Un grupo de gremios y asociaciones de los distintos sectores de la producción, la industria, el comercio y los servicios emitió un comunicado para transmitir a las autoridades y a la ciudadanía el rechazo contundente al proyecto de ley “Que amplía el artículo 142 de invasión de inmueble ajeno del Código Penal modificado por Ley 3.440/2008”.

El mismo fue presentado por el senador Pedro Santacruz y los distintos grupos empresariales consideran que de aprobarse dicha propuesta, se estaría violando abiertamente los principios y normas que sustentan la República.

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“Los paraguayos que generamos empleo y aportamos para el desarrollo económico y social deseamos trabajar con seguridad y garantías, y no ser perturbados por ambiciones sectoriales o radicales que pretenden sustituir el Estado de derecho por la anarquía”, expresa el documento.

Descabellada iniciativa

Al efecto, recalcan que la propiedad está protegida por la Constitución Nacional, por lo que tildan de “descabellada” la iniciativa parlamentaria que no solo es inadmisible por su clara improcedencia, sino también es de tinte populista, sostienen.

Uno de los parlamentarios que defienden el proyecto que busca legalizar las invasiones es el senador Pedro Santacruz, quien argumentó que la iniciativa busca evitar que la Fiscalía y la Policía “negocien” con los desalojos. “Atenta contra los derechos y garantías establecidos en el orden constitucional, pretendiendo otorgar legalidad a hechos ilícitos y punibles como ocupaciones o invasiones de propiedades”, agrega el comunicado.

En ese sentido, los gremios alegan que la gobernabilidad y estabilidad política del sistema democrático resultan del respeto a las normas, por lo cual alientan a los poderes del Estado a seguir cumpliendo y respetando el mandato legal de inviolabilidad de toda propiedad. Advierten a la vez que la violación de los derechos establecidos en los principios democráticos, plasmados en la Constitución Nacional, significará el debilitamiento de la inversión, que constituye el sostén de la economía nacional.

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Es así que sin seguridad jurídica no habrá inversión, y sin inversión no habrá empleo formal ni ingresos dignos para los paraguayos, por lo que condenan iniciativas como la entablada, ya que abiertamente incitan a la ruptura de las garantías del Estado de derecho, sostienen. Dicha propuesta solo debilitaría los principios y garantías constitucionales, promoviendo la destrucción del empleo formal y de toda la producción nacional, sentencian.

Por consiguiente, solicitan a los tres poderes del Estado respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República del Paraguay, y que la decisión será vital para superar con éxito la crisis afrontada actualmente en materia sanitaria, económica y social. Suscriben el comunicado la UIP, ARP, Feprinco, Capeco, UGP, Fecoprod y la CNCSP.

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