Ante la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno ante ciertas estrategias financieras, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), que aglutina a empresas de pequeño, mediano y gran porte del sector comercial, se ve en la necesidad de manifestar su preocupación, mencionaron mediante un comunicado emitido el día de hoy.
Señalaron que si bien instituciones del Estado han iniciado procesos tanto con la banca nacional como privada buscando ofrecer las estrategias, no se corresponden con la realidad mundial que se está viviendo y mencionan cuestiones como las tasas altas y los plazos de pago irreales que no se ajustan a la situación actual.
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El sector, dentro de los cuestionamientos, propuso que el Fondo de Garantía de Paraguay (Fogapy) se utilice para otorgar créditos con base en el 10% de la facturación de empresas de características similares, distribuidas en aquellas que facturen 15.000 hasta 50.000 millones, un préstamo de hasta 3.500 millones; las que facturen 50.001 en adelante, un préstamo de hasta 5.000 millones; conceder una tasa de hasta 4 o 5%; conceder un periodo de 1 año de gracia, sin el pago de interés o capital durante ese periodo. También se pretende establecer el pago del préstamo en un periodo que vaya entre 24 a 60 meses.
Mediante el comunicado explicaron que modelos similares han sido aplicados en otras partes del mundo exitosamente y que no existe inconveniente alguno para que sea replicado en el país.
Desde el gremio comentaron que confían en que se podrá seguir beneficiando principalmente a todas las familias que dependen de nuestras actividades para su subsistencia diaria.
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La Iglesia llama a reforzar la lucha contra la trata y la explotación de menores
La Arquidiócesis de Asunción manifestó su “profunda preocupación” por la persistencia de la trata de personas y la explotación de menores en el país, a través de un comunicado, dado a conocer ayer domingo.
En ese sentido, la Iglesia solicitó fortalecer la prevención, la denuncia y el trabajo conjunto entre familias, instituciones y autoridades para proteger a las víctimas y combatir este “abominable delito”.
El documento califica la trata de personas, la captación, el tráfico y la explotación de niños, niñas y adolescentes, como “una de las realidades más dolorosas y vergonzosas” de la actualidad.
Asimismo, recuerda que este delito atenta contra la dignidad humana, destruye familias y afecta al tejido social, por lo que exige “una respuesta firme, decidida y coordinada” de toda la sociedad.
Mencionó la enseñanza de la Iglesia católica sobre la dignidad de toda persona y condena cualquier forma de explotación o esclavitud, citando al papa Francisco, quien definió a la trata de personas como “una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea”.
La Arquidiócesis también expresó su reconocimiento al Ministerio Público, la Policía Nacional y a las instituciones que trabajan en la prevención, investigación y atención de las víctimas, al tiempo de insistir en que estos delitos deben ser investigados y sancionados conforme a la ley.
Los religiosos hacen un llamado a las familias, instituciones educativas, parroquias, comunidades eclesiales, medios de comunicación y a la ciudadanía a fortalecer la cultura del cuidado, promover el uso responsable de las tecnologías, acompañar de cerca a niños y adolescentes y denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo a los más vulnerables.
“En un contexto, donde las redes sociales y las plataformas digitales pueden ser utilizadas para captar, manipular y engañar a menores de edad, exhortamos a los padres, educadores y responsables de su cuidado a acompañarlos con cercanía, diálogo y prudencia, promoviendo un uso responsable de las nuevas tecnologías y fortaleciendo los vínculos familiares”, señalan.
El comunicado concluye renovando el compromiso de la Iglesia de seguir promoviendo ambientes seguros, la protección de niños, niñas y adolescentes, así como la escucha, el acompañamiento y la reparación integral de las víctimas.
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Estabilidad laboral: abren espacio de diálogo entre empresarios y trabajadores
La estabilidad laboral de los trabajadores con 10 años de antigüedad es un tema que arrastra varias posiciones en el ámbito empresarial. Mientras algunos gremios consideran que el régimen vigente desincentiva la contratación y la permanencia de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sostiene que cualquier eventual reforma debe surgir del consenso entre todos los sectores.
En conversación con La Nación/Nación Media, el director de Trabajo, Jorge Rivas, explicó que la iniciativa de discutir el régimen actual proviene del sector patronal. Sin embargo, aclaró que el rol de la institución es actuar como articulador del diálogo y no tomar partido por una de las posiciones.
“Como autoridad administrativa tenemos que escuchar a todos: trabajadores y empleadores”, afirmó y señaló que la experiencia demuestra que las mesas de diálogo tripartitas han permitido alcanzar acuerdos importantes en materia laboral.
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Actualmente, la legislación establece que, cumplidos 10 años de antigüedad, un trabajador adquiere estabilidad especial. Esto no impide su despido, pero obliga al empleador a justificar judicialmente la causa cuando pretende extinguir la relación laboral.
Además, entre los 9 años y seis meses y los 10 años rige el denominado “período de sospecha”, en el que la ley presume que un despido sin causa podría buscar evitar que el trabajador alcance esa estabilidad.
