González incluso recordó que la petición ya había sido rea­lizada por el titular de la pre­visional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la audi­toría guarda relación con el contrato de fideicomiso fir­mado entre el IPS y el banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millo­nes.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dilapidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusi­vamente para obras: termi­nación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hos­pital Hemato-Oncológico. Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejem­plo, el pago de salarios.

“Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Minis­terio Público. En la Contralo­ría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría”, dijo a la 1080 AM.

Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hos­pitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso.

Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe finan­ciero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos res­puestas”. Asimismo, Gonzá­lez comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubilados y las inversiones finan­cieras realizadas por la previ­sional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contra­lor Camilo Benítez la fisca­lización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, detalló que se solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que la auditoría integral de sus inversiones y obras abarque desde el 2013. El inicio del proceso de fiscalización se encuentra previsto para este 2025.

González incluso recordó que la petición ya había sido realizada por el titular de la previsional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la auditoría guarda relación con el contrato de fideicomiso firmado entre el IPS y el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millones.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dila­pidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusivamente para obras: terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico.

Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejemplo, el pago de salarios. "Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Ministerio Público. En la Contraloría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría“, dijo a la 1080 AM.

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Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hospitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso. Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe financiero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos respuestas”.

Asimismo, González comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubila­dos y las inversiones finan­cieras realizadas por la pre­visional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contralor, Camilo Benítez, la fiscalización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

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El abogado penalista Ricardo Preda ratificó que la carta del gobierno de Seychelles que expuso Mario Abdo Benítez en redes sociales carece de valor absolutorio y que no fue obtenida por los canales oficiales de una investigación formal, considerando que el sistema bancario de la isla africana no permite el acceso a información privada. El exmandatario busca desmentir que sea titular de cuentas bancarias que ocultarían USD 21 millones, un hecho que nunca le atribuyó la investigación de la prensa argentina, señalando una ruta del dinero creada con empresas ficticias de Hong Kong y Dubái para distanciar responsabilidades de sus presuntos beneficiarios.

“Así como una publicación periodística no es de por sí condenatoria, este documento que aparece no es absolutorio. Acá hay mucha investigación que hacer aún. La carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a través de las reglas de cooperación internacional", comentó Preda a través de una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

Tras el exitoso inicio del Primer Foro Republicano del Sector Eléctrico “Enzo Debernardi”, desde el Partido Colorado se pondrá próximamente en debate la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú, donde se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.

“La jornada de ayer marcó el inicio y la constitución del foro energético que tiene carácter consultivo permanente. Se tiene previsto realizar otras actividades, como hablar sobre estratégicos como la revisión del Anexo C de Itaipú, que requiere de una consideración”, afirmó el ingeniero Víctor Villasboa, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas Sumar, agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Concepción detuvieron a la altura del km 13 de la ruta PY02 un camión de la marca Mercedes Benz, proveniente de Pedro Juan Caballero con destino a Concepción. El vehículo fue inspeccionado y en su interior fueron hallados varios paquetes de cocaína.

El vehículo y el conductor fueron trasladados hasta la base del Departamento de Investigación de Hechos Punibles para su inspección con personal del Departamento de Antinarcóticos. Tras desmontar por completo cuatro planchas metálicas puestas como un doble fondo, los intervinientes incautaron 273 paquetes de cocaína, totalizando 285,2 kilogramos de la droga.

Por primera vez un equipo paraguayo figura en la categoría de “Mejor partner de América Latina” de los premios Odoo Awards 2025 en Bélgica. Se trata de un galardón que valora el impacto que genera la transformación digital, la automatización y la eficiencia de empresas en diversas industrias.

De esta manera, Paraguay tendrá representación oficial por primera vez en uno de los eventos de innovación más importantes del mundo tras la nominación de los compatriotas José Candia, Gabriel Cáceres y Lucas Candia.

Luego de unos meses de espera y tras lo hecho en la fase de grupos donde terminó segundo en el grupo G detrás del Palmeiras, Cerro Porteño encara este miércoles el partido de ida en condición de local ante Estudiantes de La Plata, ganador del grupo A. La Nueva Olla será un hervidero de pasión así como están las cosas, al menos eso lo deja a entrever el reporte de ventas de entradas.

