“No estoy exagerando cuando digo que muchos de los presos políticos están enfrentando una situación de vida o muerte”, afirmó el pasado viernes la activista Bianca Jagger en la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde 27 países pidieron la liberación de los detenidos.
“Yo acuso al dictador Daniel Ortega y a su cómplice Rosario Murillo por las condiciones inhumanas en las que se encuentran las presas y presos políticos. Sus vidas corren serio peligro”, añadió la defensora de derechos humanos refiriéndose a la vicepresidenta y esposa del mandatario nicaragüense.
Lo hizo durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, en la que 27 Estados reiteraron “que todos los presos políticos de Nicaragua deben ser liberados inmediatamente”, días después de la muerte en la cárcel de Hugo Torres, uno de los opositores a Ortega.
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En Nicaragua “se ignoran, erosionan o se violan los derechos políticos, civiles y humanos”, afirma el texto apoyado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y las Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó tras la salida del bloque del gobierno de Nicolás Maduro en 2019).
Además de Nicaragua, se abstuvieron de apoyarlo México, Honduras, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Cuba, que es miembro de la organización pero no participa en ella.
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Torres, un exguerrillero que fue compañero de armas de Ortega contra la dictadura de Anastasio Somoza en los años 70, formaba parte de los 46 opositores detenidos en Nicaragua, incluidos siete que aspiraban a la presidencia en las últimas elecciones.
Al menos 18 ya fueron declarados culpables y siete fueron sentenciados a entre ocho y 13 años de prisión. A este grupo se agregan otros 124 opositores detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2018.
“Ni un dibujo”
Entre los aspirantes presidenciales detenidos figura Félix Maradiaga, el marido de Berta Valle, que también tomó la palabra ante la OEA. “Hoy mi esposo cumple 255 días desde que fue arbitrariamente detenido”, dijo con la voz entrecortada por la emoción. “Ha estado desaparecido e incomunicado por periodos prolongados” y “no se me ha permitido ningún tipo de contacto con él, ni una llamada telefónica, ni una carta, ni un dibujo de nuestra hija de 8 años”.
El relator para las personas privadas de libertad en la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) Edgar Stuardo Ralón dio cuenta de reportes escalofriantes sobre lo que sucede en las cárceles, sobre todo en la de El Chipote.
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Hay detenidos en condiciones deplorables como “tratos crueles, inhumanos, insalubridad en celdas, restricciones para recibir visitas, falta de acceso de agua y alimentación”, enumeró. La CIDH tiene constancia -denunció- de que en las últimas semanas estas condiciones “se han deteriorado gravemente” en cuanto a la salud, sobre todo de las personas mayores y las mujeres.
Desde el 1 de febrero “las audiencias se realizan prácticamente en secreto” en El Chipote “y las personas acusadas han sido presentadas a juicio sin previo aviso y sin tener contacto con su defensor para después ser condenadas bajo penas desproporcionadas”.
Sandino “estaría preso”
Un deterioro en el que incidió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “en particular en lo referente al respeto por el debido proceso y las garantías judiciales, temas institucionales, como la separación de los poderes del Estado y los temas de derechos humanos”.
“Si no existe la compasión para quien ha sido compañero de lucha, de trabajo y de revolución ya no puede esperarse democracia en el respeto a los derechos humanos”, dijo, insistiendo en que “no hay un lugar en la mesa del Consejo Permanente para una dictadura”.
El embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo Mcfields, recalcó que la “soberanía y validación no provienen de esta organización agonizante y vergonzosa”, de la que Nicaragua pidió salirse en noviembre pasado. “Somos la patria soberana de Augusto César Sandino (un revolucionario) y del (general) Benjamín Zeledón”.
Si Sandino estuviera vivo “estaría preso”, replicó Almagro, quien lamentó que Managua optase “por la negativa o el silencio” a las gestiones de la OEA en busca de un diálogo.
Muerte de exguerrillero
La salud de decenas de presos políticos en Nicaragua y sus pésimas condiciones de detención preocupan cada vez más a la comunidad internacional, indignada tras la reciente muerte de uno de ellos, el exguerrillero Hugo Torres.
