La sociedad es testigo y está consciente del perverso juego de protección cor­porativa de dos cadenas de medios de comunicación a favor de quien fuera su aliado y proveedor –a través del Estado– en el periodo presidencial 2018-2023, y que el jui­cio anticipatorio de la historia ya ha condenado como el más corrupto de toda la transición demo­crática. Los tribunales de la república, llegado el momento, solo habrán de confirmar esta senten­cia inapelable ante la abrumadora contunden­cia de las pruebas incriminatorias, no solo en los ministerios del Ejecutivo, sino, y especialmente, en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, cuyas actuales autoridades tienen la responsabi­lidad moral de aventar las suciedades que todavía se encuentran camufladas debajo de la alfombra.

Desde el primer día de su mandato, advertíamos al presidente Santiago Peña que el mayor desa­fío que tiene por delante era moralizar nueva­mente las instituciones públicas, al tiempo de devolverles eficacia –esto es, lograr los objetivos deseados– en el cumplimiento de sus cometidos fundamentales. Todos los esfuerzos del gober­nante y su equipo envían señales inequívocas de que se encuentran en ese camino: el de la recti­tud y la capacidad realizadora, mal que les pese a los agoreros del fracaso ajeno. Pero, en la otra ribera, todavía queda una tarea pendiente, y estamos convencidos de que no tardará en eje­cutarse.

Aprobados en el Congreso de la Nación los proyectos que tienen categoría de política de Estado y que apuntan directamente a derribar las históricas injusticias sociales, la Auditoría General del Poder Ejecutivo debe exponer a la consideración ciudadana el cuantioso perjui­cio de la administración anterior al patrimonio que es de todo el pueblo. Sabemos que se trata de una investigación que requiere pericia, serie­dad y cotejo de una voluminosa documentación, para que no queden resquicios o flancos débiles a los que les encantaría disparar a las dos cor­poraciones mediáticas que decidieron apostar por la impunidad cómplice, presionando y hos­tigando tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Corte Suprema de Justicia. Y lo hacen con una alevosía que ni siquiera inmuta a nin­gún periodista de esos medios, quienes, sin embargo, pretenden erigirse en los abanderados de la trasparencia y la integridad.

Los mismos han pisoteado sin ningún escrú­pulo ni pudor las reglas más elementales del periodismo, con tal de manipular los hechos, enmascarar la realidad y distraer la atención de los delitos más repugnantes y miserables perpe­trados en agravio de miles y miles de familias, de condiciones humildes, quienes, en medio del llanto de la impotencia, veían cómo sus seres queridos morían por la insensibilidad de un Gobierno que prefirió desviar 1.600 millo­nes de dólares, antes que aliviar el dolor de un pueblo asediado por la pandemia del covid-19. Fallecieron por falta de insumos, medicamen­tos, camas para terapias y, lo más triste, de oxí­geno. El resultado fatal, al 15 de agosto de 2023, cuando Mario Abdo Benítez entregó el poder, fue de 19.880 decesos. Muchos de ellos pudie­ron ser evitados, si no fuera tanta la angurria, la improvisación y la dureza de corazones de quie­nes pensaron exclusivamente en sus bolsillos y no en el sufrimiento de la población. Los escasos hospitales de contingencia solo fueron monta­dos con el propósito de propiciar las fotografías en los medios amigos y así continuar con el des­pilfarro de los recursos del área de la salud.

Este es el personaje y su equipo a los que están defendiendo estas corporaciones. Lo están haciendo ahora ante las irrebatibles pruebas de que utilizaron las instituciones del Estado para filtrar informaciones adulteradas algunas, y confidenciales otras, para tratar de eliminar de la carrera electoral a sus enemigos internos de la Asociación Nacional Republicana. Maniobra infame a la que se prestaron los bien identifi­cados medios de comunicación por una doble y espuria motivación: la primera, para exten­der un manto oscuro de defensa sobre su aliado político y comercial; y la segunda, para obsta­culizar cualquier iniciativa jurídica empren­dida por los líderes del movimiento Honor Colorado en procura de justicia. Hasta preten­den, en un cinismo y descaro sin límites, des­legitimar la mayoría que hoy tiene el Partido Colorado en las cámaras de Diputados y Sena­dores, en alianza con representantes de otros sectores políticos democráticos. Sin embargo, en el pasado reciente celebraban la que fuera construida prioritariamente contra el car­tismo entre los leales a Mario Abdo Benítez y sus satélites del Partido Democrático Progre­sista (PDP), liderados por la ahora exparlamen­taria Desirée Masi. Sinuoso trayecto que hoy continúa con puntillosa fidelidad su marido, el senador Rafael Filizzola. Ahí es cuando la hipocresía exhibe su rostro más despreciable ante una sociedad frente a la cual perdieron todo vestigio de confianza y credibilidad. Y lo hicieron por sus propias acciones, al promover un corporativismo para la impunidad; en otras palabras, para dejar sin castigo al voraz latro­cinio público, el despilfarro en avisaje fiscal y publinotas empalagosas, y la grosera manipu­lación de los organismos del Estado para atacar a sus enemigos políticos. Y a esta campaña se sumaron algunos seudoopositores, evitando el desafuero de quien, alguna vez, más pronto que tarde, deberá enfrentar estos cargos y rendir cuentas ante la Justicia. El pueblo, repetimos, ya lo hizo hace rato.