Este inicio de las rondas deci­sivas lo sorprende en un gran momento al “Ciclón” de Diego Martínez, puntero del torneo Clausura y con una racha de triunfos importantes que invitan a soñar en otra buena presentación ante el cuadro argentino.

El Ministerio del Trabajo no recibió ninguna solicitud de suspensión laboral por parte de la cadena de minimercado Biggie, por lo tanto, los trabajadores deben cobrar sus salarios completos y no pueden ser despedidos, informaron las autoridades.

La ministra Mónica Recalde explicó que la cartera a su cargo no aplicó ni autorizó ninguna medida de suspensión de actividad laboral, por lo que eso no puede estar ocurriendo. “No pueden descontar el salario, tienen que pagar la jornada completa, no pueden suspender temporalmente a sus trabajadores, salvo que exista una resolución de la autoridad administrativa que lo habilite, por lo tanto, si no tenemos comunicación, para nosotros hay regularidad”, confirmó.

El interventor de Ciu­dad del Este, Ramón Ramírez, ratificó que las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República, que derivaron la intervención municipal a la comuna esteña, tienen sus­tento absoluto, en declaracio­nes que formuló a Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que su equipo tra­baja en la verificación de las 12 causales expuestas y que emitirán un pronun­ciamiento sobre cada una de ellas, respaldado por los elementos recolecta­dos durante el proceso. Asi­mismo, Ramírez explicó que se van a agregar hechos nuevos a los causales que generaron la intervención. “Ya se están incorporando todos los demás elementos. Por ejemplo, este que dimos a conocer (sobre la caja para­lela). Eso es nuevo y lo rela­cionado a las transferencias para del Consejo de Salud”, recalcó el interventor.

Fue consultado además sobre si considera que en base a los trabajos realizados durante la intervención ameritaría que el informe final sea remi­tido al Ministerio Público, Ramírez fue contundente al señalar que se expusieron irregularidades notorias que ameritan que intervengan los órganos correspondientes, como la Fiscalía.

La intervención al municipio esteño comenzó el 22 de junio y debería concluir el próximo 21 de agosto, atendiendo a que el plazo es de 60 días corri­dos, no prorrogables. “Esta­mos dentro del cronograma y estamos comprometidos en cumplir el plazo”, agregó.

Finalmente, expuso que su equipo y él están abocados a acabar el informe que con­tendrá el documento que se elevará primero al Ministerio del Interior (del Poder Ejecu­tivo) y desde allí remitido al Poder Legislativo, específi­camente la Cámara de Dipu­tados que deberá definir si destituyen o no al intendente Miguel Prieto.

Si los legisladores de la Cámara Baja votan por la destitución, la Justicia Elec­toral deberá convocar a elec­ciones (internas y municipa­les) para elegir al sucesor del actual intendente.

“No existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto, lo que sí existe es un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto cómo una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pan­demia. Este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patri­monial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este”.

“Para algunos colegas, ha sido un vyrorei que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor. Cuando se trata del chancho del propio chiquero, enton­ces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni ‘popinda’, ‘solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchive’, expresó. Lamento que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco”.

“Lo que estamos viendo es un auténtico robo desca­rado, que hoy en un afán de querer montar una cor­tina de humo, trata de confundir a la ciudadanía en relación a la denuncia que él hizo (sobre nepotismo). Acá lo irónico es que el propio Prieto defendió públicamente llamando a su prima inco­rruptible, la última reserva moral de la familia. Si en dos días se desviaron G. 75.000 millones, quiero ver todo lo que habrá sido estos años”.

“Prieto es un ladrón en pandemia y fuera de la pan­demia. Es un caso que yo ya estuve denunciando desde hace cinco años, de que además de existir una caja paralela también existen hechos de nepotismo, que el propio Miguel Prieto reveló en una entrevista”.

“Prieto ocultó el robo de más de G. 800 millones de recursos municipales para proteger a sus secuaces. Si bien, realizó una escueta denuncia penal de urgencia ya a sabiendas que se venía negra la morci­lla de la intervención, ocultó el escandaloso robo a la ciudada­nía, que ocurría en sus narices y bajo la dirección de la impoluta y única capaz de luchar contra la corrupción, Meribeb Alonzo Vallejos (prima). La denuncia fue contra personas innomina­das, jamás nombró o acusó a los verdaderos y sabidos responsa­bles. Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo, hecho que admitió el apartado jefe comunal”.