfarro de los recursos del área de la salud.
Este es el personaje y su equipo a los que están defendiendo estas corporaciones. Lo están haciendo ahora ante las irrebatibles pruebas de que utilizaron las instituciones del Estado para filtrar informaciones adulteradas algunas, y confidenciales otras, para tratar de eliminar de la carrera electoral a sus enemigos internos de la Asociación Nacional Republicana. Maniobra infame a la que se prestaron los bien identificados medios de comunicación por una doble y espuria motivación: la primera, para extender un manto oscuro de defensa sobre su aliado político y comercial; y la segunda, para obstaculizar cualquier iniciativa jurídica emprendida por los líderes del movimiento Honor Colorado en procura de justicia. Hasta pretenden, en un cinismo y descaro sin límites, deslegitimar la mayoría que hoy tiene el Partido Colorado en las cámaras de Diputados y Senadores, en alianza con representantes de otros sectores políticos democráticos. Sin embargo, en el pasado reciente celebraban la que fuera construida prioritariamente contra el cartismo entre los leales a Mario Abdo Benítez y sus satélites del Partido Democrático Progresista (PDP), liderados por la ahora exparlamentaria Desirée Masi. Sinuoso trayecto que hoy continúa con puntillosa fidelidad su marido, el senador Rafael Filizzola. Ahí es cuando la hipocresía exhibe su rostro más despreciable ante una sociedad frente a la cual perdieron todo vestigio de confianza y credibilidad. Y lo hicieron por sus propias acciones, al promover un corporativismo para la impunidad; en otras palabras, para dejar sin castigo al voraz latrocinio público, el despilfarro en avisaje fiscal y publinotas empalagosas, y la grosera manipulación de los organismos del Estado para atacar a sus enemigos políticos. Y a esta campaña se sumaron algunos seudoopositores, evitando el desafuero de quien, alguna vez, más pronto que tarde, deberá enfrentar estos cargos y rendir cuentas ante la Justicia. El pueblo, repetimos, ya lo hizo hace rato.
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Lucha contra la corrupción e impunidad es clave para EE. UU.
El coordinador de Anticorrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Richard Nephew, realizó su segunda visita a nuestro país, oportunidad en la que se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña, miembros de su gabinete, otros poderes estatales y con varias organizaciones civiles.
“Durante estas productivas reuniones mencionamos que la lucha contra la corrupción es clave para la seguridad nacional, es una prioridad de política extranjera para Estados Unidos e incluye nuestro compromiso en apoyar a una sociedad libre e independiente así como la prensa independiente y el sector privado”, manifestó Nephew.
A lo largo de los diversos encuentros, el representante del Gobierno estadounidense conversó sobre las potenciales áreas de colaboración para continuar abordando temas principales como la corrupción, según indicó, al tiempo que mencionó que para que esto sea posible, la lucha contra la impunidad es esencial.
“La rendición de cuentas y la reducción de impunidad son fundamentales en poder abordar y prevenir la corrupción. El abordaje de la corrupción es esencial para que Paraguay pueda expandir su economía mientras que cuida su democracia”, afirmó el coordinador del Departamento de Estado.
El gobierno de Estados Unidos continuará utilizando herramientas para avanzar en pos de esta agenda, afirmó Nephew, quien señaló que esto incluye el fortalecimiento de las capacidades de justicia criminal, control y en las instituciones con responsabilidades en esta área. Asimismo, sostuvo que el Gobierno norteamericano está unido y que mantiene una comunicación directa y fluida con la embajada de dicha nación en Paraguay.
Antes de las declaraciones de Nephew, el embajador Marc Ostfield brindó unas breves palabras en las que refirió que esta segunda visita del coordinador de Anticorrupción representa la reafirmación de Estados Unidos en su apoyo en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y además destacó el apoyo que están recibiendo de parte de este funcionario de Estado.
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¿Qué propiciará un instituto de la carne?