Torres, un exguerrillero de 73 años que fue compañero de armas del presidente Daniel Ortega contra la dictadura de Somoza en los años ‘70 y arriesgó su vida para sacarlo de la cárcel, aunque luego se enemistaron, falleció el sábado tras ocho meses en prisión.
Familiares y defensores de los derechos humanos denuncian un deterioro en la salud de los presos, que padecen pérdida extrema de peso y de piezas dentales, desnutrición, problemas de memoria, de movilidad y desmayos, entre otros.
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“Nuestros presos políticos están en riesgo de muerte”, según un comunicado de los familiares leído por César Dubois, en conferencia de prensa virtual. Lanzaron un S.O.S para su liberación, tras “los recientes sucesos trágicos” de la muerte de Torres. “Hay angustia e incertidumbre (...) no sabemos si en algún momento nos van a entregar a nuestro familiar en un ataúd”, dijo Ana Álvarez, pariente de Ana Margarita Vigil, ya condenada a 10 años de cárcel.
Un total de 46 detenidos, incluidos siete que aspiraban a la presidencia de Nicaragua en las últimas elecciones, fueron acusados de menoscabar la integridad nacional. Al menos 18 ya fueron declarados culpables y siete fueron sentenciados a entre ocho y 13 años de prisión. A este grupo se agregan otros 124 opositores detenidos durante las protestas en 2018 que pedían la renuncia de Ortega, en las que murieron 355 personas a raíz de la represión y más de 100.000 se exiliaron, según la CIDH.
“Condiciones inhumanas”
“La muerte del pp [preso político] Hugo Torres, 73, ocurrió durante su injusta y abusiva encarcelación por Ortega-Murillo”, dijo el jefe del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, en Twitter. “Seguir deteniendo a los presos bajo estas condiciones -especialmente a los mayores- es inadmisible. Urgimos su liberación inmediata”.
El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, expresó “preocupación” por la salud de los detenidos y en un comunicado urgió a Nicaragua a dar garantías de atención humanitaria, así como a permitir la visita de representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
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En tanto, el canciller de Perú, César Landa, aseguró en su cuenta de Twitter que Torres falleció tras su “encarcelamiento arbitrario” y señaló que su país continuará trabajando para “el retorno de la democracia y el respeto de los derechos humanos” en Nicaragua.
Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), Torres fue encarcelado “en condiciones inhumanas y sometido a un proceso penal sin garantías”. “La Unión Europea pide una investigación rápida e independiente” de la muerte de Torres, dijo en un tuit el portavoz del servicio exterior, Peter Stano.
“Riesgo de salud y vida”
La Organización de Estados Americanos (OEA), en tanto, consideró “abominable” que haya presos con enfermedades terminales sin la asistencia médica necesaria. La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Antonia Urrejola destacó en sus redes sociales que Torres murió “preso y criminalizado arbitrariamente” e hizo un llamado sobre “la urgente situación” de los detenidos en Nicaragua. “Muchos corren grave riesgo de salud y vida”, advirtió.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con sede en Costa Rica exigió la “liberación sin condiciones” de todos los presos en una declaración entregada a la AFP. Lo ocurrido a Torres “no debe quedar en la impunidad”.
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El Cejil recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó la liberación inmediata de Torres y de todas las personas presas en repetidas ocasiones, pero “el Estado nicaragüense ha hecho caso omiso, entrando en desacato”. El organismo reiteró su llamado a la comunidad internacional a que continúe “monitoreando la crisis” en Nicaragua y pidió protección y garantía de los derechos humanos de sus ciudadanos.
La fiscalía nicaragüense no precisó la causa de la muerte de Torres, y dijo que “desde el momento que presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un hospital de la capital para ser atendido de manera adecuada”. Pero la exguerrillera Mónica Baltodano, en el exilio, aseguró que Torres fue llevado el 17 de diciembre al hospital en estado ya inconsciente.
“Sus compañeros tuvieron que auxiliarlo varias veces, porque por el grado de inflamación de sus piernas casi no podía moverse por sí mismo (...) Ese día, Hugo sufrió un largo desmayo”, dijo Baltodano.
Fuente: AFP.