Rivas también se refirió a una práctica conocida como la “compra de antigüedad”, mediante la cual algunos trabajadores son despedidos antes de cumplir los diez años y luego reincorporados.
Explicó que, si se comprueba que existió una simulación para eludir la estabilidad laboral, el caso puede derivar en investigaciones administrativas e incluso en acciones judiciales por fraude laboral.
El funcionario añadió que hoy los principales conflictos laborales que llegan a la institución siguen vinculados a la terminación de la relación laboral, especialmente por diferencias entre trabajadores y empleadores sobre si el despido fue con o sin causa, aspecto que define el pago de indemnizaciones y otros beneficios.
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Ministro descarta pago “en un solo ejercicio” de la deuda histórica del Estado con el IPS
“En este momento no es una opción“, manifestó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, al ser consultado sobre la posibilidad de que el gobierno del mandatario Santiago Peña concrete el pago de la deuda histórica que mantiene el Estado con el Instituto de Previsión Social (IPS).
“Estamos hablando de más de 70 años de deuda y entendemos nosotros que no se encuentran dadas las condiciones para que actualmente cerremos esa deuda en un solo ejercicio”, afirmó Lovera, este martes, tras acudir a una reunión conjunta entre las comisiones de Presupuesto y Salud de la Cámara Alta.
A la vez, el titular del MEF sostuvo que actualmente el Poder Ejecutivo no se encuentra evaluando la posibilidad de emitir bonos para zanjar una parte de la deuda de la previsional equivalente a USD 800 millones, tal como se plantea desde el Senado.
El alto funcionario de Estado habló en torno a mecanismos de reingeniería financiera y refinanciación de deudas con bancos para priorizar compras de medicamentos e insumos. “Estamos acompañando el trabajo del IPS que esta haciendo un proceso de reordenamiento para identificar las prioridades . Esa propuesta que pasa por una iniciativa impulsada desde el Congreso Nacional actualmente no es considerada“, indicó a los medios de comunicación.
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Semanas atrás, el senador colorado Juan Afara presentó el proyecto que declara en emergencia al Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS e incorpora mecanismos de financiamiento específicos, entre ellos, la emisión de bonos, empréstitos con organismos multilaterales y otros instrumentos financieros con el propósito exclusivo de adquirir medicamentos, insumos médicos, equipamientos y contratación de personal, sin usarse para el pago de deudas.
La propuesta plantea que el Estado honre su aporte pendiente al sistema de salud, equivalente al 39 % de los recursos, unos USD 304 millones. El proyecto de ley propone obtener esos fondos mediante emisión de bonos u otros mecanismos gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Estamos trabajando con el Consejo de Administración del IPS a través de la presidencia del doctor Isaías Fretes para ver un diagnostico y un cierre de las necesidades de la previsional para poder acompañar ese proceso de gestión que actualmente él está llevando adelante”, puntualizó.
Al ser consultado por la emisión de bonos para la construcción de rutas, Lovera comentó que “estamos priorizando una visión de desarrollo en este momento”.
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Paraguay avanza en su acercamiento a la OCDE con una evaluación sobre integridad pública
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, participó la mañana de este lunes en el lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizado por la Contraloría General de la República en sede de la Cancillería Nacional.
Durante el acto, el canciller destacó que esta iniciativa representa mucho más que un ejercicio técnico, ya que constituye una oportunidad para que el Paraguay evalúe su sistema de integridad pública conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. Señaló que este proceso contribuirá a fortalecer las instituciones, perfeccionar las políticas públicas y consolidar una cultura de integridad en toda la administración pública.
Asimismo, subrayó que la realización del estudio coincide con el proceso de modernización institucional que impulsa el país, acompañado de reformas orientadas a fortalecer el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. “Las recomendaciones que surjan de este proceso constituirán una valiosa hoja de ruta para seguir consolidando un Estado más íntegro, eficaz y cercano a la ciudadanía”, refirió.
El ministro recordó además que esta iniciativa se enmarca en la política de Estado que busca profundizar la relación del Paraguay con la OCDE e incorporar las mejores prácticas internacionales para fortalecer la calidad de las instituciones y generar mayores oportunidades para el desarrollo del país.
Indicó que, desde su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2017, Paraguay ha fortalecido progresivamente este vínculo mediante la adopción de instrumentos internacionales, la participación activa en diversos órganos de trabajo y, más recientemente, la implementación del Programa País.
El canciller expresó su reconocimiento a la OCDE por el acompañamiento permanente brindado al Paraguay y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su apoyo para la realización del estudio.
Asimismo, destacó el liderazgo de la Contraloría General de la República como punto focal de esta iniciativa, que marca un hito en el fortalecimiento de la integridad pública al someter el sistema nacional a una evaluación conforme a altos estándares internacionales y basada en evidencia.
Durante esta semana, especialistas de la OCDE desarrollarán una intensa agenda de trabajo con instituciones públicas, organismos de control y representantes de distintos sectores de la sociedad paraguaya. Este proceso permitirá elaborar un diagnóstico basado en evidencia sobre el sistema nacional de integridad y formular recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y desafíos del país.
Del acto participaron el contralor general de la República, Camilo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez; así como otras autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.
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