Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitieron un comunicado en el que manifiestan la preocupación respecto al anuncio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de que a causa de la crisis sanitaria y la gran demanda de recursos para hacerle frente a la pandemia, frenará el impulso de nuevas obras de infraestructura, afectando severamente a la industria de la construcción y a sus miles de trabajadores.

Entre algunos de los aspectos que menciona el gremio como factores más preocupantes es que Paraguay es uno de los países con más atraso en la región en materia de infraestructura, lo cual afecta severamente la calidad de vida de la ciudadanía.

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Asimismo, gracias a que la inversión en el sector de la construcción se mantuvo últimamente por encima de los niveles normales, se pudo amortizar la caída del Producto Interno Bruto (PIB), evitando con ello una crisis mayor como la que sí se registró en otros países, alegan.

Ensanchamiento de la ruta Transchaco, una obra que está en plena ejecución con una inversión de US$ 560 millones. Foto: Gentileza.

Sector debe seguir protagonismo

“Desde la Unión Industrial Paraguaya, junto con los más de 300 mil trabajadores del sector de la construcción y decenas de subsectores de la industria, consideramos que el desarrollo de infraestructura pública debe mantener el protagonismo como eje de la reactivación económica”, expresa el comunicado.

Lo mencionado debe ir en concordancia con el plan que el propio Gobierno trazó para la contención de la crisis generada por la pandemia, agregan, al tiempo de exhortar a las autoridades a buscar otras alternativas para obtener los fondos que necesita el Estado para salud, que bien puede ser revisado principalmente lo que respecta al servicio civil y las bonificaciones, que aún en tiempos de pandemia se continúan pagando.

En ese sentido, los representantes industriales recordaron que, con base en la confianza de instituciones financieras respecto al desempeño favorable del sector, los empresarios invirtieron en formación profesional del personal y adquisición de maquinarias, por lo que si se desacelera abruptamente el ritmo de inversión en infraestructura pública, se podría incurrir en serias dificultades en los compromisos de pagos, señala el gremio en el comunicado.

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Esto, sin dejar de mencionar que el Estado actualmente tiene una deuda de 210 millones de dólares con las empresas constructoras. Es así que se vieron en la necesidad de reiterar por esta vía el apoyo a los gremios de la construcción, representados por Cavialpa, Capaco y muchos otros más.

Por último, señalaron que a estas alturas el Gobierno debería comprender mejor que la cuestión no es elegir entre la salud y la economía, sino hacer un uso eficiente de los recursos limitados y que de concretarse el anuncio del MOPC, tendrá consecuencias económicas y laborales difíciles de afrontar en el corto plazo, concluye el documento.

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