El pasado viernes 28 de julio, el Gobierno argentino prohibió la navegación de una embarcación con bandera paraguaya por deudas en concepto de peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay. Desde el Centro de Armadores Fluviales del Paraguay (Cafym) confirmaron que se trata de la empresa Hidrovías del Paraguay.
Esta situación ocasionó disgusto para el Gobierno nacional por lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un reclamo a la Administración General de Puertos de la República Argentina, donde solicitaron que las autoridades del vecino país tomen las medidas necesarias para cumplir con el acuerdo internacional de libre navegación.
Al respecto, el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el futuro titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, se reunirán con el gremio de armadores a fin de analizar el conflicto que existe. También fue convocado el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo. El encuentro se llevará a cabo en la residencia de Ramírez Lezcano.
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Juan Carlos Muñoz, presidente de Cafym, dijo a La Nación/Nación Media que la situación avanzó a un punto muy delicado, ya que en la última reunión se había acordado el tema desde un ámbito político, pero hoy las consecuencias son económicas y violan tratados internacionales. “Si hay otras detenciones, primero impactará en la economía porque sería cercenar la libre circulación de bienes y servicios”, precisó.
Cancillería Nacional, por su parte, sostiene que la medida aplicada por Argentina, lejos de generar entendimiento, agrava la diferencia instalada y la afectación ocasionada a los usuarios de la vía navegable con fuertes efectos en la economía y el comercio exterior.
Además, las delegaciones de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay concluyeron en que no se demostró la ejecución efectiva de intervenciones requeridas o servicios efectivamente prestados para la navegación que justifiquen el cobro.