El presidente de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Balmelli, reiteró la necesidad de que el sector pueda fortalecerse y generar un consenso entre los productores, la industria y el Estado. Esto, de modo de lograr la unidad que apunte al objetivo común, para lo cual es preciso un instituto de la carne.
“Un trabajo bien realizado entre el sector productivo, el industrial y el público nos pueden llevar a metas inalcanzables, imagínense si tenemos un instituto de la carne. Entonces lo que tenemos que hacer más que nunca es estar unidos, más aún porque nuestro país está considerado como el único en el Mercosur que tiene espacio para crecer en ganadería”, expresó.
Fueron palabras brindadas por el referente a la prensa luego de haberse concretado el embarque del primer envío de carne paraguaya al mercado de Estados Unidos. Hecho al que catalogó como un logro muy importante para el sector y el país al cierre del 2023, en un momento que vislumbra buenas expectativas.
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Previsibilidad
Afirmó a la vez que Paraguay tiene condiciones para posicionarse entre los principales proveedores de la proteína roja, que es un alimento sano, inocuo y demostrado como muy importante en la alimentación humana.
Respecto a cómo lograr esa unidad aclamada al principio, Balmelli señaló que no es ningún secreto que los productores añoran formar el marco institucional o lo que sería el Instituto Paraguayo de la Carne, el cual propiciaría las condiciones de trabajo en el que puedan reunirse de forma ordenada y regulada en búsqueda del objetivo común.
Con relación a cómo se cerró el 2023 en términos de precios, el presidente de la Comisión de la Carne de la ARP mencionó que no se puede negar que fue un año extremadamente difícil para el negocio ganadero, más allá del ambiente de alegría por la exportación a Estados Unidos.
Sobre este punto, indicó que la ganadería se volvió un negocio de imprevisibilidad, y un claro ejemplo fue que el precio se redujo de forma sostenida, hasta un 15 % por debajo de lo que fue el 2022. Lo cual afectó fuertemente, pues el ciclo productivo es uno largo, diferente a otras actividades. “Nosotros necesitamos previsibilidad para seguir invirtiendo y crecer en volumen, y eso se va a lograr con condiciones financieras a mayores plazos y preferenciales para el sector”, acotó el referente.
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El Poder Judicial debe demostrar que está decidido a eliminar la impunidad, afirma Nakayama
El senador Eduardo Nakayama señaló que la situación de nuestro país en cuanto a justicia está aún muy lejos de lo que se espera y que tanto la sociedad como el poder político deben exigir muestras al Poder Judicial de que verdaderamente están comprometidos a eliminar la impunidad, uno de los males endémicos que afecta a Paraguay.
“Tenemos que empezar a exigir al Poder Judicial que comience a demostrar con creces que están dispuestos y decididos a eliminar la impunidad en nuestro país”, aseveró el legislador y señaló que una deuda que aún está pendiente en nuestro país es el buen funcionamiento de los tres poderes del Estado.
El parlamentario afirmó que es necesario que existan sentencias más fuertes y ejemplificadoras para casos de corrupción, de modo que realmente pueda disuadir a los actores políticos a no cometer este tipo de actos y les haga llegar a la conclusión que una conducta corrupta no será tolerada por la sociedad.
“Por eso el Ministerio Público debe ejercer la acción penal en representación de la sociedad, por eso se critica cuando la Fiscalía actúa como garrote para poder perseguir a unos sectores o cuando actúa con mucha complacencia con sectores afines, ese no puede ser el rol de un Ministerio Público, porque de esa manera no está cumpliendo el papel que la sociedad le encomienda que cumpla”, aseveró a la 1020 AM.
El Poder Judicial adolece desde hace mucho tiempo graves irregularidades, afirmó Nakayama, quien apuntó como responsable de esta situación a la dependencia de dicho poder a los sectores políticos. “El Paraguay está en el puesto N.° 138 de 141 países por falta de independencia del Poder Judicial”, refirió y mencionó a que también la justicia está permeada por las influencias del Parlamento a través del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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